Avanza en el Senado la ley que intenta combatir el “narcomenudeo” en Entre Ríos

Este miércoles, ingresó a la Cámara Alta provincial el proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca crear las herramientas jurídicas para que la policía pueda actuar en los casos de venta de droga a baja escala. Una propuesta similar fue declarada inconstitucional en 2014.

En la sesión realizada ayer en la Cámara de Senadores de Entre Ríos, tuvo ingreso el proyecto enviado por el Ejecutivo en el que se buscan crear las herramientas para que las fuerzas provinciales puedan actuar en los casos de venta ilegal de drogas a baja escala. El gobierno de Gustavo Bordet ha puesto energía en promover esta ley que da el control de las acciones tendientes a combatir los denominados “quioscos” a la policía provincial.

El proyecto de ley propone que la provincia adhiera a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la ley nacional 23737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos en la ley 26052. “La adhesión a las citadas leyes nacionales posibilitará asumir la competencia para la persecución, investigación y juzgamiento de los delitos previstos”, se afirma en los fundamentos que sustentan la iniciativa, que espera ser aplicada a partir de enero de 2018.

Fue girada a las comisiones de Legislación General y de Seguridad. Además, sería parte de un trabajo bicameral, según se anticipó luego de un encuentro que presidió el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, el pasado miércoles a la mañana, al que fueron invitados los presidentes de los bloques legislativos de las dos Cámaras.

La propuesta y sus antecedentes

El proyecto deroga las leyes provinciales 9783 y 10329. Es que en Entre Ríos, ya en el año se sancionó y promulgo la ley 9783, que adhirió a la ley nacional 26052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional de entonces.

Fue promulgada a través del decreto 4387 del año 2007, pero se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma, y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.

En aquél entonces se pidió al Poder Judicial entrerriano, a la Policía, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.

Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.

Esta norma modificó la ley 9783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737

Agregó además que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos que debe afrontar la Nación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.

La legislatura la sancionó en octubre de 2014. Fue publicada en el Boletín oficial a principios de noviembre de ese año y presentada como un avance por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la Justicia de la provincia.

Inconstitucional

Pero tuvo, la 10329, solo algunos días de vigencia, durante los que se desarrollaron muchos procedimientos exitosos, ya que los jueces federales de Paraná, Leandro Ríos y de Uruguay, Pablo Seró, declararon la inconstitucionalidad de la norma.

Ahora el Ejecutivo propone avanzar con un nuevo proyecto.

En el Senado

Para la actual composición del Senado no es un tema nuevo. Hay que indicar que en 2016 después del Encuentro Federal de Seguridad, se creó una comisión específica para tratar esos temas: la comisión de Seguridad.

Fue en ese ámbito, después de una serie de declaraciones realizadas en Paraná por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que se trató el tema.

En el mes de mayo de este año, Senadores estuvieron en la provincia de Córdoba participando de una jornada de trabajo organizada junto al Ministerio de Gobierno de Entre Ríos. Estuvieron en la provincia mediterránea para informarse sobre el trabajo que hacen allí para combatir el narcotráfico. Se trata de una de las jurisdicciones que adhirió a la normativa nacional y generó espacios institucionales para enfrentar la venta de droga en baja escala, el narcomenudeo.

Fundamentos del Ejecutivo

Se afirma en los fundamentos que acompañan la iniciativa que “el proyecto ha sido elaborado en la convicción profunda de que lucha contra el narcotráfico merece ser abordada con la mayor cantidad de instrumentos posibles”, por lo que es la que se impulsa “una herramienta de trascendental importancia”.

La provincia de Entre Ríos apunta a asumir la competencia penal en los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes, que tiene competencia federal originaria y que a partir de las leyes 26052 y 23737, propicia la intervención de las provincias mediante mecanismos de adhesión.

Observa el Ejecutivo que “un análisis empírico normativo desde la sociología criminal, arroja como conclusión indudable que la modalidad originaria de tráfico ilícito de estupefacientes, además de mantener su typus de macrominalidad organizada trasnacional, ha derivado en lo que se denomina tráfico menor o “narcomenudeo”, es decir, formas colaterales de comercio ilícito difuminado

Fiscalías especiales

En el proyecto se crean diversos cargos en la Justicia entrerriana, para fortalecer la aplicación de la normativa que será discutida por la legislatura entrerriana y que ya contó con adhesiones de los bloques oficialistas y de la oposición.

Fuente: DiarioJunio.