La justicia rechazó el pedido de prescripción de la causa de abuso sexual contra el cura Moya

El “Cura payador”, Marcelino Moya deberá ir a juicio por abuso sexual de niños que estaban a su cargo. La defensa había solicitado la extinción de la acción penal debido a la antigüedad de los hechos, lo que fue rechazado por el juez Zaburlín.

Este viernes el juez de Garantías Carlos Ramón Zaburlín resolvió el rechazo a la prescripción de la “acción penal” contra el cura Marcelino Moya, pretendida por los abogados defensores Néstor Fabián Paulete y Rubén Darío Germanier. Además el magistrado hizo lugar al pedido de los querellantes, Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, para que el expediente sea elevado a juicio, por lo que el “cura payador”, como se lo había apodado, deberá enfrentar el proceso por el abuso de niños que estaban a su cargo cuando era confesor de monaguillos en la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay.

Afuera del edificio judicial donde se le comunicó a Moya y su defensa que deberá enfrentar el juicio por los hechos cometidos hace 25 años, familiares de las víctimas y allegados esperaron pacientes la resolución sin importarles la tenue llovizna que hizo más larga la espera. Cerca de las 13 se conoció el duro revés para el cura y su estrategia de dilatar el avance de la causa. Para el círculo cercano a los denunciantes se estaba dando un gran paso, y algo similar entendieron los abogados querellantes apenas concluido el acto judicial.

«Esperamos que siga el juicio como es debido hasta el debate y se pueda cumplir con la acusación como corresponde, y que sea condenado. Ha sido un paso muy importante que no haya prescripto la causa», valoró en diálogo con la prensa el abogado Florencio Montiel.

Así se explayó sobre la cuestión de fondo, el tratamiento del planteo de la prescriptibilidad del delito que reclamaba Moya. «Por el transcurso del tiempo a veces se adquieren o se pierden derechos. Acá se buscó que se extinga la acción penal. Hay que mencionar a la Fiscalía que ha hecho una exposición muy buena, en consonancia con lo que nosotros hemos manifestado, y el juez ha fallado que la causa no prescribió, que es lo más importante», fundamentó el penalista. Montiel, después una resolución que puede marcar un precedente, brindó declaraciones en las que claramente establece conexiones entre el destino de esta causa y lo que pueda suceder con el proceso que se tramita contra Justo José Ilarraz. «Todo está supeditado a lo que pueda pasar en la Corte Suprema con el recurso presentado por la defensa de Ilarraz», aseguró el profesional. Se trata del recurso extraordinario federal presentado por el abogado Juan Ángel Fornerón ante el máximo tribunal del país, y que todavía espera una definición. Allí el abogado insistió con el argumento de la prescripción, por el paso del tiempo desde que sucedieron los hechos y el momento en que se hicieron las denuncias por abuso. Al parecer, es la misma estrategia legal que seguirán los defensores de Moya. Ahora el expediente pasará a manos del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que deberá resolver en relación al recurso impulsado por los defensores contra el fallo del juez Zaburlín. «Vamos a hacer todo lo posible para que esto avance, porque entendemos que lo que pueda suceder con el recurso en la Corte de la defensa de Ilarraz puede ser paradigmático. Va a haber un antes y un después», reflexionó Montiel. Por lo pronto, el lunes a las 11 en los Tribunales de Villaguay se llevará a cabo una audiencia de depuración de pruebas, en la que intervendrán todas las partes y luego el juez actuante enviará las actuaciones a la costa del Uruguay.

Moya, suspendido en sus funciones, está imputado por dos delitos: corrupción agravada de menores y abuso simple. Ayer asistió nuevamente a una audiencia, por lo que se dispuso un estricto operativo policial, en el que intervinieron alrededor de 30 efectivos, para evitar que tenga contacto con los manifestantes que se habían apostado sobre la calle.

Dudosa enfermedad

Marcelino Moya pasa sus días en la casa de su madre, en María Grande. Había estado internado durante los primeros días de enero en el hospital San Martín de Paraná, por un grave problema de salud. Si bien nadie lo quiso confirmar, los abogados querellantes sospechan que estaría afectado por una enfermedad de transmisión sexual. Por el mismo cuadro debió ser derivado a otra provincia para continuar con su tratamiento. De hecho la querella formuló un pedido para que se levantara el secreto profesional a las médicas tratantes de Moya, pero que recibió el rechazo de un tribunal de alzada. Esta circunstancia demoró la pericia psicológica solicitada por la querella e incluso se temió que pudiera entorpecer el avance de la investigación. Finalmente, el sacerdote comunicó a través de su abogado que se negaba a realizar esta medida.