Adrián Bassi fue acusado de maltrato, abuso de poder, persecución y de aplicar descuentos injustificados hacia una empleada del área a su cargo. Otra vez queda en evidencia la difícil situación de los trabajadores municipales de Paraná sin amparo del Estado local.

por Pablo Urrutia
Con fecha 27 de marzo del presente año ingresó a la División de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de la provincia una presentación que tiene como acusado al titular de la Subsecretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Paraná, Adrián Bassi.
Quien realizó la presentación acusa al funcionario del Gobierno de Sergio Varisco de realizar un permanente hostigamiento, aplicar descuentos abusivos e injustificados y llevar adelante una acción de persecución hacia ella y sus compañeras de área. Uno de los hechos más graves que relata la extensa presentación es el barreteado de la puerta de la oficina en que trabaja la mujer y el reemplazo de la cerradura por un candado.
En el expediente al que tuvo acceso Agenda Abierta, la empleada de planta con más de 20 años de antigüedad en el municipio, señala las situaciones a las que estuvo expuesta prácticamente desde el comienzo de la gestión de Cambiemos en el municipio “por órdenes emanadas del superior en perjuicio directo, abusivo, denigrante, continuo y sistemático contra mi persona, durante la jornada laboral”. Relata una situación de violencia en que fue increpada a los gritos por Bassi en la vía pública. También hace mención a los “descuentos injustificados” que le realizara el titular de la Subsecretaria mes a mes, “Tan es así que en enero de 2017 el descuento de los adicionales mencionados fue total”. Esta forma de violencia económica es además violatoria del derecho a recibir una remuneración acorde a la tarea desempeñada. Otra de las situaciones claramente encuadradas en lo que se reconoce como violencia laboral, es el “vaciamiento de tareas”, practicado por el funcionario mediante resoluciones emitidas bajo el eufemismo del reordenamiento del área.
Un dato llamativo que se desprende de la denuncia es que hubo un particular interés de Bassi en tener acceso a “expedientes en curso” correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos. En este punto es de mencionar que el arquitecto y actual funcionario de Varisco, según publicaciones periodísticas, habría sido denunciado por falencias e incumplimientos en las obras realizadas durante su actividad privada. La forma de chequear esa información es justamente recurriendo a la Dirección mencionada donde tramitan este tipo de presentaciones.
Continuando con el texto de la acusación al Subsecretario de Planeamiento, se expone la situación a la que hiciéramos mención anteriormente donde la violencia pasó directamente al abuso de poder: “junto a mis compañeras de trabajo me presento en la oficina y encuentro la entrada forzada por supuesto apalancamiento sobre la cerradura de la puerta del área con colocación de candado en la misma. Ello generó la imposibilidad de acceder a la oficina, debiendo permanecer de pie en el pasillo, ante la mirada atónita de los demás agentes de la administración municipal del edificio”. Los empleados solicitaron explicación sobre lo sucedido sin recibirla de parte de las autoridades.
Sobra hacer mención al efecto desmoralizante que estas acciones tienen, no sólo en su relación al trabajo sino en cuanto a su vida en general y los efectos psicológicos negativos que acarrean, aunque vale la pena aquí reproducir la voz de quien a esta altura de lo expresado es una clara víctima de violencia laboral: “Este tipo de avasallamiento, para un empleado, simboliza desmerecimiento, una exposición y un perjuicio psicológico inmensurable; genera en nuestros compañeros desconcierto, incógnita y una re victimización del sujeto violentado toda vez que encarna el mensaje implícito de ‘Algo hiciste para que esto suceda’. Situación que los denunciados se encargaron de fortalecer”, mediante falsedades.
Hasta aquí el relato contenido en la acusación contra el arquitecto Adrián Bassi, funcionario de la gestión Varisco, incorporado a la Subsecretaría de Planeamiento a instancias del concejal Carlos González, presidente del bloque de ediles del oficialismo y hombre de confianza del Intendente. Pero es un hecho que se encadena en una sucesión preocupante de acciones de violencia de parte de los funcionarios municipales como venimos dando cuenta desde Agenda Abierta. Los primeros meses de 2017, parecen haber implicado una escalada de violencia en el municipio que a estas alturas evidencia un serio problema para tratar la problemática. Sin embargo el Ejecutivo parece no tomar nota de la gravedad de la situación, e incluso actúa a contramano dejando a los trabajadores en un estado de indefensión frente a sus superiores.
Actualmente tiene vigencia la Ordenanza 8902 de 2010, aunque nunca se implementó ya que para ello debe conformarse la Comisión Especial integrada por un representante del área de Recursos Humanos del Departamento Ejecutivo, un profesional de salud entendido en la temática, un Concejal y un representante por cada organización que nuclea a los empleados municipales.
Por iniciativa del concejal de Cambiemos Pablo Hernández, el año pasado fue aprobada otra ordenanza que derogaba la mencionada 8902, y dejaba fuera del ámbito de abordaje de la violencia laboral a los representantes sindicales, disponiendo la conformación de un gabinete interdisciplinario. Mediante el Decreto 2424/16, Sergio Varisco vetó la ordenanza del edil de su propio espacio, dejando en un estado de absoluta indefensión a los trabajadores municipales, que ante un hecho de violencia deben recurrir a otras instancias como el INADI o la Secretaría de Trabajo de la provincia.