La increíble trama de cómo utilizaban logística municipal para distribuir y almacenar droga

Recientemente se conocieron detalles sobre el modo en que desde la Unidad 2 se coordinaban las operaciones de la banda supuestamente liderada por Celis. La justicia federal dio un plazo de 48 horas al Municipio de Paraná para que dé explicaciones sobre el hecho.

Foto ilustrativa.

El avance de la investigación en torno a la banda que trataba de ingresar más de 300 kilos de marihuana traídos en una avioneta desde el Paraguay a la capital entrerriana, no deja que conmocionar a los paranaenses. El juez federal Leandro Ríos profundiza en las relaciones entre la gestión municipal de Cambiemos y la banda supuestamente liderada por Celis, que a esta altura resultan evidentes.

Ya pasaron por el juzgado el concejal Pablo Hernández y la subdirectora de Seguridad, Griselda Bordeira, ambos muy cercanos al intendente Varisco. Ambos admitieron conocer a Daniel “Tavi” Celis, acusado de ser el jefe de la banda narco, y que este trabajó durante la campaña que llevó a Cambiemos al gobierno local.

Recientemente, el periodista Juan Cruz Varela, en una nota publicada en el medio especializado Página Judicial, reconstruyó la trama de cómo se utilizaban vehículos y espacios municipales para la distribución y el almacenamiento de la droga.

Según se indica desde ese medio, el relato parte de las escuchas telefónicas recolectadas durante los meses que duró la investigación, donde surge que Celis habría aportado una suma de dinero millonaria a la campaña electoral de Sergio Varisco a cambio de 40 contratos para allegados y la designación de dos personas de su confianza a cargo de la Unidad Municipal 2 Oeste: Hernán Jesús Rivero y Miguel Carmelo Leguizamón, aquel apodado Cebolla, jefe y subjefe del área.

Rivero es un empleado de planta del Secretaría de Cultura de la provincia. Fue contratado en 2003 para desempeñarse en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y en 2008 fue designado como jefe de la División Prensa, Publicidad e Informática de la orquesta. En 2010 pasó a la Municipalidad de Paraná, hasta 2013; y reingresó en diciembre de 2015, como jefe de la Unidad Municipal 2. Cebolla Leguizamón es quien crió a los hermanos Celis.

Ambos se encuentran detenidos. Su tarea, concretamente, era la de colaborar en el almacenamiento, distribución y venta de marihuana utilizando para ello camiones recolectores de basura afectados a la unidad municipal y que carecían del sistema de GPS, para evitar el seguimiento, localización y rastreo de los vehículos.

El articulador de esa negociación entre el equipo de campaña –tal vez el propio Varisco– y el jefe narco fue Pablo Hernández, que llegó a ser concejal como parte del acuerdo. El dato también surge de las escuchas telefónicas, y por eso el edil debió declarar hace unos días como testigo ante el juez Leandro Ríos.

Varela asegura que lo que más sorprendió a los investigadores fue el nivel de penetración de la banda narco en la estructura municipal. Tenía el control absoluto de la Unidad Municipal 2 Oeste, a partir de un acuerdo político de alto nivel, y eso le permitía utilizar camiones recolectores de residuos para trasladar la droga de un lugar a otro. Un día, por ejemplo, Daniel Celis llamó al teléfono fijo de la unidad municipal ubicada en calle Pronunciamiento 624 y pidió que le tuvieran listos dos camiones sin GPS porque al día siguiente debía trasladar lo que llamó “cosas” y “muebles” desde algún lugar de almacenamiento hasta San Benito.

Un eslabón importante en este tramo de la cadena era Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Tavi Celis, que trabajaba en la unidad municipal y era quien, se presume, ejecutaba los traslados de la droga en los camiones.

Ese modus operandi de la banda, quedó al descubierto el año pasado, cuando el 26 de agosto de 2015, la Policía de Entre Ríos llegó hasta una casa de calle Alemanes del Volga, en el barrio Paracao, con el pretexto de la búsqueda de armas en el marco de una causa por una tentativa de homicidio y, en cambio, encontró 1.772 kilos de marihuana en una caja térmica en el fondo de una vivienda. Primero los vecinos contaron que la droga había sido llevada hasta allí en un camión volcador de la Municipalidad y después, el dueño de casa, Sergio Daniel Godoy, empleado municipal, se quebró diciendo que la droga se la había llevado una persona a la que solo identificó por el apodo de Cebolla. Hasta allí el relato periodístico, basado en el expediente de la causa, que realiza Juan Cruz Varela.

A esta altura de la investigación resulta difícil creer que las autoridades municipales no estuviesen al tanto de la actividad que llevaba adelante la banda en el marco de la estructura municipal y por eso el juez Leandro Ríos, este lunes, libró un oficio para que la Municipalidad informe en el plazo de 48 horas la relación contractual de “María Fernanda Orundes Ayala, Miguel Carmelo Leguizamón, Hernán Jesús Rivero, Renzo Bertana y María Laura Zurita”, detenidos en la causa.

En ese mismo sentido, el Gobierno de Cambiemos deberá presentar detalle sobre “la totalidad de la flota de vehículos, motovehículos, maquinaria pesada y de transporte asignados a la Unidad Municipal Nº2 Oeste y el Volcadero”.

Además, Ríos quiere saber de “todos los vehículos que por cualquier motivo hayan sido afectados de manera temporal a la misma, indicando expresamente numeración asignada y aquellos que poseen GPS o cualquier sistema de rastreo o seguimiento”.

Por último, el juez solicitó que se le informe “si Daniel Andrés Celis y Cristián Javier Silva son o fueron funcionarios, empleados o contratados de cualquier carácter en la Municipalidad de Paraná”.

Hasta el momento, desde el Gobierno local se ha mantenido un llamativo silencio al respecto. Ningún funcionario o concejal de la ciudad ha emitido opinión alguna y tampoco la situación ha sido considerada en las cámaras legislativas provinciales, a pesar de la extrema gravedad que revisten los hechos.

Fuente: Página Judicial; InformeDigital.