El PAMI vuelve al sistema capitado y se resienten algunas prestaciones

Tras el cambio de titular en la obra social de los jubilados, Sergio Casinotti volverá a aplicar el sistema utilizado en los 90. Esto implica recortes en diferentes áreas, por ejemplo bioquímicos pasaran a recibir el 50% de lo que venían cobrando.

Tras la salida del médico Carlos Regazzoni a quien el presidente Macri le pidió la renuncia a comienzos de marzo, y la llegada al frente del PAMI de Sergio Casinotti, comienzan a darse los cambios más contundentes en la obra social de los jubilados, la más grande del país. Este 1º de mayo las autoridades del organismo comunicaron a los prestadores que comienza a implementarse el cambio de sistema, pasando del pago por prestaciones, implementado desde 2013, al de pago per cápita, vigente en los 90 durante la gestión de Matilde Menéndez.

La diferencia entre uno y otro sistema es significativa, mientras en la anterior modalidad se pagana a los prestadores por cada atención efectivamente realizada, ahora se pasa a pagar un monto fijo por cada afiliado capitado, se preste o no la atención correspondiente.

El objetivo de la nueva administración a cargo de Casinotti, es achicar la inversión que el organismo venía realizando en la cobertura médica de los jubilados. “Creemos que se pueden ajustar los costos entre un 15 y 20% sin necesidad de modificar las prestaciones”, aseguraron desde la obra social e insistieron en que “no se piensa en reducir prestaciones, todo lo contrario. Si no que lo que el servicio que se paga se dé realmente”, aseguraron desde el PAMI al diario La Nación. Sin embargo, los efectos negativos ya se hicieron sentir en la provincia. Según relevó Diario Junio el Colegio de Bioquímicos de Gualeguaychú decidió “por unanimidad”, “no atender a afiliados de PAMI por el sistema de órdenes” hasta que el Colegio provincial tome una determinación, en tanto que la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios emitió un comunicado a efectos de informar el corte en la prestación de servicios.

El objetivo manifiesto de las autoridades de la obra social nacional es “ajustar los costos entre un 15 y 20% sin necesidad de modificar las prestaciones”. Ese recorte implica, por ejemplo que los bioquímicos que venían cobrando una suma de alrededor de 8.500.000 pesos, pasarán a cobrar 5.000.000 de pesos. Es decir, por afiliado, recibirán un monto fijo de 32,5 pesos. Llamativamente, en Capital Federal, el Gran Bs As y Córdoba ese mismo arancel será de 55 pesos.

La nueva modalidad se aplica para el primer y segundo nivel de atención. Esto es: médicos de cabeceras, odontólogos, estudios simples de laboratorio, radiografías, ecografías, etc. Las consultas a especialistas en sanatorios y estudios más complejos comprenden al segundo nivel.

Un cambio significativo

Si bien desde el organismo expresaron que el objetivo es evitar la sobre facturación, esto sería realizar estudios por encima de las necesidades del paciente, el sistema puesto en vigencia desde el primer día de mayo, vuelve a la vieja modalidad utilizada en los tiempos del menemismo, iniciado en los años 90. El riesgo que implica es la subprestación, es decir, al recibir los prestadores una suma fija por cada afiliado, se preste o no la atención, clínicas y bioquímicos podrían retacera las prestaciones con el objetivo de gastar menos e incrementar el margen de ganancias, situación en la cual el principal damnificado sería el jubilado. Dicho claramente, en el sistema por prestación el posible fraude recaía sobre el Estado que debía pagar de más por prestaciones innecesarias; en el sistema capitado el riesgo es que disminuya la calidad de la atención al afiliado.

En el sistema impulsado desde 2013 y dado de baja recientemente, el Estado había diseñado un sistema informático y mucha capacitación para de este modo evitar la sobre prestación y las quejas de los jubilados habían disminuido sensiblemente. En cambio el sistema de cápita fue el que generó la mayor cantidad de reclamos ya que los afiliados se quejaban porque nunca podían lograr conseguir cama cada vez que debían internarse, o no podían acceder a determinados servicios.