Dos imputados y cuestionamientos a la fiscal en la causa de abusos en la Toma Vieja

Más de cien días después de las denuncias por abuso en la quinta privada de calles Darwin y García Verdierfiscal, declararon Bruno Malimberni y Mariano Perreti, imputados por el hecho. Críticas a la fiscal Rufatti.

«B», la mamá de la chica que denunció una grave situación de abuso durante una fiesta privada que se realizó el sábado 21 de enero de este año en una casa quinta ubicada en calles Darwin y García Verdier, en Paraná, no encontró un ambiente amigable en la Justicia. Batalló en campo yermo. El domingo 22, cuando se presentó con su hija a realizar la denuncia por abuso sexual contra cuatro jóvenes en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso, se enfrentó con una aridez que todavía le duele. Esa aridez, dice ahora, tuvo –tiene– el rostro de una funcionaria judicial, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género  Fernanda Rufatti.

Y dice por qué

No le tomó declaración entonces, aquel domingo que llegó a  Tribunales, sino que la mandó con un empleado, y después la envió a ella con su hija en estado de shock para que le practicaran un análisis en el Hospital San Roque.

Llegó B hasta el hospital con su hija en andas, esperó que la atiendan, y después se contactó con su abogada, Rosario Romero, que lo primero que le preguntó fue si le habían extraído sangre. No, no le habían extraído sangre. Hasta aquí, el protocolo, letra muerta.

B habló con su hija, con las amigas de su hija, con gente que tuvo conocimiento de aquella fiesta privada, en la casa quinta propiedad del publicista Ignacio Ramos, recogió detalles, unió testimonios, urgió a la fiscal Fernanda Rufatti, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso del Poder Judicial, a que tomara medidas: que allanara la casa donde se realizó la fiesta, que citara a declarar a los cuatro señalados por su hija como responsables del abuso, que protegiera las medidas de prueba, que mandara a realizar un estudio de ADN sobre la ropa de la nena, que urgiera un estudio pericial sobre los restos de semen en la ropa interior de la nena.

“Estoy tapada de trabajo”, se excusó un día la fiscal Rufatti, sentada en su poltrona, mientras sorbía unos tragos de café.

B ha sostenido la denuncia, ha procurado que la investigación judicial avance, que los imputados, que al principio fueron cuatro pero que ahora no –tres mayores y un menor– sean llevados a Tribunales a declarar, que se cruce información, que se recojan pruebas, y en el camino la han apedreado: llamados insólitos, contactos virtuales que rozan la intimidación, amenazas solapadas, escasa empatía, muchísimo machismo, y una investigación judicial que renquea.

Ahora es una tarde de calor de primavera en medio de un otoño extraño en la ciudad. En este departamento luminoso que balconea a una esquina chillona, B extiende un mate, contiene el llanto, procura apretar con los puños cerrados un relato que transita el sendero del horror.

Un día se sentó con su hija, y juntas, B y su hija de 15, hablaron de la negrura del mundo, se enterraron en el lodazal del oprobio, y de allí salieron sostenidas de la mano.

“Ahora ella está bien”, dice B.

Pero B siente en el estómago un ardor que no cesa: el espanto ante la naturalización del abuso. Lo que ocurre en un vecindario donde viven familias sin urgencias económicas.

Una psicóloga que psicopatea, un estudiante que estudia en claustros católicos, el hijo de un tendero, el chico salido del mundo del fútbol, los pibes acostumbrados a que nunca es no, que siempre es sí, nenas que son usadas como carnada para las apetencias sexuales de muchachos demasiado acostumbrados a que todo vale.

En pocas semanas, se van a cumplir cuatro meses de aquella fiesta privada, y B no ha logrado un gesto condescendiente de la Justicia. La fiscal Rufatti demoró tres largos meses hasta por fin citar a indagatoria, no a los cuatro imputados en un principio, sino a los dos que efectivamente quedaron ligados a la causa. El adolescente, que es menor, fue dejado a un lado por su edad, y el cuarto sindicado, entendió la Justicia que no fue alcanzado por la denuncia.

De modo que dos de los sindicados como autores del abuso por parte de la adolescente que denunció declararon en la Justicia esta semana. Y la figura bajo la cual gira ahora la causa es la de “estupro” y no de “abuso sexual”. El abogado Julio Federik, que defiende a parte de los acusados, ha dicho que “el estupro, el delito de una relación consentida con una menor, de ninguna manera incluye un forzamiento”.

La abogada querellante Rosario Romero entiende que el estupro es un modo de abuso sexual. La fiscal Rufatti ya decidió que el caso encuadra bajo la figura del estupro. Y de momento parece sentencia inapelable. Pero ya se levantan voces de reproche hacia el trabajo de la Justicia.

La Unidad de Violencia de Género interpelada por las propias mujeres. La Asamblea Participativa de Mujeres, constituida en el marco de las movilizaciones internacionales alrededor del 8M, denunció “el mal funcionamiento de la Justicia local, ya que la fiscal (María Fernanda Rufatti) que lleva el caso no está actuando correctamente, demorando la recolección de evidencias, y re-victimizando a la víctima, al pedir pericias para demostrar su falta de experiencia sexual, en clara complicidad machista: no es la experiencia o falta de ella, lo que constituye prueba para el delito de abuso sino la falta de consentimiento del acto. Propone que la calificación legal del hecho sea estupro: esto implicaría que hubo consentimiento en los hechos, siendo que lo que ocurrió en esa fiesta, fue un abuso planeado y organizado”.

La Asamblea convocó a movilizar el 28 de abril último, cuando estaba prevista la testimonial como imputados de Bruno Malimberni (jugador de fútbol de Patronato) y Mariano Perreti (estudiante de abogacía en la Universidad Católica Argentina. Pero la declaración se pospuso, y ocurrió el martes de 2 de mayo.

¿Y el protocolo de actuación?

Desde 2010, Entre Ríos cuenta con un protocolo que dice cómo actuar en casos de abuso sexual infantil: qué debe hacer un maestro, un médico, un enfermero, un agente de policía, un defensor, un juez, una fiscal.

Uno de los objetivos centrales que plantea el protocolo es “evitar el proceso de revictimización”, y así entonces, cuando la Justicia tome conocimiento de un hecho, establece, se debe procurar que una medida clave, la revisación médica, sea realizada “por única vez y por personal idóneo”, adoptar medidas de protección a la víctima, tomarle declaración en cámara Gesell y, “si correspondiere”, adoptar medidas cautelares hacia el ofensor.

Fuente: Entre Ríos Ahora