Sergio Urribarri fue citado a declarar por los gastos en la Cumbre del Mercosur

Los fiscales lo imputaron por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa que investiga una presunta malversación de fondos en la organización de la Cumbre del Mercosur 2014, que se llevó a cabo en Paraná.

Marcos Rodríguez Allende, abogado defensor del exmandatario, afirmó que «todo lo que se gastó ha sido absolutamente rendido y controlado». Urribarri deberá presentarse a prestar declaración indagatoria en sede judicial el 31 de agosto, por pedido de los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, precisó.

«Hay una imputación formal luego de la declaración de Pedro Báez», sostuvo el letrado en referencia al exministro de Cultura y Comunicación de la provincia y enfatizó en negar que su testimonio haya tenido relación sobre esta decisión sobre el exgobernador.

«La declaración de Báez está enmarcada en lo que ha sido su defensa, ha sido extensa y explica detenidamente el rol que cumplió,los distintos detalles administrativos que se fueron desarrollando», aseguró Allende.

El letrado adelantó que, además de la presentación espontánea que realizó el exgobernador para ponerse a disposición de la causa, Urribarri demostrará que «lo que se gastó ha sido absolutamente rendido, controlado a nivel nacional y controlado a nivel provincial, con todas las aprobaciones que corresponden».

«Esto se desarrolló a contrarreloj, hubo una ley que determinaba y apoyaba los tiempos para poder acomodar todo lo que significaba recibir cientos y cientos de personas del exterior», comentó Rodríguez Allende y dijo que las actuaciones fueron controladas por la Fiscalía de Estado, Contaduría General y Tribunal de Cuentas.

Otras declaraciones

El empresario Jorge «Corcho» Rodríguez se presentó a declarar este miércoles por la causa que investiga contrataciones realizadas en el marco de la organización de la 47ma Cumbre de Presidentes del Mercosur que tuvo lugar el 16 y 17 de diciembre del 2014 en la ciudad de Paraná.

Jorge «Corcho» Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez y actual esposo de la conductora Verónica Lozano, se presentó en la capital provincial, y declaró ante el fiscal Santiago Brugo respecto de la contratación de su productora, Nelly Entertainment SA, para la difusión de avisos publicitarios, durante la gestión de Sergio Urribarri.

El presidente de la compañía Nelly Entertainment SA al salir de los tribunales aseveró: «Me citaron a declarar y vine a hacerlo, como presidente de una compañía. Todo bien. Me trataron muy bien».

Al ser consultado por la contratación de la empresa que preside, aseguró: «Se trata de una pauta de publicidad. Esta cursado en todos los canales del país y certificado. Todo bien».

Mencionó que «no presentó» ninguna documentación, porque «sólo me citaron a declarar», aseveró. «No hay nada que ocultar, está todo transparente. En ese momento yo era presidente de la compañía, fue una contratación normal, todo legal».

Aseveró que la empresa que preside, no fue la única oferente: «Había cuatro empresas» para esa contratación, resaltó.

Respecto a la pregunta de si lo conoce al ex mandatario de la provincia, Sergio Urribarri y a los funcionarios de su gobierno, dijo que «al ex gobernador lo conozco de vista, lo habré visto dos o tres veces; pero a nadie más».

Dijo que «no es socio» de Facundo de Vido, hijo del hijo del ex ministro de Planificación Federal kirchnerista.  Mencionó que «la empresa sigue; es muy importante» y agregó: “Si me llaman de vuelta, vengo».

Urribarri se puso a disposición de la Justicia

El exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri, había presentado a través de sus abogados un escrito ante el Ministerio Público Fiscal en el que se pone a disposición.

Ofrece colaboración y anticipa su voluntad de declarar. Descartando problemas o irregularidades administrativas sobre el punto, dijo: “Estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal”, argumentó respecto del cuestionamiento a los cortos televisivos emitidos en la oportunidad.

“He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Téngase presente”, expresa el escrito presentado ayer a la mañana por el exgobernador Urribarri en relación a una investigación preliminar por presuntas irregularidades por ciertas contrataciones en el marco de la denominada Cumbre del Mercosur en diciembre de 2014.

Urribarri anticipó su total rechazo a los argumentos de la investigación preliminar. “Fue un evento histórico, nunca antes seis presidentes habían estado en la provincia no obstante la importancia que el Mercosur reviste para la economía de Entre Ríos. Si bien se trató de un hecho político de singular importancia, también significó un enorme desafío administrativo y logístico. Tuvimos que disponer de nuestra organización y energía para asegurar el éxito de los encuentros en el que, entre otras cuestiones trascendentales, se discutía la incorporación plena de Bolivia al bloque regional”.

Dice Urribarri en su presentación espontánea que “para afrontar la situación desde el punto de vista político, administrativo y presupuestario y encuadrarla legalmente, envié a la Legislatura un proyecto de ley que declaraba de interés provincial la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur y ordenaba una serie de disposiciones para dar un marco legal a las contrataciones de suministros, obras y servicios inherentes a la Cumbre”.

“Así, -continuó- la Legislatura Provincial sancionó la ley 10327 que dio marco jurídico a la gestión administrativa y patrimonial dado que no se podía responder a las necesidades del evento aplicando la legislación común. Al texto de la ley me remito”.

Explica el exmandatario que “de tal modo, para concretar la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur me regí, en mi carácter de gobernador, por las disposiciones de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, por la Ley Nº 10327 y supletoriamente por la Ley de Administración Financiera Nº 5140 y por la Ley de Obras Públicas Nº 6351.

Indicó que “los actos y contratos administrativos devenidos de la aplicación de la Ley 10.327 tuvieron, en su caso, la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia y la posterior de la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, que aprobó lo actuado. De modo tal que se cumplió con el bloque normativo aplicable a la situación”.

El presidente de la Cámara dijo también que todo lo que se hizo “lógicamente tuvo un capítulo comunicacional cuyas piezas se confeccionaron y difundieron bajo la misma cobertura legal. Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales, no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas”.

 

Fuente: Ahora, El Diario y APF Digital