Cuando se enseña y se aprende entre escuelas fumigadas

El fallo por la fumigación a una Escuela de la Colonia Santa Anita marcó un precedente en la erradicación del uso de agroquímicos, en una provincia donde el 80% de las escuelas rurales son fumigadas entre cuatro y ocho veces por año.

Mariela Leiva recuerda que vio el avión por la ventana de la escuela y se le tensó el cuello. Estaba nerviosa pero siguió escribiendo en el pizarrón. A los pocos minutos sintió que le picaban la garganta y los ojos. Cerró las persianas y les dijo a los chicos que se quedaran en el aula, que ella iba a salir a mirar algo afuera. Con su teléfono grabó el vuelo del ruidoso aparato que le pasaba muy cerca. Cuando volvió al aula los chicos le decían que tenían dolor de estómago. Una de las nenas comenzó a vomitar. Por su parte, Marta Vergniaud es docente en una escuela de Santa Ana, a 23 kilómetros de Chajarí, en el departamento Federación. Ella denunció que un mosquito, esos tractores con alas de riego, tiraban el veneno cerca de donde jugaban los chicos.

En un encuentro al que las invitaron a Buenos Aires les hicieron un estudio de sangre a 20 maestras que trabajan en zonas rurales y habían tenido contacto con agrotóxicos. A 19 de ellas les aparecieron rastros de insecticidas. En el estudio que entregó Vergniaud hay registros de Clorpirifos y Diazenon, dos venenos utilizados en la agricultura industrial.

Mariela dice que esa mañana de diciembre de hace tres años no se la olvida más y que por eso, cuando escuchó la decisión de los jueces, se le hizo un nudo en la garganta. En un fallo inédito e histórico, la semana pasada un tribunal de Concepción de Uruguay condenó a los tres imputados por la fumigación de agrotóxicos sobre la escuela rural Nª 44 de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, donde estaban Mariela y sus cinco estudiantes. “Celebramos el fallo no por la dureza de las penas sino por lo que significa hacia adelante. Yo hubiese preferido que les dieran el máximo para estos casos, que es de tres años. Pero igual representa un tremendo antecedente jurídico para otros casos de contaminación, explica la educadora.

Los condenados fueron el titular de la empresa fumigadora, el dueño del campo y el piloto de la aeronave. Se los encontró culpables de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” por haber pulverizado agroquímicos en los alrededores la escuela sin aviso, en horario de clases y sin cumplir con los cuidados que exige la ley. Aunque es una pena en suspenso, de un año y tres meses, el fallo sienta precedentes para esta problemática, que afecta a extensas zonas donde la producción agrícola no tiene controles. Este juicio es el primero que se hace en Entre Ríos por la fumigación de una escuela. La causa se inició a partir de la denuncia de Leiva. El reclamo fue acompañado por la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Los condenados fueron Bernardo Rodríguez, titular de la empresa, José Mario Honecker, dueño del campo, y el piloto César Martín Visconti.

“El fallo es importante, de eso no hay dudas, pero sólo con el fallo no alcanza. No es que mañana se va a dejar de fumigar por la decisión de un Tribunal en Concepción del Uruguay. Pero es un caso testigo de lo que puede suceder cuando se comprometen los docentes, los padres, los médicos, los abogados, el fiscal. Las pruebas se tomaron rápido, no se permitieron que se perdieran en el camino, como sucede en muchos de los casos de intoxicación por agrotóxicos”, detalla Mario Arcusín, el abogado que acompañó a Mariela en su denuncia.

La fiscalía pidió que les hicieran análisis de sangre de los afectados y muestras de agua y suelo en la escuela. Allí se registró el alto nivel de toxicidad que había en los pastizales de la escuela, pero nunca se pagaron los estudios a los chicos y a las docentes porque había que hacerlos en un laboratorio de La Plata y costaba cerca de 6 mil pesos cada uno. También se allanaron los depósitos de la empresa de aplicaciones aéreas y se constató que no tenían habilitación ni permiso para fumigar en Entre Ríos. La resolución del caso protagonizado por Mariela Leiva parece una excepción.  La denuncia de Vergniaud, por ejemplo, sobre la escuela de Santa Ana fue archivada. Pero ella igual siguió adelante junto a otras maestras que siguen estos casos en toda la provincia. “Sentí mucha impotencia cuando cerraron mi causa. El fallo de la semana pasada nos devuelve un poco la esperanza. Es una lucha muy solitaria, pero la llevamos adelante por los chicos. Solo pensar que ellos se envenenen me duele en el alma. Hay que seguir con la pelea”, dice.

“Lo que sucedió con este caso nos enseña el camino que tienen que tomar las víctimas. Para que haya más fallos así hay que estar muy encima porque hay muchos intereses económicos detrás. Acá el sector agropecuario ejerció muchas presiones”, alerta Arcusín.

El abogado se refiere a los enormes condicionamientos que sufrieron los jueces. La Mesa de Enlace local sacó un comunicado en el que llamaba “a la reflexión” a los integrantes del tribunal porque la sentencia podía perjudicar al agro. El mismo discurso tuvo el abogado defensor durante el proceso.

Los denunciantes también recibieron presiones de todo tipo. A Mariela la amenazaron por teléfono a su celular diciéndole que si no se callaba la boca la iba a pasar mal. Para ella lo más duro fue que uno de los padres de los chicos afectados declararan a favor de la empresa, a pesar de que lo sucedido con los alumnos estaba probado por los médicos y los peritos y que los menores lo habían confirmado en una cámara Gesell. “Fue fuerte. Nos dolió mucho. Desacreditaban nuestra versión. Sé que eran conocidos del dueño del campo, pero del otro lado estaba su hijo”, relata Mariela, quien se enteró en el juicio que los padres serían citados por la defensa.

Gualeguaychú: denunciaron la fumigación de la escuela rural Nº66

El jueves al mediodía, estudiantes y docentes de la Escuela rural Nº 66 “Bartolito Mitre”, ubicada en Costa Uruguay Sur, del departamento Gualeguaychú, debieron encerrarse en el edificio, invadidos por un olor penetrante. Martín Márquez, quien está al frente del establecimiento realizó la denuncia en los Tribunales de Gualeguaychú. “Nosotros al olor lo conocemos, era glifosato”, aseguran desde la Escuela donde hace cinco años su directora, Estela Lemes, debió ser internada tras sufrir una fumigación directa.

“Con todo lo que pasó en esta escuela, ante el menor indicio de que estén fumigando cerca nos desesperamos y tratamos de hacer algo”, explicó Martín Márquez. Es que desde septiembre de 2012, la directora de la Escuela Nº 66 Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, Estela Lemes, convive con veneno en su cuerpo, producto de una fumigación ilegal. Con problemas neurológicos, insecticida y glifosato en su organismo, la docente permanece bajo observación y atención médica hasta el día de hoy. Después de varios estudios, le informaron que tenía 1.8 de glifosato en el cuerpo.

Dar clases en escuelas fumigadas

Además de los casos de Santa Anita, Costa Uruguay Sur y Santa Ana, hay casos de malformaciones en Rosario del Tala y Basavilbaso, donde vive Fabián Tomasi, una historia atravesada por las fumigaciones en Entre Ríos.  

San Salvador, según un relevamiento provincial realizado por la propia comunidad educativa, es el principal afectado por los agroquímicos en la provincia, aunque Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Federación, Victoria, Diamante y Concordia también aparecen entre los departamentos con mayores problemas por las fumigaciones.

El uso ilegal

El endosulfan, uno de los químicos que manipulaba Tomasi en la empresa Molina, es un insecticida prohibido por 80 países por las consecuencias irreparables a la salud humana que van desde las deformidades congénitas y la parálisis cerebral al cáncer. Su resistencia combate cualquier tipo de plagas agrícolas.

El herbicida más usado, con base en glifosato, por la empresa de la zona fue el Roundup, nombre en el mercado del producto comercializado por Monsanto, quien hace décadas se viene beneficiando con la fabricación de la soja modificada genéticamente. La manipulación de Roundup elimina cualquier clase de vegetación y permite fumigar en simultáneo con el crecimiento del cultivo. El mayor beneficiado con la elaboración de este agroquímico, el glifosato, lo tuvo históricamente Monsanto, que desde los años 70 es su principal comercializador.

El 2,4-D, otro los productos utilizados habitualmente, es un herbicida, que no está permitido en Entre Ríos, y que fue diseñado por Gran Bretaña como arma química para la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, por otro lado, también los usaba para neutralizar a sus enemigos en la Guerra de Vietnam.

El clorpirifos, insecticida que también conoció Tomasi en su trabajo como fumigador, fue ideado por científicos alemanes convocados en 1925 por Bayer o BASF y que tuvo como antecedente, según la investigación de Eleisegui, al “nazismo que produjo gases neurotóxicos para el Tercer Reich”.

El debate es profundo y estructural. Los ejemplos como Fabián de las violaciones a los derechos humanos y del daño sistemático empleado por productos, algunos de ellos prohibidos para su aplicación, más las denuncias reiteradas en establecimientos educativos por pulverizaciones que exponen a severos problemas de salud a educadores, estudiantes y comunidad en general, y sobre todo la discusión de una agroecología sustentable, del avance del monocultivo y de la concentración de la tierra, marcan una agenda pública que aún espera el diseño de políticas articuladas que aborden esta situación a largo plazo. Fabián, ya sin caminar, aporta desde su lugar a un involucramiento social sobre una temática que nos expone como sociedad y nos desafía hacia el futuro.

Fuente: Cosecha Roja y Agenda Abierta