Media sanción para el proyecto oficial de penalización de la corrupción empresaria

La ley de Responsabilidad Penal Empresaria que permite que los titulares de empresas sean juzgados por actos de corrupción y otros delitos establecidos en el Código Penal, obtuvo la aprobación de la Cámara baja.

Pese a haber obtenido aprobación en general en la Cámara, respecto de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, el oficialismo recibió un revés en la votación en particular: el artículo 37 -el más cuestionado porque supone un formato dudoso como investigación para casos de defraudación y corrupción empresaria- fue rechazado con 131 votos en contra y 87 a favor. Luego de la luz verde parcial, será girada al Senado para su aprobación final. En el texto original, este punto de la norma proponía que las empresas involucradas en casos de corrupción podían hacer “acuerdos administrativos” con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Desde la oposición lo tildaron de inconstitucional y acusaron al Gobierno de querer “atribuirse cuestiones que no le pertenecen”.

Debate intenso

Luego de un largo y tenso debate, Cambiemos propuso una modificación leída por el diputado Luis Petri, que incluía la intervención de la Sindicatura General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el socialismo se pronunciaron en contra. Fernando Sánchez (CC-ARI) fue el primero en defender el artículo argumentando que permitirá saber “los nombres de los funcionarios públicos” que hicieron negocios con más empresas: “Da la posibilidad de ayudar, no estamos entregando a nadie, salvo a los culpables”. En sintonía, Petri explicó que la ley en general es “imprescindible” para investigar la corrupción del futuro pero “para el pasado hay que votar este artículo”.

Oposición

En la otra vereda, además del FPV, quien llevó la voz cantante fue el massismo. Graciela Camaño manifestó: “Cambiemos sabe que propone algo inconstitucional. No busquen atajos para atribuirse cuestiones que no les pertenecen”.

Luego, Rodolfo Tailhade (FPV) le contestó con vehemencia a Sánchez: “No me vas a correr con la corrupción. Te mandó a negociar Macri. Con este artículo quieren llevar información a la Justicia sesgada, no integral. Votamos en contra”. Stolbizer (GEN), también fue muy dura: “El acuerdo era que el artículo 37 volaba. Ahora nos quieren correr con un discurso distinto para hacernos creer que los únicos que pelean por la corrupción son ellos. El Ejecutivo no puede celebrar acuerdos judiciales. Votamos en contra de cualquier modificación”. A raíz de esto, la discusión derivó en si se permitía votar una propuesta alternativa de la diputada Ciciliani (Socialista). Desde el FPV rechazaron esta posibilidad porque para este artículo no había dictamen de minoría y, por ende, no correspondía votarse. Pedían que el debate finalizara con el artículo 37 caído. Sin embargo, Cambiemos, impulsado por el propio Emilio Monzó, recurrió al reglamento de la Cámara para explicar que sí era posible. Según los artículos 157 y 162, la propuesta de Ciciliani podía ser votada, que Massot anticipó que el oficialismo apoyaba. Tras un cuarto intermedio, el mismo Massot informó que “no hubo unificación de interpretación” del reglamento para votar el nuevo artículo. Esto fue celebrado por Héctor Recalde, quien manifestó su adhesión.

Imprescriptibles

En el marco del debate quedó con media sanción que los delitos vinculados a la corrupción pueden ser imprescriptibles y podría transformarse en ley, si la Cámara de Senadores sanciona definitivamente el proyecto que ayer miércoles debatió y aprobó la Cámara de Diputados. La modificación fue propuesta por la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador, y responde a un viejo reclamo del bloque de Sergio Massa. En la misma discusión, en el marco del proyecto de responsabilidad penal de las empresas, el bloque del precandidato a senador por 1País logró que el cuerpo aumente las penas previstas para el delito de defraudación a la administración pública, que ya no será excarcelable. En el massismo interpretan esta votación como un “cambio profundo” porque ahora se va a poder “perseguir a los funcionarios y a los empresarios corruptos”. Para los delitos de corrupción, las penas se aumentaron cuatro años para que no sean excarcelables y no hay cárcel en suspenso. Ambas propuestas tuvieron un contundente apoyo de la Cámara. La imprescriptibilidad se aprobó con 123 votos a favor, 79 en contra -el Frente para la Victoria- y 13 abstenciones. El aumento de penas fue más cerca de la unanimidad: 195 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones.

Fuente: El Diario