De la estigmatización a la judicialización de la protesta sindical

Sólo quien niegue o desconozca la extensa historia de los movimientos de los trabajadores en el país, puede pretender que ciertos reclamos se reduzcan a meros trámites administrativos o que esa misma historia sea calificada por la nobleza u honestidad de los dirigentes.

Por Pablo Urrutia

Si un corte de calle, la toma de un edificio, la instalación de una carpa en un espacio público o la suspensión de la prestación de determinados servicios del Estado no son considerados un hecho policial, es porque existe el consenso de que la protesta social o de los trabajadores constituyen un derecho de las personas. Pero ningún consenso es estable y definitivo. Puede ser cuestionado, puesto en duda, desde luego modificado. En tiempos en que los medios de comunicación dominan el centro de la opinión pública, los consensos suelen ser bombardeados hasta hacerlos trastabillar.

Todos los relatos son reversibles y la protesta de los trabajadores tiene su reverso. Desde la visión de la patronal, ese reclamo, es considerado una molestia, una interrupción, incluso un hecho de vandalismo. Cuál de las dos visiones ocupa un lugar hegemónico en el Estado es un asunto determinante para la sociedad.

La detención de los dirigentes de UPCN el miércoles de la semana pasada, versa sobre lo dicho. Sienta un pésimo precedente en la provincia, que ya fue insinuado durante el cierre o suspensión de actividades de empresas privadas en Entre Ríos. El año pasado, la policía actuó para disuadir una protesta gremial por 17 trabajadores despedidos de Entre Ríos Crushing, en Gualeguaychú; y en el conflicto desatado por la negativa al pago de un bono de parte de la empresa Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, los efectivos coparon literalmente la planta “para salvaguardar que todas las actividades se desarrollen en forma  normal”, según las palabras del subjefe de la Policía Departamental, Luis Aguiar. El subjefe, se mostró opinando sobre el conflicto laboral como si fuese él y no otro quien ocupaba la cartera laboral en la provincia. La Secretaría de Trabajo, actuó de forma cauta, cuando no avalando, como en el caso del frigorífico de pollos, donde dio el ok a los directivos para que la empresa propusiera la firma individual del acuerdo para retomar la actividad, rompiendo con el sindicato de la alimentación que sostenía el reclamo. Los trabajadores, aceptaron la rebaja y el pago en cuotas del bono, además del descuento de los días no trabajados mientras la planta estuvo cerrada por decisión de las autoridades.

En el caso de las empresas privadas, el compromiso del Estado con el sostenimiento de las fuentes laborales, suele ser una trampa para el trabajador, que en ese camino pierde todo menos el trabajo.

Volviendo a la detención y procesamiento de los gremialistas de UPCN, es de mencionar que los cinco integrantes de la cúpula sindical, llegaron al Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante para reclamar por la cesantía irregular de una trabajadora y delegada gremial. El objetivo era avanzar en la resolución de un conflicto que llevaba varios días y allí se encontraron con el lugar literalmente copado por la policía. Alrededor de 50 efectivos –lo que hace suponer que algunos fueron derivados de otras departamentales para la acción– movilizados en patrulleros, camionetas y motos estuvieron a cargo del procedimiento. Cabe imaginar que se esperaba una movilización mayor de parte del gremio encabezado por el diputado provincial José Allende. Y si así hubiese sido, cabe también preguntarse cuál hubiese sido el desarrollo de los acontecimientos.

Todo resulta un exceso en la sucesión de los hechos. No recuerda este cronista cuándo antes se había ordenando la prisión domiciliaria por 15 días para gremialistas que protestaban ante un despido.

Pero los contextos son determinantes. Sólo en el marco de un gobierno nacional que pretende avanzar sobre los derechos de la clase trabajadora, deprimir salarios maneando las paritarias, aumentar la edad jubilatoria, flexibilizar contratos, achicar la planta del Estado; no resulta un exceso considerar la toma de un edificio público, la protesta callejera, la instalación de una carpa o el reclamo ante un despido como un hecho delictivo. No es un hecho aislado lo acontecido en Entre Ríos, hace apenas una semana se conocía la noticia de la liberación del secretario General de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar y su adjunto Aldo Capretti. Los dirigentes estuvieron detenidos durante cinco días en una comisaría de la ciudad de Viedma, acusados de agredir a policías durante una manifestación en protesta contra un proyecto de endeudamiento provincial y en este sentido, tal vez el hecho más emblemático sea la detención de la dirigente social, Milagro Sala, presa desde hace un año y medio por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy.

Por eso llama la atención la falta de solidaridad de parte de los gremios provinciales, principalmente del otro gremio estatal. Cuesta comprender que no se considere al hecho en particular como una lisa y llana judicialización de la protesta sindical, amén de Allende, la disputa entre los dos sindicatos y las acusaciones cruzadas. Sólo quien niegue o desconozca la extensa historia de luchas de los movimientos de los trabajadores en el país, puede pretender que ciertos reclamos se reduzcan a meros trámites administrativos o que esa misma historia sea calificada por la nobleza u honestidad de los dirigentes. Interpretar que una acción de esas características desplegadas desde el Estado, sólo irá en un único sentido y se aplicará a un gremio en particular, puede ser un error grave con el transcurrir de los días.

Antes había sido la estigmatización. La «patota sindical» fue el mote elegido por uno de los medios más influyentes de la provincia para designar el accionar de UPCN. Ese medio, parece tener al Secretario General y Diputado provincial, José Allende, como uno de sus blancos principales, pero rápidamente el estigma se difundió y se extendió a todos los afiliados, delegados y dirigentes de menor rango. Cualquier acción del gremio, pasada o presente, fue anudada en ese relato mediático casi hegemónico como parte de una extensa trayectoria de «patoterismo sindical». De ahí a la detención de Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Fabián Monzón y Guillermo Barreira, sólo hubo un paso.

No hay elementos ni razones para suponer que hubo coordinación detrás de los hechos, pero el encadenamiento cronológico de los mismos, permite ver claramente una suerte de continuidad.

Aquél paso de la estigmatización de la protesta sindical a su judicialización, podría no ser el último. El siguiente, de suceder, revelará en su profunda gravedad lo acontecido en Diamante y no será otro que el que desemboque en la criminalización de la protesta de los trabajadores.