Gremios cordobeses dicen que es ilegal e inconstitucional la ley que regula el derecho a huelga

Todos los sectores gremiales reclamaron en la Legislatura contra la aprobación de la ley de prestación de servicios esenciales para aplicar en casos de conflictos gremiales.

Afirman que hubo un aprovechamiento “del humor social” e informaron que irán a la justicia para que se declare inconstitucional. Al apuro de la Legislatura de Córdoba por sancionar la ley que regula el derecho a protestas, se le opuso, organizada con rapidez, una movilización en los alrededores de todos los sectores gremiales.

Particularmente gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) le dijeron que no a la norma, surgida después del conflicto en el transporte urbano. La noción de ‘regular’ la prestación de servicios por considerarlos básicos y el hecho de difundir con varios días de anterioridad una protesta son los puntos de oposición.

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, escogió estar del lado de afuera de la Unicameral, se ausentó de la votación pese a ser parte del bloque oficialista y consideró que “regular el derecho a huelga es ilegal e inconstitucional”.

Desde la Bancaria, Raúl Ferro consideró la situación como “terrorífica” y “una derrota en la incapacidad del poder político”. Y agregó: “Eligen amordazar a los trabajadores con una ley en la que no discuten con los actores. Se sabe que si hay un conflicto en el que te pisan la dignidad, te atropellan, por más leyes que haya no van a tener sentido”.

También los docentes públicos marcaron su postura. Desde el secretario general de UEPC, Juan Monserrat, quien indicó que buscan “congraciarse con el humor social”, hasta Zulema Miretti, la secretaria adjunta, que opuso como argumento el hecho de que no haya habido quórum en el Congreso de la Nación para su tratamiento.

Servicios esenciales

La norma, impulsada por el gobernador Juan Schiaretti, establece como «servicio esencial» el transporte público de pasajeros, por lo que ante un conflicto laboral que derive en un paro de actividades, «deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal» para que no se interrumpa en forma total el servicio, informó la prensa local.

El organismo que establecerá en qué condiciones debe garantizarse ese servicio mínimo será una comisión técnica, que estará conformada por cinco miembros propuestos por el Poder Ejecutivo y avalados por el Legislativo.

Además, quienes prestan un servicio de ese tipo deberán avisar con cinco días de anticipación que realizarán una medida de fuerza al Ministerio de Trabajo de la Provincia, para que se adopten las medidas necesarias.

Para quienes infrinjan la ley y «obstaculicen, alteren o suspendan la prestación de servicios públicos o esenciales» podrán recibir «hasta tres días de arresto».

En declaraciones radiales, el legislador Oscar González (Unión por Córdoba) afirmó que el proyecto «se aprobó con un resultado contundente», esto es «57 votos a favor, 5 en contra y 8 legisladores ausentes».

Todos los bloques estuvieron en el recinto y solamente se ausentaron los legisladores del sector gremial: José Pihen, titular de la CGT e Hilda Bustos (Gráficos).

En tanto, los legisladores kirchneristas Carmen Nebreda y Franco Saillén pidieron el uso de la palabra y luego se retiraron a la movilización gremial convocada afuera del recinto.

El gran punto de discusión entre quienes estaban a favor y en contra de la iniciativa es si Córdoba tiene competencia para legislar sobre temas que son inherentes a la Constitución Nacional, como es el derecho a huelga.

Fuente: infogremiales y ámbito.com