Repudio y preocupación por la connivencia de las autoridades municipales con el narcotráfico

Crecen los cuestionamientos de organizaciones sociales y políticas al intendente Sergio Varisco, tras la difusión de un segundo informe realizado en C5N por el programa de investigación ADN.

En el informe emitido el domingo por la noche, el periodista Tomás Méndez desmenuzó la resolución del Juez Federal Leandro Ríos en donde procesó y embargó a los 21 detenidos y realizó un pormenorizado detalle de la alianza política entre los candidatos a Intendente y Concejal por el espacio Cambiemos, Sergio Varisco y Pablo Hernández, respectivamente.

En base a las más de 1.400 horas de escuchas y las declaraciones de imputados y testigos, entre los que se encuentran al menos dos con identidad reservada, se pudo determinar los aportes que la organización liderada por Daniel «Tavi» Celis proporcionó a los candidatos de Cambiemos con fondos provenientes del tráfico ilegal de estupefacientes.

También se determinó las «contraprestaciones» que el Intendente y su equipo le otorgaron a la organización, consistentes en el otorgamiento de cargos y contratos dentro de la estructura municipal, especialmente en la Unidad Municipal N° 2. Según el juez el intendente Varisco facilitó los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización narco-criminal liderada por los hermanos Celis, brindando incluso soporte financiero a la actividad delictiva.

Partido Solidario

En un comunicado, el Partido Solidario manifestó que «no se trata de empleados infieles involucrados en hechos dolosos, ni de iniciativas aisladas en medio de las múltiples acciones que el Estado desarrolla, ni de vínculos casuales o secundarios entre militantes deshonestos y delincuentes menores (… ni) de una administración municipal sorprendida en su buena fe, sino de un acuerdo político que concede zonas de la gestión estatal -formalmente constituidas para el servicio público- al control de grupos delictivos organizados como retribución a sus ‘aportes’ en la campaña electoral 2015 de Cambiemos».

Según el análisis del PSol, «la naturaleza del problema excede el encuadre de su comprensión a meras denuncias cruzadas entre sectores partidarios confrontados, porque no se trata de partidos: involucra al conjunto de la sociedad por la gravedad de la amenaza que representa. Tanto más cuando se compone con indicadores económicos y sociales nacionales que hablan del retroceso del empleo, los salarios y las jubilaciones, de recortes en las políticas públicas de educación, salud y vivienda y del abandono de iniciativas de inclusión social hacia los sectores más vulnerables».

Tomando en cuenta que el narcotráfico es un flagelo que afecta a la mayoría de los países del mundo, consideraron que «para dimensionar el riesgo vale recordar que una dinámica de este tipo ha llevado a la sociedad mexicana al genocidio. A un estado de descomposición y decadencia cuyos resultados más terribles se traducen en miles de muertos, miles de jóvenes ‘ocupados’ por el crimen organizado y una tragedia que a esta altura afecta todos los estamentos del estado y la sociedad, sin indicios de recuperación».

Por otra parte manifestaron que «entendemos la política como una actividad pública necesaria y noble, imprescindible para el mejoramiento de nuestra sociedad en un contexto democrático. Concebimos al Estado Municipal como el instrumento de gestión política más cercano a la población en el territorio; la herramienta para realizar las acciones que mayorías y minorías demandan y que los dirigentes políticos tienen el deber de traducir institucional y operativamente».

Consideraron también que «es un grave riesgo para el bien común que la gestión municipal sea contaminada por el delito. Demorar una contundente respuesta ciudadana al peligro que se cierne resultaría, como mínimo, desatinado y peligroso. Desde el Partido Solidario nos pronunciamos convocándonos, junto a sectores representativos de la actividad vecinal, gremial, política, religiosa, cultural, deportiva y estudiantil, a agotar los medios democráticos para condenar y desterrar estas prácticas que amenazan la vida de toda la ciudadanía paranaense».

Otras voces disidentes

En declaraciones radiales, el diputado provincial y presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Paraná, Gustavo Guzmán, manifestó su preocupación porque “ve que a nivel nacional está tomando estado público y que se nombre a Paraná como ciudad del narcotráfico, de la impunidad y de la complicidad, nos angustia mucho. En lo personal me genera una sensación horrible porque sabemos que los paranaenses no somos eso, al contrario somos personas de trabajo, de bien que permanentemente bregamos por la salud, educación, deporte por la proliferación de clubes que hay en la ciudad, eso lleva a que uno piense que la vida sana de nuestra ciudad es fundamental y que se empiece a resquebrajar y a perder eso es lastimoso”.

“Preventivamente uno tiene que desnudar esto y ponerlo arriba de la mesa para la discusión. No podemos seguir permitiendo que personas vinculadas con cuestiones delictivas sigan en el gobierno, el gobierno tiene que estar para ayudar, para generar transformaciones en la sociedad no para envenenarla ni para colaborar con la delincuencia”, manifestó Guzmán.

El ex gobernador Jorge Pedro Busti brindó también este lunes una entrevista a Radio RD 99.1 en la que se refirió, entre otros temas, a la causa que vincula a funcionarios municipales de Paraná con una banda que se dedica al narcotráfico.

Si bien aclaró que no conoce “los detalles de la causa”, sostuvo que “hay una clara vinculación de funcionarios municipales con la causa del narcotráfico”, expresó al referirse a la investigación que derivó en el secuestro de más de 300 kilos de marihuana traídos a Paraná en una avioneta proveniente de Paraguay.

Asamblea Ciudadana Vecinalista

En la reunión de la semana pasada, los integrantes de la Asamblea Vecinalista manifestaron “gran preocupación por las investigaciones respecto a la vinculación del intendente, funcionarios y distintos integrantes del Municipio involucrados en carácter de testigos, imputados y detenidos en causa judicial de tal gravedad, inéditos en nuestra ciudad y que revela una profunda crisis institucional”.

Asimismo indicaron que “las vinculaciones de la actual gestión, a través de acuerdos políticos, con la organización criminal liderada por el principal imputado llena de preocupación a los vecinos de Paraná, máxime sabiendo las terribles consecuencias que ocasiona el avance del narcotráfico en los barrios, sobre todo en la juventud e íntimamente ligada a graves hechos de violencia que viene sufriendo nuestra comunidad”.

Esta situación, expresaron desde la Asamblea, “se ve también reflejada en un abandono que cada día se profundiza con el incumplimiento de los servicios básicos de la ciudad. Nuestra pregunta es cómo se continuará de aquí en adelante en la atención ciudadana, ante la falta de respuesta a diario de las distintas Direcciones”.

Ante lo expuesto, afirmaron: “Nos convocamos en estado de alerta, en defensa de nuestros derechos, sintiéndonos perjudicados como vecinos, reclamando se llegue hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de la causa mencionada y exigiendo se asuman las responsabilidades políticas que llevaron a tal situación de gravedad institucional”.

Comisión investigadora ciudadana e independiente

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) – Nueva Izquierda de Entre Ríos manifestó también su preocupación por las vinculaciones políticas de la organización narco-criminal con el entorno del actual intendente de San Benito, Ezequiel Donda, ya que uno de los detenidos en la causa fue candidato a Concejal en sus listas, cuando éste revistaba en el Frente Renovador, antes de pasarse a Cambiemos. También cuestionaron la utilización de camiones de la Municipalidad Paraná y la participación de personal del municipio en la distribución de drogas, así como las escuchas recientemente difundidas que apuntan al intendente Sergio Varisco y el Concejal de Cambiemos Pablo Hernández. Lamentaron además que la justicia no haya avanzado sobre estas responsabilidades políticas.

Manifestaron también la necesidad de conformar una Comisión investigadora ciudadana e independiente «que vaya a fondo en la investigación de los vínculos con el narcotráfico de esta administración municipal y de todas las anteriores». Afirman que es necesario «cambiar de raíz las instituciones cómplices». Evaluaron que «una actividad de esta escala no puede realizarse sin complicidades políticas, policiales y judiciales». «Contra el régimen de la narcopolítica, sostenemos la necesidad de democratizar la democracia». Para ello consideran que los jueces y comisarios deben ser electos por voto directo, y ser revocables sus designaciones como así también los mandatos de los concejales, vice intendente e intendente.

Comunicado del Partido Justicialista

Cuando se conocieron a principios del mes pasado las detenciones de empleados y funcionarios del gobierno municipal en el marco de la causa que investiga el Juez Federal Leandro Ríos, El Consejo Departamental del Partido Justicialista manifestó «su profunda preocupación por el tremendo e inminente avance del narcotráfico sobre nuestra ciudad como así también respecto a la participación, una vez más, de personas estrechamente relacionadas con nuestro Municipio».

Por tal motivo instaron a los Concejales del PJ a que soliciten «de manera urgente un informe al Sr. Intendente Sergio Varisco, sobre la inacción y absoluto desinterés demostrado en relación a la mencionada vinculación, como así también, a que ponga en conocimiento de los paranaenses, en caso de existir, las medidas preventivas y de seguridad adoptadas para resguardar a nuestra ciudadanía y garantizar el correcto funcionamiento del municipio».