Narcomenudeo: ¿Represión o prevención?

El proyecto del oficialismo provincial sobre el comercio de drogas ilegales a baja escala trajo elogios y críticas. El abordaje integral, en red, como vía alternativa.

Por Maximiliano Musto*

Con una ley de narcomenudeo para la provincia no alcanza y menos si se pretende reprimir la problemática en vez de abordarla de manera preventiva, integral y con un trabajo en red. Lo cierto es que no resuelve el problema de fondo que padecen con las adicciones miles de pibes.

Tratamos una Ley de Narcomenudeo, pero ante el desfinanciamiento y vaciamiento de las “Políticas en Prevención en Adicciones” se mira para otro lado. Y hablo del caso puntual de la obra del Centro de Prevención Local en Adicciones (Cepla), ubicada sobre calle Virrey Vertíz de la ciudad de Paraná. A esto se le suman la desarticulación de las Escuelas de Deportes y el desguace de la Cultura en Paraná.

El Cepla es un dispositivo, parte de una política nacional impulsada desde la Sedronar, conforme a la nueva ley de Salud Mental 26.657 como marco legal. Esta última, en su artículo 4 sostiene que «las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”.

Aquella política fue ejecutada en el territorio paranaense desde el Gobierno Municipal, conforme a la firma de un convenio marco en el año 2014, junto a Nación y Provincia. De esa manera se comenzó a funcionar en el SUM de Anacleto Medina norte.

Conocemos de cerca lo que implica ejecutar en el territorio este tipo de políticas que “reducen riesgos”. Riesgos que padecen miles de jóvenes entrerrianos. Y somos muchos/as los/as actores que conocemos de la problemática pero que sostenemos que no se resuelve “militarizando la calle”. Esta es una postura y un marco mental que obedece a prácticas represivas.

En Paraná, por ejemplo, se conocen cuales son los kioscos y funcionan en la cara de todos/as los/as ciudadanos. Es necesario una ley contra el Narcotráfico, lo cierto que eso no resuelve el problema de fondo y mucho menos si solo se avoca a practicas represivas.

Según el estudio de algunos artículos, desde la recuperación de la democracia en 1983, el poder político delega en la policía el control de la inseguridad, y la policía regula a las organizaciones ilegales. Los recientes escándalos de narco-policías en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba demuestran que este sistema está crujiendo.

En consecuencia, insisto, es necesario poder articular y abordar estas problemáticas, que aquejan al mundo y que sobrepasa a los Estados, solo de manera “integral y el red” con distintos sectores y actores. Lo cierto, es que la práctica nos ha demostrado que la efectividad son las “políticas de prevención” que se desarrollen, por un lado, desde el Estado; y por otro, desde las Organizaciones Civiles e Intermedias, a las cuales hay que convocar e interpelar para enfrentar este flagelo en los distintos barrios de la provincia y que afecta a miles de jóvenes y adolescentes entrerrianos/as. Lo esencial y estratégico, es  formar un cordón que “reduzca riesgos” ante el narcomenudeo y las narcoactividades, y no dar palo y garrote.

Seria muy fácil pensar que con una ley podamos combatir y resolver el problema del narcotráfico en la provincia, pero pecaríamos de utópicos si pensáramos esto. Es necesario implementar y articular otros métodos. Solo las políticas de prevención y el fortalecimiento de Redes Preventivas Comunitarias que “junto al compromiso profesional”, son las que promueven la “inclusión” y la “participación” de la comunidad en general, y, de jóvenes y adolescentes, en particular. Al mismo tiempo que impulsan a los participantes a “potenciar el Proyecto de Vida”.

Esto deberá articularse con Estrategias Preventivas en el ámbito Educativo junto a Unidades de Prevención para acompañar y fortalecer el trabajo de prevención de adicciones en los municipios.

No fue casualidad que para Entre Ríos se hayan destinados dos dispositivos de atención (Cepla) para cubrir necesidades concretas en materia de prevención de adicciones, en un contexto donde la gestión socialista en la provincia de Santa Fe pasaba por un tremendo escándalo que vinculaba al Gobierno y a la policía con los poderes narcos en Rosario.

Se diseño un dispositivo para Concordia, el cual se concluyó su obra, pese a las distintas dificultades que surgieron luego para su continuidad, hoy llamados (DIAT- Dispositivos Integral Asistencia Territorial); el cual asiste a más de 150 jóvenes y adolescentes de esa ciudad. Y otro, para la ciudad de Paraná, donde el futuro del mismo no fue alentador.

Lo cierto, es que la “continuidad” de la obra del Cepla en Paraná, sigue sin resolverse y donde aún las autoridades municipales como provinciales no han dado respuestas; en paralelo, en nuestra ciudad, la gestión municipal de Sergio Varisco atraviesa una de las crisis institucionales más graves de los últimos 30 años. Gestión que se la  “vincula con el narcotráfico” donde están implicados funcionarios/as municipales de “alto rango” y donde se ha demostrado el financiamiento de la campaña con fondos provenientes de la actividad ilícita que impulsa el narco-crimen en la ciudad. Como si fuera poco, se vincula a Concejales del Frente Cambiemos con los recursos públicos del Estado Municipal para el traslado de la marihuana, acorde a los detalles que meses atrás describía el fallo judicial del Juez  Federal Leandro Ríos.

En resumen, ¿es buena o efectiva una ley de Narcotráfico para la Provincia? Es deficiente en la medida que es represiva, y no resuelve el problema de fondo porque para eso se requiere ante todo y mas allá de la ley, un tratamiento integral ante todo de los sujetos de derecho que el narcomenudeo y las narcoactividades se lleva puesto a diario y en donde mueren jóvenes y adolescentes en la Provincia por causas de violencia barrial que acarrean problemáticas como el narcotrafico. Se requiere de una decisión política de todos/as los/as actores intervinientes, de políticas publicas orientadas al desarrollo de Redes de Prevención Comunitaria y sobre todo locales donde los municipios son esenciales, de articulación y trabajo en red en los territorios con las distintas instituciones educativas, religiosas y ONGs, y, particularmente, junto a la decisión política un fuerte compromiso profesional con sentido humano, de trinchera y militante para combatir el narcotráfico en la provincia.

Indudablemente una Ley de estas características no es suficiente. Lo cierto es que nos convoca un proceso de “construcción colectiva” y ciertos debates que hay que darlos con el posicionamiento politio y académico. Insistiendo que el Estado no debe ser ambiguo en la problemática que padecen miles de jóvenes entrerrianos/as hay que apostar a la “inclusión social” como base de un proceso que merece un tratamiento que apueste a un futuro de las generaciones venideras y contener a las generaciones actuales.

Algunos datos

Según el Observatorio Argentino de Drogas, en población de 16 a 65 años, en la provincia de Entre Ríos, las sustancias psicoactivas con mayores proporciones de consumo del ultimo año son alcohol (59.3%), marihuana (0.7%) y cocaína (0.3%).

Comparando los datos de la provincia con los del total del país vemos que el consumo de alcohol en el ultimo año es de 66.2%, de marihuana 3.2%, y de cocaína 0.7%.

Según el estudio en estudiantes de enseñanza media, en la provincia de Entre Ríos, las sustancias psicoactivas con mayores proporciones de consumo alguna vez en la vida son alcohol, bebidas energizantes, tabaco y marihuana.

Por otro lado, acorde a la primera etapa iniciada por el Observatorio de Problemáticas Juveniles de la Provincia de Entre Ríos el 76% de las/os jóvenes entrerrianos/as consideran a las adicciones como un problema.

* Integrante Multisectorial Ciudadana de Paraná