La denuncia fue realizada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) por la contaminación generada por diversas industrias del Parque Industrial. Hay tres imputados.
El miércoles 5 de octubre de 2016, personal de la Policía Federal Ambiental tomó muestras del Arroyo Melgar, labraron actas y brindaron información a los vecinos para sumar elementos probatorios en el marco de las denuncias por contaminación efectuadas ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima). En aquella oportunidad, los efectivos recorrieron el Parque Industrial para determinar las fuentes de contaminación del efluente. La causa está en manos del coordinador de fiscales, Lisandro Beherán, y de la fiscal Carolina Costa.
«Juan Benedetti está a cargo de la Comisión Administradora del Parque Industrial (PIG), Ariel Destéfano es titular de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) y Susana Villamonte es vocal auditora por la Municipalidad dentro de la Comisión; en este marco todos ellos han sido imputados y citados para prestar declaración indagatoria, por los cargos de “adulteración y contaminación de aguas”, figura contemplada en los artículos 55 y 57 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos”, confirmó a el titular de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán.
“La Ufima hizo una investigación preliminar y una vez que concluyeron, presentaron la denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el cual se declaró incompetente para intervenir manifestando que debía hacerse cargo la Justicia provincial quien, por una cuestión jurisdiccional, nos remite a nosotros la denuncia del organismo”, especificó Beherán al referirse a la situación actual de la causa.
Por último, el fiscal informó que la imputación fue formulada el pasado lunes y que ” el próximo 25 de agosto deberá presentarse ante Fiscalía el titular de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), Ariel Destéfano; el 29 de agosto, el titular de la Comisión Administradora del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), Juan Benedetti; y por último -el próximo 30 de agosto- la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú , Susana Villamonte”.
El origen de la causa penal
El miércoles 5 de octubre de 2016, personal de la Policía Federal Ambiental tomó muestras del Arroyo Melgar. Un día después de la llegada de los efectivos del organismo nacional, una vecina del Barrio Don Pedro, la vecina Gabriela Zicelonghi, contó cómo se llevó a cabo la recolección de pruebas en el marco de la denuncia ante la Ufima: “Un vecino encontró a efectivos que llegaron para tomar muestras del agua del Arroyo Melgar, curso de agua que atraviesa el barrio y que pasa por las piletas que están en el ingreso al barrio y que pertenecen al PIG. Nos informaron que venían de recorrer previamente las empresas que ellos consideraban que podían ser responsables del volcado de efluentes en el arroyo; el olor era insoportable, y junto a otro vecinos nos solicitaron que fuéramos testigos durante el procedimiento”.
“Los policías me preguntaron si el causante de la contaminación era RPB-Baggio, ante lo cual dije que podía ser cualquier empresa del PIG, y que ignoramos si los desperdicios son orgánicos o metales pesados. Ellos mismos pudieron comprobar que el olor es insoportable; tenemos el caso de familias que tuvieron que irse del barrio porque los fuertes olores complicaban el cuadro de niños con afecciones respiratorias, esto es muy grave ya que en algún momento se encontró cromo en los desechos vertidos por una curtiembre que ahora cerró, pero el daño es irreparable”, profundizó en aquel momento la vecina.
“Estas dos personas que vinieron a recabar muestras del lugar para la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima), levantaron pruebas con un detector de metal, colocaron las muestras en tres frascos grandes de vidrio, que sellaron con un precinto numerado; nos pidieron a los testigos que firmáramos el acta y nos informaron sobre el marco del procedimiento, el cual corresponde a la denuncia realizada de manera anónima ante Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”, dijo.
Y detalló: “En el marco del procedimiento también sacaron fotos y nos informaron sobre la pagina web donde se puede denunciar o completar la información en una denuncia ya realizada con material multimedia -videos, fotos, etc-. Así mismo nos entregaron un contacto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, nos informaron el numero de la causa en curso -1956/16-, como así también nos informaron sobre el fiscal interviniente: doctor Ramiro González”.
¿Qué es la Ufima?
“La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con dos objetivos principales: generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los arts. 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia”, informan desde el sitio web institucional.
“Si bien se ubica geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, posee alcance funcional en todo el país. También tiene a su cargo las gestiones pertinentes para realizar un mapa de las distintas causas penales en trámite ante la Justicia Nacional en todo el país, como así también, el relevamiento de la doctrina y jurisprudencia referente a delitos ambientales, con el fin de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y proponer soluciones que desde este Ministerio puedan impulsarse. Para realizar sus investigaciones y dar curso a los pedidos de colaboración, la Unidad Fiscal cuenta con personal especializado, una licenciada en química y un ingeniero agrónomo”, detallan en la web.
Respecto de las investigaciones aclaran: “Las mismas tienen como finalidad corroborar o descartar la comisión de los delitos que resultan ser de competencia de la Unidad. En caso afirmativo, la Unidad dará inicio a una investigación preliminar, en la cual se ordenarán diversas medidas de prueba; y en el caso de obtenerse una base fáctica y probatoria razonable que permita -al menos en forma mínima- afirmar la hipótesis de la probable ocurrencia de un hecho ilícito, se presentará la correspondiente denuncia ante la justicia. En lo que respecta a la participación a modo de colaboración en las diversas causas penales de las Fiscalías y/o Juzgados de todo el país, la Unidad lleva a cabo esta tarea a través de la evaluación o sugerencia de medidas de prueba. Por último, la Unidad está facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea de oficio (a partir de haber tomado conocimiento de un hecho de contaminación ambiental por una noticia periodística, por denuncia de organismos administrativos, municipios, ONG´s); o a partir de la recepción de un correo electrónico y escritos de particulares, lo cual facilita el acceso de los ciudadanos a los estrados judiciales”.
Sobre los mecanismos para que los vecinos establezcan contacto para efectuar una denuncia de estas características, explican: “Ufima recibe denuncias a través de diversas vías: – personalmente, concurriendo a la sede de la Unidad, sita en Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 1190, piso 2°, CABA. – por correo electrónico: ufima@mpf.gov.ar – por teléfono: (011) 4381-7718 / 4382-0054 / 4383-0731. – vía correo postal: Roque Sáenz Peña 1190, piso 2°, CABA, CP:1035. Es importante que en la denuncia se consignen la mayor cantidad de datos relevantes respecto al hecho denunciado, y la información de contacto. En caso de querer denunciar con reserva de identidad, deberá ponerse en conocimiento de la Unidad al momento de hacer la denuncia”.
Dos décadas de olores
El barrio Don Pedro tiene aproximadamente 20 hectáreas en el suroeste de la ciudad y alberga a un número importante de familias de Gualeguaychú. El terreno es lindero con al campo de la empresa RPB -Baggio- con la cual mantuvieron los vecinos un conflicto que orilló el ámbito de lo judicial y que requirió la intervención de la Municipalidad de Gualeguaychú en el pasado mes de abril, por el cruce de un caño que vertía efluentes industriales y cloacales. Casi enfrente se encuentra el PIG; “hay días en que el agua del arroyo Melgar hace espuma, huele a jabón, otros días es de un color amarronado, pero siempre lo que persiste es el mal olor: nauseabundo, insoportable”.
Dos palabras bastan para recordar la inmensa deuda pendiente por parte del estado nacional, provincial y local, durante más de 12 años, para que la comunidad de Gualeguaychú sepa lo que respira: los famosos medidores de aire prometidos por todos los gobiernos.
Los efluentes industriales y cloacales sin tratar en términos sanitarios -desechos volcados en el arroyo que a unos metros desemboca en el río Gualeyán, a escasos 100 metros de la toma de agua de Obras Sanitarias de Gualeguaychú- son una amenaza permanente, un daño irreparable como todo aquel que se produce sobre el medio ambiente; se trata del símbolo fétido de un montón de mecanismos insuficientes para preservar aquello que no se podrá reparar ante el daño inminente, porque si hay olor, hay contaminación.
Un dato para destacar
El Estado provincial anunció la licitación para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes, y adjudicó la obra a una empresa que comenzó los trabajos en 2012 y que debía concluir los mismos en 2013. Estamos en 2017 y, según reiterados anuncios, la planta se terminaría recién en octubre próximo.
Mientras tanto la Justicia dará curso a la denuncia de la Ufima y buscará determinar responsabilidades en cuanto a la contaminación padecida por los vecinos del Barrio Don Pedro y, de acuerdo al recorrido del volcado de efluentes, por toda la comunidad de Gualeguaychú.
Fuente: Reporte 2820