Rosario Romero: “Las penas ya son duras, falta control del Estado”

La Diputada Provincial se refirió al pedido de intervención del Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Carlos Rossi. También habló del control del Estado en los casos de abuso sexual, la aplicación de las leyes y la defensa de las víctimas.

En diálogo con el programa Cara y Ceca, conducido por Juan Pablo Arias por Radio Uner, la Diputada Provincial Rosario Romero, quien es también una reconocida abogada penalista de la ciudad, se refirió al pedido de Jury al Dr. Carlos Rossi, responsable de otorgarle la libertad condicional a Sebastián Wagner, asesino confeso de Micaela García.

Un grupo de legisladores, entre ellos la Diputada Romero, está trabajando en un pedido de intervención del Jurado de Enjuiciamiento para analizar la conducta del juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi, “nuestra preocupación es también mirar la legislación vigente en la provincia respecto de la libertad condicional para poder ajustar la letra de la Ley” aseguró, explicando que se pretende achicar el margen de discrecionalidad que tienen los jueces de Ejecución de penas “en tanto que en algunos delitos la mirada de la interdisciplina es muy importante y apartarse de los consejos que dan los psicólogos y psiquiatras en un caso de abuso sexual reiterado es muy muy grave”. En tanto su función de legisladora se encargó de dejar en claro que “tenemos que mirar un poco la ley y ver si desde la provincia podemos hacer un esfuerzo para fortalecer la defensa de las víctimas”.

Respecto de la discrecionalidad que tienen los jueces, que a veces desoyen a los equipos interdisciplinarios, Rosario Romero habló de dos casos emblemáticos como el de Fernanda Aguirre, en el cual el Juez tomó la posición de haberle otorgado la libertad a Lencina, posteriormente imputado por la desaparición de la chica; y el de Ávalos Adrián Eduardo, liberado el 21 de junio de 2011 y prácticamente enseguida mató a la nueva pareja que tenía y a la mamá de la misma, es decir dos femicidios estando preso por femicidio. La Diputada aseguró que “ese criterio amplio que tienen los jueces, nosotros entendemos que a la luz de la reincidencia en las agresiones contra mujeres, los femicidios y los ataques sexuales que prácticamente son un ejercicio del poder, de un machismo que todavía no ha desaparecido en muchísimos hombres, hay que cercenarlo”. Se mostró comprensiva con las marchas y manifestaciones que la ciudadanía ha realizado estos días cuestionando a la Justicia: “está bien lo que hace la sociedad de hacer un reproche al Poder Judicial, porque los legisladores, los políticos en general, estamos muy expuestos a la crítica, la gente nos critica diariamente; pero el poder judicial está como más distante y si la sociedad pone la mirada allí hay que analizar con profundidad la conducta de los jueces porque es un poder de la república”.

En cuanto al caso reciente del asesinato de Micaela García, cuyo cuerpo fue encontrado una semana después de su desaparición y tiene como principal acusado a Sebastián Wagner, quien gozaba de libertad condicional por dos casos de abuso sexual agravado, dijo “ustedes fijensé, le habían aplicado una condena de 9 años en un proceso abreviado, en una condena dentro de todo leve respecto de los dos abusos sexuales agravados que tenía; con más razón había un deber del Juez de Ejecución de mirar bien en este tipo de delito y poder decir que no” y explicó que “está dicho por los estudiosos, por los psicólogos, por los psiquiatras, los que analizan este tipo de delitos, que habitualmente los índices de reincidencia son altísimos, muy altos, entonces con más razón hay que mirar la sociedad en la que uno está reinsertando a un individuo que no había dado ninguna muestra de haber cambiado, tal como decían los psicólogos y los psiquiatras que analizaron”. En este sentido, consultada por si era o no potestad del Juez esta decisión y la actitud soberbia del mismo de ampararse en eso, aseguró que “justamente está prevista la causal de mal desempeño y la causal de falta de idoneidad para realizar esa función que es lo que tendrá que analizar el Jury. Esa actitud si está convalidada con sólidos argumentos, pero no solo de cita jurisprudenciales o citas de doctrinas, sino del caso concreto; el juez puede apartarse de un dictamen pero no en cualquier caso, sino cuando tenga opinión en contrario fundada también en la ciencia”. Remarcó la necesidad de que los Jueces de Ejecución estén insertos en la sociedad y “analicen los distintos tipos de delitos que están juzgados ya por la justicia y cuyos condenados están cumpliendo pena y que sepan discriminar incluso con criterios de políticas de género, que sepan discriminar un delito de otro” porque “una cosa es un robo reiterado que el daño máximo que puede cometer un condenado liberado es volver a robar y una muy distinta es el femicida, el abusador sexual, cuyos índices de reincidencia son muy altos y que significa, nada más y nada menos, que se pueden cobrar una vida”.

Sobre el juicio abreviado dijo “no voy a condenarlo a partir de este caso, creo que es una facultad del juez, no es una obligación, entonces en algunos casos hay que decir que no. Yo en este caso desearía que hubieran dicho que no en su momento pero de todos modos la pena aplicada era de nueve años, no era para que saliera tan pronto ni bajo estas condiciones de cero control, porque no ha tenido control”. Y explicó los tipos de controles de los que el Estado tendría que ocuparse luego de liberar a un condenado, aún habiendo cumplido su condena “hay cuestiones que rozan la legislación de fondo pero que desde el Congreso de la Nación se tendrá que pensar; en el caso de los abusadores sexuales, una pulsera electrónica o algunos tipos de controles que ayuden a defender a la sociedad, esas son cosas que en el siglo XXI tenemos que estar pensando y por supuesto un completo y profundo y mejorado servicio de los patronatos de liberados. Cuando se dice tiene que hacer tratamiento, tiene que hacerlo y si no hace tratamiento psicológico se revoca la libertad condicional. Esto debe ocurrir así porque para eso están las instituciones, cada institución tiene que cumplir el rol para el cual fue diseñada. Cuando me decían porque no vas a la marcha, no porque yo soy legisladora y tengo que estar pensando como mejoramos las normas, que cosas hacemos desde la legislatura, esta muy bien el reclamo ciudadano, tiene que ser así, tiene que hacerse sentir en estos casos, pero cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades”.

Finalmente, la Abogada marcó su postura respecto del pedido de endurecimiento de penas “el femicidio es prisión perpetua, no se puede endurecer más, y en el caso de violación o abuso sexual agravado, son graves las penas, hasta 15 años y en caso de reiteración se pueden subir más; ya son duras las penas, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema judicial, el sistema de control de cómo se cumplen las penas y que salgan con sólidos argumentos, porque se han tratado y han cambiado; controlar más desde el Estado, endurecer los controles, eso sana vidas, cura vidas, salva vidas”.