La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía y la Unión Europea mostraron su preocupación luego del asesinato de Cándido Ríos Vázquez, del periodista 44 en la gestión de Nieto.
Un nuevo homicidio a un periodista se registró la tarde de este 22 de agosto en Veracruz. Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador del medio La Voz de Hueyapan, fue asesinado por hombres armados este martes en Hueyapan de Ocampo. Es el periodista 44 asesinado en los 56 meses del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Es el décimo asesinado en lo que va de 2017.
La Unión Europea, así como las embajadas de Noruega y Suiza en México, lamentaron el asesinato del periodista Ríos y exigieron una investigación expedita y transparente para dar con los responsables. En una declaración conjunta, indicaron que la muerte de Ríos se suma a las de otros nueve periodistas asesinados en lo que va del año, “que dan muestra del preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México”.
Asimismo, expresaron sus condolencias y profunda solidaridad con los familiares y allegados del periodista Cándido Ríos y de las otras dos víctimas, y resaltaron que se trata del tercer asesinato de un periodista en el estado de Veracruz en 2017. Resaltaron el hecho de que Ríos estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. “Hacemos un llamamiento a las Autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una investigación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los responsables de este asesinato y de los anteriores”.
Por otro lado, la organización Amnistía Internacional (AI) lanzó una petición a las autoridades mexicanas para poner “alto a los asesinatos de periodistas” en México. La misiva, firmada por más de 8 mil personas, fue dirigida a Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. “Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión”, declara Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México.
En el documento se especifica que “informar sobre injusticias, violaciones graves a derechos humanos y corrupción es una tarea que pone en riesgo la vida de las y los periodistas en México”. Y es que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que va de 2017 han asesinado a nueve comunicadores en el país.
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, demandó la atención inmediata del gobierno federal y el apoyo de organismos internacionales para que cese la violencia contra la prensa mexicana.
Dijo que desde el 30 de noviembre de 2016, fecha que se instaló la Comisión, han ocurrido 13 homicidios. “Hechos que continúan impunes, sin que a la fecha Ricardo Sánchez Pérez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), rinda un informe de los avances de la investigación”.
“Ricardo Sánchez Pérez asumió la titularidad de la Feadle y aún no tenemos conocimiento de las medidas implementadas para fortalecer la Institución y frenar la ola de homicidios, a cambio, han ocurrido seis homicidios en su encargo, tenemos los mismos resultados: no existen avances significativos en las investigaciones, no existe captura alguna de los responsables de los homicidios y hasta el momento la nueva Feadle no ha emitido opinión alguna”.
El pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del periodista Cándido Ríos, a solicitud de la diputada Maricela Contreras Julián.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, manifestó indignación por el asesinato del periodista y exigió a las autoridades estatales una indagatoria expedita, en coordinación con la autoridad federal, a fin de lograr la detención del responsable de ese crimen.
Fuente: Milenio, Nodal, El Universal y Aristegui.