Con la presencia de más de treinta organizaciones vecinales, sindicales, sociales y políticas y la sorpresiva asistencia de funcionarios y legisladores de Cambiemos, que cruzaron duras acusaciones, se conformó una Multisectorial para actuar ante la justicia.
Por Pablo Churruarín
Se llevó a cabo la reunión convocada por la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná para la conformación de una Multisectorial que defina acciones a seguir, dada la grave situación institucional que atraviesa al Estado municipal vinculado a la causa sobre narcotráfico que provocó la detención de una veintena de personas, muchas de ellas con cargos o contratos en el Municipio. El primer encuentro se realizó este lunes, a las 20, en el Centro Comunitario de la Comisión Vecinal del barrio Mitre.
La resolución del juez Leandro Ríos, que develó las relaciones entre la banda narco liderada por los hermanos Celis y el Gobierno municipal de Paraná, causó un fuerte impacto entre los ciudadanos. Sin embargo, en ese mismo documento, el Magistrado dejó en claro que no continuará indagando sobre las relaciones políticas y centrará la investigación en el accionar delictivo de la organización que utilizó recursos y logística del Estado local para el almacenamiento y traslado de la droga. En el camino quedaron muchas preguntas sin responder.
Muchos de los asistentes, de más de treinta organizaciones vecinales, políticas, sociales y sindicales se sorprendieron por la presencia de cuatro funcionarios cercanos al intendente, dada la naturaleza de la convocatoria: el Secretario General y de Derechos Humanos de la Municipalidad, Eduardo Solari; los concejales de Cambiemos, Claudia Acevedo y Carlos González y el Subsecretario de Promoción Productiva y Cultural de Programas Nacionales, Eduardo Cáceres.
Guillermo Taramasso y Alicia Glauser, en nombre de la Asamblea Ciudadana comentaron la preocupación que originó la convocatoria y agradecieron la presencia de las organizaciones que se habían acercado a interiorizarse sobre la Multisectorial. Destacaron también la concurrencia de las autoridades oficialistas y de los concejales opositores Cristina Sosa y Enrique Ríos, y rápidamente hicieron circular la palabra entre los presentes.
María Luz Piérola, en representación de la Asociación de ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa” manifestó el interés por debatir, amén de una situación delictiva, “qué modelo de provincia, de país y de ciudad queremos”. “Exigimos la investigación a fondo de lo que pasa con el narcotráfico”, expresó.
María de los Ángeles, una de las integrantes de la Asamblea Vecinalista, que también agradeció la presencia de los funcionarios municipales, expresó: “Nos sentimos solos, nos sentimos sin respuestas a muchas situaciones que están pasando en la ciudad. Necesitamos respuestas”.
La secretaria de la Vecinal Colinas al Sur, Bibiana Fehr, en la misma línea manifestó: “Exigimos respuestas del intendente, respuestas a los pedidos de informes que presentaron los concejales. Recorremos la ciudad de punta a punta y vemos que la ciudad está abandonada. Tenemos una ciudad turística pero en estas vacaciones de invierno recorrerla da pena”. Hizo un repaso de los problemas que han reclamado en reiteradas oportunidades a las autoridades municipales y que aún no tienen solución y solicitó a los funcionarios que contesten los pedidos de informes que han presentado los concejales.
Rafael Vicentín, en representación de Apyme y del Partido Solidario, expresó: “Creemos que es un problema grave no sólo por el hecho en sí de las vinculaciones que se han ventilado en el Juzgado Federal de Paraná, sino porque esto agrava las políticas de ajuste que se lleva adelante en el país. De la mano de la aplicación de las políticas neoliberales en México se dio el crecimiento exponencial del narcotráfico y a continuación el desastre social, político e institucional que conocemos. Queremos sacar este tema de los ámbitos palaciegos, porque afecta a la vida y al futuro de nuestros hijos”.
Permanentemente se suscitaban reclamos que iban más a allá de la convocatoria específica de esta multisectorial. Tal el caso de la representante de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), Teresita Luque, quien criticó la ausencia de políticas públicas para atender a las personas en situación de calle. “En este momento en nuestra ciudad hay gente que está comiendo gracias a la solidaridad de los vecinos. ¿Cómo piensan resolver el tema de las personas que pasan hambre y mueren de frío?”, interpeló a los funcionarios presentes. También lamentó el silencio que imperó en los medios de comunicación de la ciudad sobre las vinculaciones políticas del narcoescándalo.
En la circulación de diferentes voces, Sandra Guevara, presidenta de la vecinal anfitriona expresó también la gran preocupación de la Asamblea Vecinalista por la situación, fundamentalmente después de ver la resolución del Juez Ríos. “Nuestra gran preocupación es ¿qué hacemos? ¿Pedimos una reunión con el Fiscal de Estado, que nos explique qué podemos hacer como ciudadanos, como vecinalista? ¿Decimos acá no ha pasado nada o realmente averiguamos? Es la primera vez que vemos que pasa algo de esta gravedad” manifestó alarmada.
Maria de los Angeles Scetta, vecinalista de Bajada Grande, consideró que “el tema del ‘narcomunicipio’ nos ha traído muchos problemas a los vecinalistas. Queremos que salgan a decir la verdad de las cosas”. Manifestó que cuando solicitan ayuda al municipio “me dicen no tenemos un camión para llevarle ladrillos a una chica que se le quemó la casa y los vecinos nos dicen ‘pero tenían camiones para llevar droga’”. “El pueblo los eligió y exigimos respuestas” reclamó.
Otro tema que no estuvo ajeno a los reclamos fue en referencia al Centro de Prevención de Adicciones de la Municipalidad (Cepla). Maximiliano Musto, ex subdirector del dispositivo de contención juvenil, denunció por un lado la presencia del narcotráfico en la estructura estatal y por el otro la desarticulación de políticas públicas preventivas en adicciones, como caras de la misma moneda. “El Cepla es una obra que está abandonada y el dispositivo desfinanciado por una decisión política del intendente Varisco. En diciembre de 2015 la obra tenía un avance del 48% y en marzo de 2016 se les pidió que se fueran a quienes quedaban del dispositivo que trabajaban en el SUM de Anacleto Medina Norte”.
Marina Virgilio, que se expresó como una ciudadana preocupada por la situación, manifestó que “los funcionarios de Cambiemos deben dar explicaciones sobre la vinculación del narcotráfico en la Municipalidad de Paraná. Los cuatro funcionarios presentes nos deben dar explicaciones. Si es verdad que la campaña fue financiada por el narcotráfico, esas elecciones no son legítimas”, sentenció. En relación a la contraprestación acordada entre el intendente Varisco y Daniel Celis que el juez Ríos descubrió en su investigación, enfatizó: “Han colocado en planta a personas que están vinculadas al narcotráfico, incluyendo al concejal Hernández y a la subsecretaria de seguridad Bordeira. Se suponía que tenían que ser campañas transparentes, pero fueron financiadas por el narcotráfico. Deben dar las explicaciones a la población”. “Queremos saber si esas personas que son funcionarios o ejercen algún cargo y están presas siguen cobrando sus sueldos”, finalizó.
A su turno, Manuel Ramat, docente e histórico militante sindical y referente en derechos humanos expresó: “Realmente no me satisfacen las explicaciones que den (en referencia a los funcionarios presentes) porque van a sonar más a excusas que a argumentos válidos. Si uno lee detenidamente el fallo del juez Ríos se ve que hay una incoherencia en el discurso absolutamente evidente. Lo que él habla en los fundamentos, donde detalla toda la vinculación y la alianza política existente entre el municipio y una banda narco liderada por el “Tavi” Celis y después, cuando va a fallar y a definir a quién procesa y quién va a ser acusado, hace algo totalmente distinto. Parece que lo han apretado, y sabemos mucho de aprietes para cambiar el destino de un fallo. Ofende a nuestra inteligencia que nos den excusas que intenten tapar esto”. En relación al Intendente Varisco manifestó: “Yo no quiero estar conducido en el municipio de mi ciudad por alguien que haga alianzas con los narcos. No vine a escuchar excusas. No todo vale para llegar al poder. Queremos recuperar aquella ciudad por la que podíamos caminar por la noche tranquilamente. Algunos están procesados y otros no están procesados por la tremenda influencia política de quien maneja las decisiones.”
Gina, exdirectora de una escuela primaria de Paraná, hizo un repaso de los problemas que ocasiona el narcotráfico en la escolarización en barrios marginados y expresó: “Ya vivimos el terrible problema de la droga en 2001 y ahora se está viviendo nuevamente. No tuvieron consideración de los niños y adolescentes. No podemos tener personas así dentro de la municipalidad. Si esto no se para, va a seguir y cada vez va a ser peor”.
En representación de la CTA de los Trabajadores se encontraban presentes Pablo Chiaradia, secretario de juventud de CTA Paraná, y Luis Galligo, Secretario General de CTA Entre Ríos. Chiaradía manifestó: “Estamos acá porque no hemos encontrado respuestas ante un Estado ausente. Los pueblos se organizan para defenderse cuando no hay quién los defienda. El narcotráfico es un negocio ilegal que se maneja en un marco de violencia y esa violencia se potencia y cada vez es más grave. Los argentinos no vamos a terminar como en México porque hay voluntad del pueblo para organizarse y frenar esto”. A su turno, Galligo expresó: “Esto que le pasa a la ciudad de Paraná, ya pasó en Santa Fe. El narcotráfico le financió la campaña al Socialismo y le puso el Jefe de la Policía (que hoy está detenido por su complicidad con el narcotráfico). Acá puso varios funcionarios”.
El dirigente sindical afirmó además: “Nos acusaban de juntar los votos repartiendo choripanes, pero hoy se juntan los votos repartiendo ravioles de cocaína y marihuana y esto lo tenemos que parar organizándonos. El intendente de Paraná tiene que salir a dar respuestas. Venimos acá a organizarnos, a juntarnos y a presionar a este representante que es un indigno, porque sabemos todos que esa campaña estaba bancada por el narcotráfico, que para muchos de nosotros no fue una sorpresa, porque nosotros sabíamos perfectamente con quién caminaba las calles el intendente de Paraná”.
Como todos los dardos estaban dirigidos a los funcionarios presentes, uno de los momentos de tensión se vivió cuando una de las vecinalistas interrumpió las alocuciones y los interpeló: “Estamos viendo la cara de sorpresa de ustedes, como que se ríen de lo que estamos diciendo. Acá hay varios actores de la sociedad paranaense y me duele que se rían, creo que no son mentiras lo que estamos diciendo”. El concejal González evitó la respuesta preguntándole si era psicóloga como para analizarlos a distancia. La vecinalista le contestó: «No, soy educadora y soy muy perceptiva».
Fue entonces cuando la concejala de Cambiemos Claudia Acevedo, tomó la única palabra oficial que se escuchó públicamente y dijo: “Nosotros no estamos fuera de una sociedad que se ve afectada por las drogas. Nos preocupa sobremanera lo que está haciendo la droga en la ciudad, sobre todo con los jóvenes. Los entiendo a ustedes porque ustedes están viendo las cosas desde un lugar que nosotros no estamos viendo, porque tenemos distintas observaciones de algún caso en particular. Nosotros desde el poder ejecutivo hicimos lo que teníamos que hacer. Dejemos a los que están siendo sometidos a un juicio fuera de la Municipalidad, están presos todos los que estuvieron afectados. Nosotros brindamos toda la información a la justicia. Colaboramos en todo lo que estaba a nuestro alcance. Le abrimos la puerta de la Municipalidad a la Justicia».
Luego intentó minimizar las acusaciones aduciendo motivaciones políticas en los planteos: “Yo sé que lo que les diga no les va a convencer porque ustedes tienen un tinte político. Se nota el discurso político que hay”. En referencia a las acusaciones de la CTA respondió: “No les puedo permitir que digan ustedes que es indigno, porque él fue elegido por la ciudadanía paranaense. Sergio Varisco no es ningún indigno”.
En referencia al murmullo de los presentes que refutaban la acusación de parcialidad política y mencionaban una vinculación sentimental entre el intendente y la concejala, expresó: «Yo soy la mujer de Varisco y lo voy a defender a muerte, porque creo en su persona. Pero más allá de eso, hace 30 años que estoy al lado de Sergio Varisco y sé muy bien que grupo conformamos nosotros”.
Acevedo también desestimó las acusaciones del Juez Ríos que tiene detenido entre otros al Director y Subdirector de la Unidad Municipal N° 2 al afirmar: “No está comprobado que se haya trasladado droga. No hay un camión que se pueda comprobar que haya trasladado droga. No salgamos a decir cosas que creemos, sin pruebas”.
Cristina Ingleson, integrante de la Fundación Mujeres Tramando, manifestó que “la vinculación del narconegocio con el municipio de Paraná nos parece absolutamente grave y necesitamos darnos una conformación organica para poder avanzar, no tanto en el enojo y en el gasto de energía sino en cosas concretas. Ver cómo nos conformamos en multisectorial y buscamos el apoyo legal de algún abogado patrocinante y vamos a la justicia a pedir explicaciones. El juez Ríos lo planteó en su fallo, y está debidamente acreditado pero no avanzó en esa línea”.
Angie Galán, presidenta de la Vecinal de Barrio El Sol desde hace cinco años, quien se definió también como militante política, manifestó que durante la el acto eleccionario de 2015 denunció que los punteros de su barrio “les ofrecían una bolsa de ‘merca’, 100 pesos y un bolsón” a cambio de votos a jóvenes desde los 16 años. “El narcotráfico viene de antes, pero que financie una campaña, viene de esta”. El narcotráfico es criminal, porque mata pibes, y cada vez más chiquitos”. También, como integrante de la Secretaría de Juventud de la Provincia manifestó que estudios que han realizado desde un observatorio determinaron que la mayor problemática entre los jóvenes son las adicciones, en un 86%, por lo que la desfinanciación de los dispositivos de prevención adquiere mayor gravedad.
Finalmente la reunión terminó convocando a un nuevo encuentro de una comisión redactora para el jueves próximo, en el mismo lugar, en donde se plasmaría por escrito el pedido a realizar a las autoridades judiciales.
Al retirarse visiblemente ofuscado, el Secretario General de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Solari y ante una pregunta de este cronista sobre sus apreciaciones, volvió con el argumento de la intencionalidad política de la convocatoria: “Esto no es una asamblea de vecinalistas, esto es una asamblea de gente que tiene una posición ideológica y política, cosa que esta bárbaro, estamos en democracia, pero no es una asamblea independiente, entonces no vale la pena hablar. Nosotros vinimos a hablar de cualquier tema, pero a una asamblea independiente, no a una asamblea política”, concluyó.