Arrancó el juicio por el asesinato de David Moreno en Córdoba

Con 13 años, David murió de un tiro en la espalda el 20 de diciembre del 2001 en Villa 9 de Julio, Argüello. Por el hecho hay tres policías imputados que son juzgados en la Cámara Primera del Crimen.

El lunes 17 de abril comenzó en la Justicia cordobesa el juicio por el asesinato de David Moreno, el niño de 13 años ocurrido durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001. El niño falleció de un tiro por la espalda, en el marco de la salvaje represión policial que en el país costó la vida de 39 personas. En Córdoba no fue la excepción y los uniformados dispararon contra los vecinos que se habían acercado a un supermercado en Villa 9 de julio en Argüello, ante los anuncios que allí entregarían alimentos.

La causa principal del caso fue elevada a juicio el 14 de febrero de 2009 por el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, con tres imputados: el principal, el policía Hugo Ignacio Cánovas Badra, señalado como el autor de los disparos con balas de plomo que hirieron y mataron por la espalda a David. También están en el banquillo las policías Daniela Adán y Laura Freire, quienes llegan por presunto falso testimonio por la entrega de municiones: en vez de anti tumultos dieron cartuchos con plomo.

El tribunal está compuesto por los jueces de cámara: Susana Moreno Cordi -presidenta de la cámara-, y los vocales Carlos Ávalos Granda y Mario Capdevila. La Fiscal a cargo es la abogada María Dolores Romero.

David Moreno había salido de su casa a jugar y lo sorprendió el intento de saqueo del súper. El sindicado como autor material, policía Hugo Cánovas Badra, llega a juicio acusado de homicidio simple.

La mamá de David, Rosa Martínez, dice que no cree «que se vaya a condenar como corresponde» y la familia apunta a la responsabilidad del jefe del operativo, Luis Farías, desligado de la investigación que llega a juicio luego de pagar una multa de 750 pesos.

En estos casi 16 años Cánovas Badra permaneció tres años detenido pero la prisión preventiva ya no se pudo extender más. Está acusado de homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego. Además están acusadas las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Freyre por falso testimonio, referido a la entrega de municiones.

Juicio pospuesto

En un primer momento, se había anunciado que el juicio comenzaría el 8 de febrero, sin embargo a pocos días de iniciar, la Cámara Primera del Crimen en los Tribunales Penales anunció que se posponía para el lunes 17 de abril.

Consultada por La Nueva Mañana, la abogada Adriana Gentile, querellante en la causa, señaló en esa oportunidad que los motivos de la postergación fueron «administrativos»: «La Justicia siempre nos notifica al menos con tres meses de anticipación las fecha de los juicios. Por eso nos llamó la atención cuando el 28 de diciembre nos dijeron que arrancábamos en febrero».

La abogada agregó que «al regresar de la feria nos notificaron de la nueva fecha. Para mí y la familia es mejor porque queremos que este caso se maneje con el tiempo y la seriedad que corresponden. El expediente tiene 20 cuerpos, de 200 hojas cada uno».

Por otro lado, y respecto a las acusaciones por falso testimonio que involucran a dos mujeres policías y que prescriben a fin de año, Gentile señaló que de comenzar en abril el juicio, como está previsto, las agentes serán juzgadas.

Responsabilidad política

En su momento, quien fuera la abogada de la familia, María Elba Martínez, realizó un pedido de imputación contra el jefe del operativo por el robo de pruebas porque hizo levantar los cartuchos en el lugar del hecho, pero quedó absuelto.

Los responsables políticos también quedaron fuera de la causa. Martínez había apuntado a José Manuel de la Sota como el responsable político máximo.

Entre los responsables señalados como autores intelectuales, además de las más altas autoridades del gobierno nacional, como Fernando De La Rúa (sobreseído) y Ramón Mestre (fallecido), en Córdoba los funcionarios imputados por aquel entonces como los responsables políticos son: el titular de la policía provincial comisario Jorge Rodríguez, el fiscal Eduardo Soria, el juez de control Carlos Ferrer, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de ese año y el gobernador José Manuel De la Sota, todos eximidos de sus responsabilidades.