Alejandro Haimovich: «La ley de narcomenudeo, ya sea nacional o provincial, no tiene ningún efecto positivo»

El Director del proyecto de extensión «Cárcel, Universidad y Sociedad» de la Facultad de Trabajo Social criticó la propuesta oficial en materia de estupefacientes. «Hay que sacar al sistema penal de la ecuación», precisó.

 

Por Mariano Osuna

La iniciativa del gobernador Gustavo Bordet de adhesión a la ley nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes trajo elogios y críticas. Con experiencias cercanas en Salta, Córdoba y Buenos Aires, el Ejecutivo provincial busca establecer su vigencia desde el 1 de enero de 2018. El debate de fondo entre prevención y represión, la criminalización del consumo personal, la violación de los derechos individuales, la cárcel como receta, y los desafíos en la temática, son parte de los ejes abordados en la entrevista concedida por Alejandro Haimovich, docente, investigador, abogado y director del proyecto de extensión «Cárcel, Universidad y Sociedad», de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

«El tema tiene que contextualizarse en general en lo que han sido las políticas estatales, esto que suele denominarse la lucha contra la droga o contra el narcotráfico, que viene desde la época del Reaganismo en Estados Unidos y que básicamente tiene que ver con tratar al usuario o al consumidor de estupefacientes como un criminal», explicó el educador sobre la situación estructural y mundial que atraviesa la problemática. Cuestionó el enfoque dominante que propone «tratarlo desde una perspectiva penal y no desde una perspectiva de salud».

La propuesta del Gobernador, apoyada por sectores de la oposición, establece la adhesión a la ley nacional sancionada en diciembre de 2005. El proyecto provincial se caracteriza por la reformulación de la Procuración General, la expansión de infraestructura carcelaria y la reducción de la oferta y la demanda mediante el control de estupefacientes. «Está absolutamente demostrado que este tipo de políticas criminales no sirve. Que el narcotráfico no disminuye, sino que está enquistado y articulado con el poder estatal, con el poder político, con el poder de las fuerzas de seguridad», denunció Haimovich en diálogo con Agenda Abierta. «Quizás el caso más claro de esto es México, pero es un fenómeno global. En todo el mundo hay especialistas en el tema desde una perspectiva democrática, que plantean que el camino es otro, que es la regulación, que es legalización con control estatal y que es sacar al sistema penal de la ecuación», precisó sobre los desafíos en el abordaje de la problemática.

Los objetivos propuestos en la reducción de la oferta y la demanda parecen desmentirse con los números de las tres experiencias existentes en Argentina. En Buenos Aires, en cuatro años, se triplicó el número de personas detenidas por consumo federal luego de la implementación de la ley, mientras que en Córdoba la mitad de los individuos apresados bajo esta legislación eran usuarios o consumidores. En Salta la situación no se invierte, ya que cuarenta personas son detenidas por mes desde la adhesión a la ley nacional.

Los números muestran que la respuesta represiva ha atacado a un sector de la sociedad, último eslabón y el más alejado de la comercialización de estupefacientes. «Recuerdo que hay una declaración de Magistrados Argentinos por una política criminal respetuosa de los derechos humanos, en cuanto a drogas, que fue firmado por varios funcionarios judiciales acá en Entre Ríos, que van por el camino de sacar del sistema penal esta problemática, que penaliza fundamentalmente a los eslabones más débiles, a los eslabones más bajos», afirmó Haimovich. Destacó que la ley denominada de nacomenudeo «no tiene ningún efecto en materia de seguridad, ya que los pequeños kioscos cuando se cierra alguno surge otro inmediatamente. No hay ningún efecto positivo ni plausible».

«En cuanto a la adhesión a la ley nacional, y en el caso particular de Entre Ríos, creo que es una cuestión vinculada a la campaña electoral», analizó el Director del proyecto de investigación «Cárcel, Universidad y Sociedad». El docente puntualizó a Agenda Abierta que «la ley de narcomenudeo, ya sea nacional o provincial, no tiene ningún efecto positivo en ninguna dimensión, ni en la salud, ni en la seguridad». Y advirtió que especialmente «afecta los derechos individuales de las personas».

«Obviamente legislaciones de este tipo lo que hacen es generar la presión punitiva sobre ciertos sectores, que en realidad son siempre la misma clientela de siempre del sistema penal, que son los varones, jóvenes y pobres, con una variable adicional que es la criminalización de las mujeres, que muchas veces están sujetas a trata o no pueden disponer de su voluntad y son obligadas a transportar drogas, lo que se conoce en las jergas como las mulas», mencionó Haimovich.

Expresó que la propuesta oficial es un tipo de legislación «que criminaliza y que produce un aumento en la tasa de encarcelamiento. Acá en Entre Ríos también hemos visto como la presión punitiva en relación al tema de estupefacientes incide en la tasa de encarcelamiento que es cada vez mayor».

Entre los ejes que atraviesa la iniciativa del Gobierno provincial aparece la transferencia de fondos nacionales y del Poder Judicial para implementar la adhesión a la legislación nacional, que tuvo su primer intento en 2014 y que fue declarada inconstitucional. Las cárceles son otro eje clave en una provincia con sobreocupación cuando se comparan las unidades penitenciarias con el número de personas detenidas. El anuncio del Gobernador respecto a la creación de una nueva cárcel avanza en ese camino y ratifica una perspectiva, hegemónica, sobre el abordaje de la seguridad.

«Nosotros tenemos dos fallos de la Corte que hay que tener en cuenta: el fallo Bazterrica, que es una sentencia liberal muy amplia que declaraba la no punibilidad del consumo personal, y después el fallo Arriola, que va en ese sentido pero es más restrictivo porque se descriminaliza el consumo personal, salvo que sea hecho de manera pública y ostentosa», explicó Haimovich sobre los precedentes que marcaron los veredictos de 1986 y 2009 debidamente.

El autocultivo y su criminalización

«El consumo sigue penalizado, y el autocultivo sigue penalizado», lamentó el abogado. Y reclamó por la existencia de la ley de cannabis medicinal «que no ha sido reglamentada, y que cuando salga reglamentada seguramente no se discriminalice el cultivo».

«Es un contexto muy problemático y además que no se corresponde con una política de seguridad democrática»

Precisó que «todas esas son variables de criminalización afectan la tasa de prisionalización. Ha habido algunos hechos, como el arresto hace una par de semanas del doctor Carlos Laje, que es un referente en cannabis medicinal», denunció Haimovich, sobre el escenario actual. «Es un contexto muy problemático y además que no se corresponde con una política de seguridad democrática. Por supuesto que el tema de las drogas tiene que ver con un mercado, y ese mercado puede ser perfectamente regulado por el propio Estado, como se hace con el tabaco, y teniendo un consumo responsable. No es que no existen otras políticas para abordar el problema, sino que las recetas que se aplican son las mismas de siempre, que tienen que ver con el tema de la lucha contra el narcotráfico», profundizó.

«El problema no se tiene que abordar por el sistema penal. Cada persona adulta puede consumir responsablemente lo que quiera consumir. De hecho hay muchas sustancias que perjudican a la salud, como el tabaco, el alcohol, como los psicotrópicos, y que son de venta más o menos libre, y otras drogas que se penalizan. Entonces la política no debería pasar por lo penal, sino por una política estatal de control del mercado, y también una política de salud, de prevención y difusión», afirmó el investigador sobre los desafíos estructurales en el abordaje integral.

«La política tiene que ser a partir de considerarnos a todas las personas sujetos plenos de derechos, responsables y adultos, y que el Estado ofrezca las dinámicas y las instituciones vinculadas a salud que deben existir relacionadas a cualquier problemática», precisó sobre la agenda que debe discutirse sobre la temática.

El negocio de las cárceles

«A nivel nacional y a nivel provincial siempre se está planteando esto de construir más cárceles, que nunca van a alcanzar con este tipo de política criminal», destacó Haimovich en diálogo con Agenda Abierta. Y agregó que la tasa de encarcelamiento «sigue subiendo». Comentó que tienen un trabajo de investigación que están iniciando en la Facultad «para ver el fenómeno del giro punitivo, que arranca en Estados Unidos en los setenta y que tiene un alto impacto en la tasa de gente presa, y que se empieza a expresar en Argentina en los años noventa. Y de ahí ha seguido subiendo».

«Las cárceles no son una solución, son parte del problema de seguridad», señaló el docente. Describió que es una institución «muy conflictiva en relación a los derechos individuales. Tiene una cuestión estructural que tiene que ver con el hacinamiento, con los malos tratos, con la tortura, y con la falta de acceso a salud y educación». Precisó que el encarcelamiento «no disminuye el delito sino que lo potencia, porque el sistema penal trata a todas las conductas de la misma manera, a quien mata a la mujer o a quien consume, y la receta es la misma, es decir castigo y privación de la libertad».

«Las cárceles nunca van a dar a basto porque son un buen negocio. En Estados Unidos hace bastante tiempo que muchas prisiones son gerenciadas privadamente y hay mucho negocio alrededor de esto», expresó Haimovich. Recordó que hay «muchos informes a nivel nacional acerca de negocios en relación al sistema penitenciario que ha hecho la Procuración Penitenciaria y la Procuración contra la Violencia Institucional. Así que estoy absolutamente en desacuerdo con la idea que con crear más cárceles se va a solucionar el problema».

Recomiendo en todo caso como para ver cuáles son las preocupaciones al respecto, esta declaración de los magistrados preocupados por una política criminal, en relación a drogas, respetuosa de los derechos humanos. Y me parece que es un tema que hay que discutir seriamente y que la gente tiene que saber que todas estas recetas y propuestas, que salen con más fuerza en campaña, no le van a mejorar la seguridad, no van a solucionar la problemática de la violencia, sino que al contrario la van a agravar», finalizó.