Se eleva a juicio la primera causa por la fumigación de una escuela en la provincia

Después de dos años de investigaciones, la causa iniciada por la Escuela N° 44, de Santa Anita, debido a la contaminación e impacto en la salud de la comunidad ocasionadas por el empleo de plaguicidas, llegará a juicio.

En una audiencia prevista para el lunes 10 de abril, en Concepción del Uruguay, la fiscal Melisa Ríos pedirá la elevación a juicio de las actuaciones por la fumigación en esa escuela rural del departamento Uruguay, sucedida el 4 de diciembre de 2014. Por ese hecho, los estudiantes y la docente Mariela Leiva, debieron recibir atención médica en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.

Este expediente judicial se convertirá en el primero que se eleva a juicio por fumigación en la provincia. Fue iniciado por una docente y por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.

“Sigue habiendo fumigaciones, sin control”, planteó la directora de la escuela rural 44 e integrante del proyecto Paren de Fumigar, Mariela Leiva. Aclaró que “la situación mejoró en el departamento Concepción, pero siguen ocurriendo estos hechos en otros lugares de la provincia”. Repasó las investigaciones y los estudios de aire, suelo y agua encarados a instancias y pedidos del colectivo social, a cargo de las universidades nacionales de La Plata y de Rosario, y la estrategia de nuevas investigaciones, que apuntan a desnudar un modelo de producción contaminante, que pone en riesgo la salud de la población.

“No estamos en contra de nadie, sino que buscamos lo más importante, que es cuidar la salud de todos los trabajadores docentes de las escuelas rurales, de la gente que vive en el campo y de toda la ciudadanía, porque recordemos que la casa nuestra es esta tierra, y que es un préstamo de las generaciones futuras, hacia nosotros”, reflexionó la integrante de Agmer filial Basavilbaso.

Sobre la etapa de investigación, consideró que “en todo este tiempo se han ido aportando pruebas, nosotros como denunciantes, y también la misma Fiscalía, a través de distintos informes que solicitó, a peritos médicos, peritos agrónomos que fue nombrado la misma fiscal, incluso a la misma estación meteorológica para observar las condiciones climáticas reinantes en el momento de la aplicación de la fumigación. Así que han participado aportando pruebas distintos agentes”.

“Está, por ejemplo, el informe del médico forense, que dice que los síntomas que sufrimos tanto yo como los alumnos, son compatibles con los síntomas por intoxicación con agroquímicos. El perito agrónomo, también dijo que las condiciones que se había realizado la aplicación no eran correspondientes con la Ley 6.999 de Agroquímicos. Y una de las más importantes fue el video del avión aplicando. Tanto el informe del perito médico, del perito agrónomo y de la estación meteorológica del INTA van a ser muy importantes y pruebas contundentes para que esto tenga un resultado favorable”, agregó.

En contexto

La causa, que lleva adelante la fiscal número 4 de Concepción del Uruguay, Melisa Ríos, bajo la coordinación de Lombardi, se originó a partir de la denuncia de la directora de la escuela 44 República Argentina de Santa Anita, Mariela Leiva, a la que luego se sumaron otras denuncias vinculadas al mismo tema de parte de Jorge Bevacqua, integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay y de la campaña Paren de fumigar las escuelas. También hubo denuncias de los padres de algunos de los chicos afectados por la fumigación.

A la fecha hay tres imputados: el titular de la explotación agropecuaria; el presidente Aero Litoral SA, la empresa de Villaguay que realizó la fumigación y el piloto que manejó la aeronave. Los tres se abstuvieron de prestar indagatoria.

En el transcurso de la Investigación penal preparatoria (IPP) “se han tomado distintas medidas, entre ellas muchos pedidos de informes a distintos organismos, tanto de la provincia como de la nación, que apuntan a tener certeza sobre si la empresa que realizó la pulverización estaba inscripta o no, si tenía habilitación vigente”, explicó el fiscal Lombardi.

Además expresó que se pidieron “informes a la delegación Paraná del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) sobre las muestras tomadas en el lugar del hecho”, y se solicitaron informes al área de Toxicología de la policía provincial para determinar “cuáles son las consecuencias que podría generar estar expuestos a determinados productos químicos”. Asimismo, existe un pericia oficial solicitada para determinar si en el procedimiento de pulverización se respetó la normativa vigente.

“En la investigación se ha colectado evidencia que entendemos es suficiente como para seguir avanzando en el trámite, enfocándolo en dirección a un juicio público”, dijo el fiscal de coordinación, que aclaró que el hecho de que la causa llegue a juicio o no dependerá del criterio que adopten las respectivas defensas, “porque son tres personas imputadas y podrían llegar a pedir medidas alternativas a la realización del juicio como una probation, aunque habría que evaluar si corresponde o no”.

Si bien la calificación legal puede variar en función de la evidencia que se va colectando en la IPP, la imputación de los acusados es, en principio, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal”.

 

Fuente Análisis y AIM