Renunció Gerente de la empresa que realiza las liquidaciones de sueldos a docentes

Gastón Guillerón, Gerente de Proyectos de Lemondata SA comunicó que a partir del 1º de julio dejará el equipo de trabajo. La empresa cordobesa viene siendo duramente cuestionada por el gremio docente debido a los sucesivos errores en el pago de los salarios.

Los docentes vienen criticando a la empresa desde que el CGE celebró el acuerdo con Lemon Data, en diciembre del año pasado.

“He decidido ir en la búsqueda de nuevos desafíos laborales. Así, a partir del 1/7 dejaré de ser parte del team Lemondata” comunicó vía mail Gastón Guillerón, Gerente de Proyectos de Lemon Data SA, la empresa que desde fines del año pasado realiza la liquidación de sueldos de docentes provinciales mediante un acuerdo con el CGE.

Guillerón no aclaró los motivos que lo alejan de la empresa que viene siendo duramente cuestionada principalmente por la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), debido a los sucesivos errores en el pago de los salarios de los trabajadores de la educación, y a las demoras en la disponibilidad del recibo electrónico.

“Me voy muy agradecido con el equipo por todo lo que he crecido personal y profesionalmente durante tantos años y con cada uno de ustedes, por haberme acompañado en diferentes partes de este gran viaje”, expresó el directivo de Lemon Data.

Las críticas

A principios de marzo, la conducción provincial de Agmer volvió a plantear la situación. “A los problemas de visualización de los recibos digitales se suma que no se liquidaron asignaciones familiares”, indicaron mediante un comunicado.

“A varios meses de que los ministerios de Gobierno y de Economía instrumentaran el sistema de recibos digitales y un nuevo mecanismo de liquidación de haberes centralizado en el área Liquidaciones de la provincia, continúan reiterándose problemas en cada nueva liquidación” se quejaron desde Agmer y explicaron que “en esta oportunidad, no sólo pasaron días hasta que se pudieron ver los recibos digitales, sino que el 90 % de los docentes que debían cobrar asignaciones familiares nuevamente no las percibieron, tal como sucedió en el mes de abril”. En ese sentido apuntaron a las “responsabilidades políticas de quienes manejan dichas áreas”.

Además informaron que “se ha solicitado una nueva audiencia al ministro de Economía -quien había comprometido una auditoría interna respecto del funcionamiento del sistema-“.

Pedido de información pública

El 5 de junio, Elentreríos realizó una petición dirigida a José Luis Panozzo, presidente del CGE. Al cumplirse el plazo de 10 días hábiles para la respuesta que establece el Reglamento General para el Acceso a la Información Pública, se indicó que el pedido estaba a consideración de la Vocalía desde el 12 de junio pasado. En tanto, al acudir al cuarto piso del CGE, desde las oficinas administrativas se indicó que todavía no había respuesta.

La novedad fue transmitida por una empleada y de manera verbal. Si bien se pidió regresar en otro momento, no hubo notificación fehaciente y por escrito de una prórroga para la respuesta, prerrogativa que el decreto 1.169/05 GOB prevé en su artículo 12º.

«El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otro de diez (10) días de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada», dice en su primer párrafo. Y añade: «En su caso, el sujeto u organismo requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento, las razones por las cuales hace uso de tal prórroga».

Escrache

Agmer Paraná escrachó a la empresa cuyas oficinas están en Córdoba 585. La medida realizada el pasado 12 del presente mes, “fue resuelta en asambleas en las escuelas y de delegados, porque esta empresa está exprimiendo a los trabajadores; ya que liquida mal los sueldos  y tiene la vaca atada con las licitaciones con el Estado entrerriano”, dijo a AIM, Claudio Puntel, titular del gremio en la capital entrerriana.

En ese sentido, el dirigente dijo que la tercerización del servicio responde “a maquinaria que es para recaudar para los funcionarios y para la campaña, ya que este es un año electoral”, y reclamó que se investigue, también, de quién es el local donde funciona la empresa, ya que “sería del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes”.