Masacre de Pergamino: hay cinco policías detenidos

A un mes del asesinato de siete presos en una comisaría detuvieron a cinco policías bonaerenses. Alberto Donza, uno de los principales acusados sigue en libertad. Exigen la actuación de las autoridades.

El pasado jueves 2 de marzo, siete presos murieron en la Comisaría Primera de la localidad bonaerense de Pergamino. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas denunciaron violencia institucional en los acontecimientos ocurridos.

Un mes después la sentencia se vio corroborada por los mismos hechos. El lunes pasado, mientras un millar de personas marchaban por las calles de Pergamino con familiares de las víctimas a la cabeza, eran detenidos los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas. Son cinco policías que estuvieron de turno durante las horas en las que se produjo el incendio en las celdas donde estaban alojados diecinueve detenidos, hecho en el cual perdieron la vida Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Carlos, Juan Cabrera, Fernando Latorre.

A los cinco efectivos se los acusa de haber cometido el delito de “abandono de personas seguida de muerte”. Aunque obviamente para los familiares de las víctimas (y de las nueve personas que salvaron sus vidas) esos uniformados son directamente homicidas, las detenciones fueron muy bien recibidas por quienes marcharon exigiendo justicia.

Quien sigue sin ser detenido es uno de los máximos acusados como responsables de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, titular de la Comisaría Primera de Pergamino, a quien desde el Poder Judicial aseguran estar buscándolo.

Maniobras

La tardanza de un mes para detener a los cinco subordinados de Donza y la condición de prófugo del comisario no hacen otra cosa que contribuir a que la verdad y la justicia alrededor del caso se encuentren un poco más lejos de cuando se produjo el hecho, según denuncia la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuya delegación estuvo el lunes pasado en Pergamino para conversar con las familias de los fallecidos y marchar junto a ellas.

Este último viernes la CPM le envió una carta al ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, donde le exigen “medidas urgentes para investigar las acciones policiales que presionan a la justicia y agravian a familiares”. El pedido se basa en varias cuestiones. Por un lado la ausencia deliberada del comisario Donza, denunciado como máximo responsable material del acontecimiento.

La denuncia de la CPM, y la exigencia a las autoridades provinciales de Buenos Aires, se da después de que el organismo defensor de los derechos humanos se reuniera con los familiares de las víctimas, tomara contacto con el expediente y mantuviera reuniones con el intendente y concejales de Pergamino y con el fiscal general del distrito, Mario Daniel Gómez.

Con la información recogida a lo largo del mes y sobre todo de esta última semana, desde la comisión liderada por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) no dudan en que las diferentes maniobras de los imputados y sus socios de la fuerza represiva “se proyectan como parte de una estrategia corporativa de la fuerza que pretende ocultar responsabilidades de los funcionarios policiales que estaban de turno la tarde del incendio”.

En la marcha del lunes 3 de abril, a la que asistieron también un nutrido grupo de familiares de víctimas de la violencia institucional de diferentes ciudades de la provincia, Pérez Esquivel declaró ante los presentes que llegaron a Pergamino a expresar su “solidaridad y acompañar la lucha por justicia por los siete jóvenes asesinados en la Comisaría”. Por su parte Nora Cortiñas afirmó que “tenemos que estar en las calles para frenar la violencia policial que sufren nuestros jóvenes”.

De la delegación de la CPM formó parte también su secretario Roberto Cipriano García, para quien es momento de “establecer las responsabilidades políticas por este estado de situación”. En ese marco dijo que es necesario dejar de “alojar personas en comisarías” ya que “esto sólo incrementa las violaciones a los derechos humanos”.

En su análisis de los sucesos de Pergamino, la Comisión por la Memoria incorpora una exigencia más: “que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios políticos y judiciales que, conociendo la situación en que se alojaban los jóvenes, no tomaron medidas para revertir la situación”.

 

Fuente: La Izquierda Diario