Fuerte repudio en Entre Ríos a la decisión de la Corte Suprema

Organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales y dirigentes políticos repudiaron el fallo de la corte que concede el beneficio del 2×1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

Declaración de los organismos de DDHH de Entre Ríos ante un nuevo atropello a favor de la impunidad

Los organismos de derechos humanos de Entre Ríos manifestamos nuestra indignación y repudio ante el más reciente embate de la corporación judicial y política en contra de las conquistas en materia de derechos humanos de los últimos años: el fallo de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera aplicable la ley del 2 x 1 para los condenados por delitos de lesa humanidad.

Este veredicto del máximo tribunal de nuestro país se suma a otras decisiones de un sector del Poder Judicial que venimos denunciando y que adquirieron mayor fuerza desde que el 10 de diciembre de 2015 la alianza Cambiemos asumió la conducción del Estado nacional, como son las prisiones domiciliarias a los represores, la extrema dilación de las causas y fallos que retoman la teoría de los dos demonios y aplican penas bajísimas a los acusados como los del juez Federal de Paraná Leandro Ríos, entre otros beneficios para los autores de estos crímenes aberrantes.

Estos fallos persiguen un claro objetivo, que es lograr la liberación de los genocidas y, con ello, consagrar la impunidad. Se inscriben en un cambio de paradigma que el gobierno nacional y sus aliados judiciales, mediáticos, religiosos y empresariales pretenden implementar a través de múltiples estrategias. Así, por un lado vacían programas de apoyo a las investigaciones o instruyen a abogados del Estado para no apelar fallos y no presentarse como querellantes, y por otro lado atacan a los y las principales referentes de los organismos de derechos humanos, cuestionan la legitimidad de nuestras luchas, habilitan el accionar de los grupos que reivindican el terrorismo de Estado, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos y niegan el genocidio. Como expresamos el último 24 de marzo, esta embestida en el plano simbólico persigue el fin de lograr el consenso necesario para ejecutar la represión con la que en estos días buscan doblegar la resistencia popular a las medidas económicas de hoy, el mismo plan económico de Martínez de Hoz. Es, a su vez, una demostración más de que la complicidad civil que sostuvo al genocidio sigue vigente y funcionando en la actualidad.

Tampoco es casual que pocos días antes de este fallo, la cúpula de la Iglesia Católica haya convocado a la “reconciliación” y “pacificación”, sin haber brindado información sobre el destino de los desaparecidos ni haber hecho una autocrítica sobre su rol durante la dictadura. Vuelve así la Iglesia a desempeñar un papel cómplice del terrorismo de Estado.

En esta ocasión, el golpe es de una gravedad inédita, ya que proviene del máximo órgano judicial de la Nación. Hoy, el fallo de la Corte –con los votos de Elena Highton de Nolasco y los jueces que Macri pretendió nombrar por decreto Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– le abre las rejas a los genocidas. Los asesinos, torturadores, apropiadores de bebés y desaparecedores de nuestros compañeros y compañeras podrán volver a caminar por las mismas calles que los sobrevivientes y nuestras Madres, Abuelas, Hijos y Familiares. Y esto es exactamente lo que puede suceder en nuestra provincia, donde la mayoría de los genocidas que han sido condenados podrán volver a quedar en libertad más temprano que tarde.

Para hacer esto posible la Corte resolvió en contra de lo que hasta ahora era jurisprudencia indiscutida, haciendo uso de una ley derogada hace años, ignorando que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los hermanos y hermanas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desconocer.

Ante esta situación, los organismos de derechos humanos de Entre Ríos convocamos a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de impunidad, a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelvan a reinar en la Argentina el oscurantismo y la injusticia.

La impunidad sólo genera más impunidad.

30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes, ahora y siempre!

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Regional Paraná

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER)

Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos “La Solapa”

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos – Desaparecidos y ex Presos Políticos de Concordia

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Regional Concordia

Familiares y Amigos de Desaparecidos de Nogoyá (FADEN)

Mesa de Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay

Grupo de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Gualeguay

Repudio interprovincial

Las autoridades de Derechos Humanos de las provincias abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio ante la a aprobación de la Corte Suprema de Justicia que otorga el beneficio de reducir la pena a los condenados por delitos de Lesa Humanidad.

Vemos con preocupación este fallo que significa un enorme retroceso en materia de derechos humanos y que sienta un precedente que ataca directamente los pilares de Memoria, Verdad y Justicia.

Desde cada una de las provincias que representamos, apoyamos el histórico reclamo de justicia de los organismos de derechos humanos y sostenemos que las condenas por delitos de Lesa Humanidad deben ser ejemplificadoras. Quienes integraron un plan sistemático de apropiación de menores, tortura, violación, asesinato y desaparición no son dignos de ningún beneficio, sino que deben marcar un antes y un después en nuestra historia, sancionando tales crímenes con una condena ejemplificadora, para que Nunca Más permitamos tales atrocidades en nuestra patria.

En tal lamentable contexto, pedimos al Gobierno Nacional, en especial al Ministro de Justicia Garabano que se expida al respecto de tan repudiable fallo y que se lleven a cabo las medidas pertinentes, hasta las últimas instancias para evitar este retroceso en Memoria, Verdad y Justicia.

Lilia Marien Marchesini – Ministra DDHH de Misiones

Hugo Raúl Figueroa – Secretario DDbHH de Santiago del Estero

Erika Brunoto – Secretaria DDHH de Tucumán

Juan Carlos Goya – Secretario DDHH de Chaco

Horacio Pietragalla – Secretario de DDHH de Santa Cruz

Antonio Curciarello – Secretario DDHH La Pampa

Delfor “Pocho” Brizuela – Secretario de DDHH de La Rioja

Matias Germano – Secretario de DDHH de Entre Rios

Maria Sylvina Arauz – Subsecretaria DDHH de Formosa

Chochi Vazquez – Subsecretario de DDHH de Misiones

Hernán Velárdez Vaca – Director de DDHH de Catamarca

Sergio Mingrino – Secretario de DDHH de Tierra del Fuego