Comenzó el juicio por la Masacre de Magdalena

17 funcionarios y agentes del servicio penitenciario bonaerense son juzgados en La Plata por la muerte de 33 detenidos de la Unidad Penal N°28 de Magdalena durante un incendio.

Durante el incendio en uno de los pabellones, el 16 de octubre de 2005, 33 personas detenidas en el penal de Magdalena murieron asfixiadas y quemadas. La situación visibilizó la situación de las cárceles bonaerenses, una deuda estructural de la democracia.

Doce años después comenzó el juicio a 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por la masacre. Esta instancia oral y pública que se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal N °5 de La Plata, se estima que se extienda tres meses, con más de 400 testigos, entre ellos un sobreviviente del pabellón que se incendió.

Entre las irregularidades denunciadas, la investigación determinó que el personal del servicio penitenciario cerraron las puertas de los calabozos con candados durante el incendio.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) patrocinan a las familias de las víctimas. Gisela Pereyra, hermana de Abel, uno de los jóvenes de 33 años que murieron durante el incendio, exigió justicia por los 33 muertos «que no merecían terminar así». Explicó que quieren «la condena a los guardiacárceles responsables de lo que pasó, porque los dejaron morir”.

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Nicolás Lanziano, integrante Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que forma parte de la querella en este juicio, comentó que piden extremar las medidas de seguridad para que no se comprometa la integridad física de los 400 testigos.

“Es importante que el Estado garantice que los testigos puedan llegar en condiciones al tribunal y declarar con libertad», reclamó Nicolás Lanziano, integrante Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante del juicio. «Tengamos en cuenta que la mayoría de los testigos son personas que fueron privados de su libertad en su momento, o en la actualidad aún se encuentran detenidos, y declarar contra el servicio penitenciario, compromete su situación actual”, recalcó Lanziano.