La escuela rural Nº 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, sufrió una intoxicación en diciembre de 2014 cuando una avioneta fumigó un campo cercano al edificio, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos.
La lucha del gremio Agmer en el marco de la campaña «Paren de Fumigar las Escuelas», que derivó en una denuncia y posterior actuación de la Justicia, tuvo como resultado que tres personas -productor, presidente de la empresa de aviación y piloto de la nave- fuera imputados y procesados por “lesiones culposas leves” y “contaminación ambiental”.
El resultado de este juicio puede sentar un importante precedente, tanto para muchas escuelas rurales que se encuentran en situaciones similares a lo largo y ancho del país, como para todos aquellos docentes que sufren de estos mismos abusos de la ley, para que se animen a denunciar y luchar por sus derechos.
Según advierten desde la campaña Paren de Fumigar, la salud de los trabajares y los estudiantes está en peligro, como lo demuestran distintos estudios científicos de nuestro país y el mundo debido a estas prácticas inherentes al modelo productivo. Consideran que estas situaciones atentan contra el trabajo de los docentes y los derechos humanos de las comunidades educativas rurales.
Elba Esteve y Mariela Leiva, responsables de la campaña Paren de fumigar las Escuelas manifestaron que esperan que «los resultados de este juicio estén a la altura de la situación, velando por los derechos de todos los Argentinos», citando el contenido del artículo 41 de la Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.