Gualeguaychú: desde el Hospital Centenario cuestionaron la Cobertura Universal de Salud

Este fin de semana, la institución sanitaria emitió un informe en que indica que la CUS, impulsada por el Gobierno nacional y a la que Entre Ríos ya adhirió, mercantiliza la salud, profundiza la brecha entre ricos y pobres, y recorta derechos.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú difundió el fin de semana pasado un informe donde critica con dureza a la Cobertura Universal de Salud (CUS), el programa que creó el Poder Ejecutivo Nacional en agosto pasado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Actualmente, la CUS es una prueba piloto que se implementa desde el Estado Nacional en la ciudad mendocina de Guaymallén y la intensión es extenderla a todo el país.

Sin embargo, y aunque Entre Ríos ya adhirió a la propuesta, el Hospital Centenario de Gualeguaychú emitió un duro informe donde deja sentado de manera explícita su posición desfavorable con respecto a la implementación de este nuevo programa.

Aunque en el Decreto se afirma que la implementación de la CUS es “promover la atención sanitaria integral a fin de garantizar el acceso de toda la población, afianzando los principios de equidad y solidaridad que inspiraron su creación”, para la institución local “la meta es mercantilizar la atención de la salud restando derechos explicitados en la Constitución Nacional y dando un viraje a la salud pública tal como se la considera en la actualidad”.

Desde el Centenario informan que el único objetivo del programa es beneficiar a las obras sociales, prepagas y sanatorios privados que conviven con los efectores públicos: “Con la lógica de la oferta y la demanda, se convierte a los pacientes en clientes, donde aquel que pueda afrontar el mayor gasto, será el que reciba la mejor atención. Básicamente, la CUS es un seguro donde el Estado paga mensualmente por cada enfermo y lo que no se incluya en ese seguro tendrá que afrontarlo el paciente”, denuncia en el informe.

El Hospital Centenario denuncia que cuando se reforme el sistema existirá una Canasta Básica de Servicios, y no todas las enfermedades estarán aseguradas. De hecho sólo serán tratadas las más recurrentes, por lo que se asistirá a la concreción de una cobertura mínima de salud, y para los que padezcan enfermedades complejas o poco frecuentes deberán afrontar los gastos y así solo tendrán acceso total al tratamiento quiénes puedan pagarlo.

Según este punto de vista, el CUS iría en contra de uno de los pilares de la Constitución Nacional, cuando garantiza como un derecho a todos los ciudadanos “la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, palabras que constituyeron que en Argentina sea un derecho formal, universal y gratuito el acceso a la salud.

“En el marco de la CUS, el Estado se retira del rol de proveedor del servicio de salud y se reconvierte en un dinamizador para incentivar su mercantilización, administración y financiación con la consecuente separación entre el proveedor y comprador, entre sanatorios-enfermos”, reafirma el informe y agrega: “Hay una ruptura, la relación entre el médico y su paciente es tan sólo económica y cada vez menos humana. Incluso se fomenta una competencia entre hospitales públicos con clínicas privadas, con el resultado del desvío de fondos estatales hacia la medicina privada”.

Sistemas parecidos al que el Gobierno Nacional quiere llevar adelante se implementan en países como Chile, México y Colombia, aunque el Gobierno Nacional aduce que aquí tendrá lineamientos diferenciales.

Las consecuencias del CUS, según el Centenario

-Para el sistema de salud se prioriza un modelo curativo que relega la promoción y prevención en salud, obligaciones indelegables del Estado. Distorsiona la atención primaria que pasa a funcionar como si fuese una obra social para pobres.

-Se desbalancea uno de los roles rectores del Estado, que es la generación y establecimiento de políticas sanitarias unificadas para toda la población. Se corre el eje de la prevención y formación académica; de la garantía de la atención primaria gratuita con el equipamiento y los recursos profesionales de acceso universal.

-Habilita a obras sociales y agentes de seguro a gestionar servicios para los usuarios de la CUS, es decir, que se privatiza solapadamente la salud donde el sector público transfiere recursos a los efectores privados.

-Los pacientes para contar con la CUS deberán contar con una tarjeta para documentar su condición de beneficiarios, aunque desde algunos sectores se cuestiona que así se los estigmatiza, y dispondrán de una canasta reducida de prestaciones teniendo que hacerse cargo del resto como puedan o pagando por la atención de su salud.

-Se incrementará la brecha entre los más ricos y los más pobres.

-La financiación del primer nivel de atención pasa a ser casi inexistente volcando una enorme cantidad de dinero hacia la enfermedad usando medicamentos o vacunas.

-Para los trabajadores y profesionales del ámbito de la salud es probable, por experiencias en otros países de Latinoamérica, que se reduzcan los planteles de los establecimientos con formas precarizadas de empleo y tenderán a desmejorar sus condiciones laborales.

Fuente: El Dia