Piden 20 y 25 años de prisión para el represor José Darío Mazzaferri

El fiscal acusó al ex policía federal de Concepción del Uruguay por «múltiples delitos cometidos en múltiples ocasiones». Destacó su «sadismo» y dijo que «disfrutaba» de torturar a adolescentes durante la dictadura. La querella solicitó que se investigue si participó en el secuestro de dos desaparecidos.

Por Alfredo Hoffman
para UNO Entre Ríos

En el inicio de la etapa de alegatos en la causa contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri, acusado de graves crímenes de lesa humanidad, el fiscal José Ignacio Candioti pidió este jueves la pena de 20 años de prisión. Consideró que el ex policía federal de Concepción del Uruguay cometió «múltiples delitos» en «múltiples ocasiones», al tiempo que destacó su «sadismo» y el hecho de que «disfrutaba de torturar a adolescentes indefensos». La querella, por su parte, solicitó que purgue una pena de 25 años en cárcel común, al tiempo que solicitó que se abran causas para investigar si participó en el secuestro de dos personas que se encuentran desaparecidas: Julio Solaga y Carlos José María Fernández.

Candioti acusó a Mazzaferri de ser responsable del delito de tormentos en perjuicio de ocho personas, agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, como coautor en todos los casos y en seis de ellos «de propia mano». También lo acusó por ocho privaciones ilegales de la libertad, agravadas por mediar violencia y amenazas y en tres de esos casos por durar más de un mes.

Por otra parte, el fiscal responsabilizó al imputado por los allanamientos ilegales en los domicilios de los presos políticos. Dijo que está comprobado que intervino en tres de esos operativos, al mando del grupo de tareas. Finalmente también lo acusó por el delito de asociación ilícita, ya que integraba y dirigía la patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.

Este jueves se conoció que la defensa pronunciará su alegato el 6 de julio, mientras que para el 27 se fijó la audiencia en que el procesado dirá sus últimas palabras y luego se dará a conocer el veredicto –inicialmente estaba previsto para el 6–.

En esta causa se investigan los hechos ocurridos en Concepción en 1976, durante la última dictadura cívico militar, que tuvieron entre sus víctimas a estudiantes secundarios que fueron detenidos el 19 de julio de ese año y permanecieron cautivos ilegalmente en la PF, donde también fueron torturados. Los jóvenes eran militantes políticos que protestaban contra la dictadura de Jorge Rafael Videla, para lo cual distribuían panfletos que habían impreso con un mimeógrafo. La búsqueda de ese instrumento fue el eje de los interrogatorios, dado que la protesta era considerada un acto de «subversión», y por eso estos episodios se recuerdan como «La noche del Mimeógrafo».

Actos crueles e inhumanos

El fiscal realizó en su alegato un exhaustivo repaso de los testimonios que brindaron las víctimas y otros testigos en la causa, los que involucraron claramente a Mazzaferri como autor de los delitos por los cuales es enjuiciado. Por ejemplo, citó que los jóvenes detenidos aseguraron que él era «el jefe de la tortura física» y era «el que daba las órdenes» al grupo de tareas; que los traslados a la Delegación de la Policía Federal se realizaban en el auto que él manejaba, un Dodge 1500 negro, y que él comandaba la Oficina Técnica, que era el lugar físico de la planta alta donde se realizaban las sesiones de tortura.

En varias ocasiones el acusador público se refirió a la «barbarie de las torturas» que Mazzaferri se encargaba de cometer y de enseñar a sus camaradas cómo practicarlas. Habló de las distintas técnicas que implementaba: el submarino seco, la picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento, empalamientos y «el mayor sufrimiento» según las víctimas, que era obligarlos a presenciar torturas a otras personas. Calificó a esas conductas como «actos crueles e inhumanos», destacó su «sadismo» y exclamó: «Parecía que disfrutaba de la tortura».

Para Candioti, la pena alta solicitada es proporcional al daño causado, no solamente por los padecimientos de aquellos días de 1976, sino también por las graves secuelas físicas y psicológicas que aquellos jóvenes de la década del 70 todavía cargan en sus espaldas. «Perduran los efectos del delito hasta hoy en día», dijo. «Actuaba sobre víctimas indefensas, chicos de escuelas secundarias, víctimas vulnerables, con total impunidad en ese momento y con impunidad futura de la que lamentablemente gozó por mucho tiempo».

Pedido de investigación

Por las querellas alegaron lo abogada María Isabel Caccioppoli y el abogado Marcelo Boeykens, quien a su vez es el coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos. Sobre el final de su extensa exposición, Boeykens solicitó que se corra vista a la Fiscalía para que se investigue la posible participación de Mazzaferri en dos secuestros que finalizaron con la desaparición de las víctimas. En ambos casos, las fechas de las detenciones coinciden con sendas felicitaciones que el represor recibió de sus superiores por su participación en operativos contra la llamada «subversión» y que quedaron asentadas en su legajo.

Se trata de los casos de Carlos José María Fernández y de Julio Solaga. El primero fue detenido el 4 de septiembre de 1976 en la localidad de Teodolina (Santa Fe), por personas de civil que se identificaron como de la Policía Federal. Días después se fraguó un supuesto enfrentamiento en Paraná, en el hecho recordado como la Masacre de la Tapera, donde fueron acribillados Fernández y Juan Alberto Osuna. Fernández permanece desaparecido, mientras que el cuerpo de Osuna fue recuperado por sus familiares.

En el caso de Solaga, su detención fue en calle Damián P Garat al 800, de Concordia, el 22 de noviembre de 1976, también por hombres que se identificaron como de la Policía Federal. Su cuerpo nunca apareció. Ambas felicitaciones figuran como otorgadas en días posteriores a cada uno de esos secuestros.

De la misma manera, pidieron que se investigue la responsabilidad que habrían tenido en La Noche del Mimeógrafo los policías federales identificados por las víctimas como «El Manchado Rodríguez» y «El Cordobés».

Segundo genocidio

El abogado Boeykens se encargó de fundamentar el pedido de la querella de que los delitos de esta causa sean considerados de lesa humanidad y cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, como ya ha entendido el Tribunal Oral Federal de Paraná en fallos anteriores. El primer genocidio es el de los pueblos originarios.

Dijo que fue genocidio porque se intentó la destrucción de un grupo nacional. «Hubo un ataque generalizado, sistemático y discriminado contra la población civil», sostuvo. «Se atacó a personas con el fin de vulnerar sus colectividades de pertenencia. Buscaban que los jóvenes dejaran de militar y de hecho muchos de ellos debieron irse de la ciudad».

Boeykens sostuvo también que «no llamar genocidio al genocidio es agregarle más dolor a las víctimas». Y aseguró que «Mazzaferri fue un engranaje más de la máquina genocida, que hizo aportes esenciales, no banales».

Los querellantes coincidieron con la caracterización de los hechos que hiciera el fiscal y con la participación en ellos del imputado. Caccioppoli remarcó el poder que tenía al momento de que se pidiera su detención, ya que ocupaba un alto cargo en la Policía Federal, y recordó que permaneció prófugo durante más de cuatro años. Mencionó también el incendio intencional que sufrió en su estudio jurídico en 2010, días antes de que presentara el requerimiento de elevación a juicio de la causa Harguindeguy, dando a entender que Mazzaferri podría haber estado detrás de ese ataque.

Fuente: UNO Entre Ríos