Proponen una Comisión para investigar los nexos del Gobierno de Cambiemos con el narcotráfico

El proyecto de Ordenanza fue ingresado por la presidenta del bloque del FPV en el Concejo Deliberante de Paraná, Cristina Sosa. Quedarían excluidos de integrar el organismo los ediles de Cambiemos, Pablo Hernández y Emanuel Gainza, mencionados en la causa.

Por Pablo Urrutia.

Continúan las repercusiones de la investigación que desarticuló la banda dedicada al narcotráfico en la ciudad de Paraná y otras localidades de Entre Ríos y Santa Fe, liderada por los hermanos Celis, y cuya actividad dentro del Estado Municipal, según la resolución emitida por el juez federal Leandro Ríos, fue facilitada por el propio intendente de la capital provincial, Sergio Varisco, con la intervención de algunos concejales y funcionarios.

A pesar de haber establecido claramente esas vinculaciones y plasmarlas en el mencionado documento oficial, Ríos, decidió circunscribir la acción judicial a los integrantes de la banda narco y desvincular a quienes, según sus propias palabras, facilitaron el acceso a la estructura municipal para desarrollar desde allí, con los recursos del Estado, la actividad ilícita. De la lectura de la resolución, de las escuchas filtradas a los medios y de las declaraciones testimoniales, surgen los nombres de, además del propio intendente Sergio Varisco, los funcionarios Griselda Bordeira, subdirectora de Seguridad Ciudadana y funcionaria policial; Roberto Sabbioni, titular del Centro de Integración de los Servicios Públicos; y los concejales Pablo Hernández (UCR) y Emanuel Gainza (PRO). Además de los detenidos e imputados, Director y Subdirector de la Unidad Municipal Nº2.

La decisión del Juez causó sorpresa y fue incluso tratada en medios nacionales como el programa de investigación ADN, que se emite los domingos por la señal de TV C5N. el Intendente salió rápidamente a destacar su desvinculación de la causa, sin embargo en amplios sectores de la ciudadanía y entre los concejales de la oposición, quedaron muchas preguntas sin responder.

En ese sentido, este lunes, se realizó la primera reunión de vecinos y organizaciones sociales en vistas a la conformación de una Multisectorial para exigir respuestas institucionales respecto a la asociación descubierta por el Juez. Este jueves, el colectivo ciudadano tendrá su segundo encuentro. Paralelamente, la novedad que se conoció en estas últimas horas, refiere al ingreso de un proyecto de Ordenanza, presentado por la presidenta del bloque de concejales del Frente Para la Victoria, Cristina Sosa, que propone la creación de una comisión investigadora en el seno del HCD.  Bajo el nombre, “Comisión del HCD para desentrañar los alcances de la estructura delictiva edificada dentro del Estado Municipal”, estaría integrada por “la totalidad de miembros del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.)  con excepción de los concejales mencionados en el dictamen  del Juez federal”, según se desprende del texto del proyecto. Además de representantes de organizaciones de la comunidad, de universidades, de la Defensoría del Pueblo, y un representante por cada partido político con representación en el órgano legislativo local.

En la argumentación del proyecto de Ordenanza, se hace mención textual al documento emitido por el juez Ríos, en aquellos tramos tocantes a las relaciones con el Gobierno municipal, sus funcionarios y los ediles electos por Cambiemos. Lo cual vuelve a instalar el debate en el HCD.

Los excluidos

Como se desprende de la iniciativa ingresada por la concejal Cristina Sosa en el Concejo Deliberante, habrá al menos dos ediles que quedarán excluidos de la conformación de la “Comisión del HCD para desentrañar los alcances de la estructura delictiva edificada dentro del Estado Municipal”. Uno de ellos es Pablo Hernández, quien aparentemente habría actuado como uno de los nexos principales entre Daniel Celis y el Intendente, y aparece en reiteradas oportunidades en las escuchas y declaraciones que forman parte de la investigación. El edil, muy cercano a Varisco y de larga trayectoria militante en la UCR, fue citado como testigo por Leandro Ríos. En una de las escuchas divulgadas en los medios, Hernández dialoga directamente con Celis a quien saluda como “querido amigo”.

El otro de los concejales que estaría impedido de formar parte de la Comisión es Emanuel Gainza, quien ingresó por el PRO en el marco de la alianza Cambiemos. Este sea tal vez un dato sorprendente ya que hasta el momento el joven dirigente del partido del presidente Mauricio Macri, no había sido relacionado al escandaloso caso. Lo cierto es que una de las declaraciones lo ubica en una reunión con los líderes de la banda, junto a Varisco y Hernández.

Si bien el mismo testimonio indica que Gainza no habría participado de los encuentros en la casa del acusado de ser líder de la banda narco a los que concurrían el actual Intendente de Paraná y el concejal Hernánez, hay testimonios fotográficos que lo retratan en un festejo en el Club Atlético Avenida Ejercito, organizado por Celis, después de haber ganado las elecciones municipales.

Un posible tercer impedido de integrar la Comisión propuesta, es el edil Santiago Gaitán, de procedencia peronista pero que en las últimas elecciones formó parte de la lista de Cambiemos. Las razones para la exclusión de Gaitán son totalmente ajenas a la causa de la banda narco y están basadas en la reciente condena a dos años y seis meses de prisión condicional que pesa sobre su persona por los delitos de Fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en concurso ideal, cometidos en 2006 cuando ocupó el cargo de presidente de Vialidad provincial.

Para la Sala I de la Cámara del Crimen, integrada por Elvio Garzón, Ricardo Bonazzola y José María Chemes, quedó acreditado “un convenio de pago por parte de Vialidad provincial al empresario” Osvaldo Issel, titular de Neriki S.A. Además de Gaitán fueron condenados con la misma pena el empresario mencionado y el abogado Flavio Emilio Torrealday, apoderado legal de la repartición que dirigía el actual concejal de Cambiemos. La condena por el pago de un beneficio del organismo estatal a la empresa por el monto de 1.199.662,60 pesos, incluye una multa de 60 mil pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo aún no está firme, pero el tenor de la condena sería una razón suficiente para que el concejal abandone su banca. A pesar de que Gaitán impugnó la acusación y apelará la sentencia, si situación procesal será un dato a tener en cuenta a la hora de determinar quienes podrán conformar la Comisión propuesta para investigar las relaciones del Gobierno municipal con la organización narco.

“Las referencias en citas concretas del intendente Varisco, y los concejales Hernández y Gainza, deberían ser resueltas por el mismo bloque oficialista Cambiemos y las respectivas  autoridades partidarias”, sugiere el texto del proyecto.

La sesión

La próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná está prevista para el próximo lunes 31 de julio a partir de las 9:30. Allí tomará estado parlamentario el proyecto de Ordenanza presentado por Cristina Sosa, “para desentrañar los alcances de la estructura delictiva edificada dentro del Estado Municipal”, en referencia a lo develado por el juez Leandro Ríos, y es de esperar que su presentación y argumentación encienda nuevamente el debate en torno a la causa más escandalosa en los últimos tiempos en la capital entrerriana.

Texto completo del proyecto

En el siguiente enlace puede verse el texto completo de la iniciativa presentada este jueves por la presidenta del bloque de concejales del Frente Para la Victoria de Paraná:

Ordenanza Comisión HCD-Narco