Reclaman información y el inicio del juicio por robo de bebés

La Agrupación H.I.J.O.S. realizó una intervención para reclamar a los dueños del Instituto Privado de Pediatría que informen a quién le entregaron el «Melli» Valenzuela Negro, hijo de dos militantes desaparecidos.

Hace  39 años que, en plena dictadura cívico militar, los mellizos Valenzuela Negro fueron dados de alta del Instituto Privado de Pediatría (IPP), el 27 de marzo de 1978. Sus padres, Raquel Negro y Edgar Tucho Valenzuela, permanecen desaparecidos. Sabrina restituyó su identidad biológica en 2008 y aún se busca a su hermano. Los dueños del IPP Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi irán a juicio por robo de bebés y sustitución de identidad.

Esta mañana se desarrolló en nuestra ciudad una actividad vinculada a la búsqueda del hermano mellizo de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, convocada por la Agrupación HIJOS Regional Paraná y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos en una fecha que los últimos años se ha visibilizado recordando lo que fue el egreso de los mellizos del IPP

Sofia Uranga, abogada de la Asociación Civil HIJOS, querellante en la causa, conversó con el programa Barrio Adentro por Radio Barriletes. Uranga manifestó que éste “es el último rastro del melli varón, tras su paso por el Hospital Militar y el Instituto Privado de Pediatria (IPP), que tiene mucho que ver y es parte de esa apropiación de los mellizos.

En cuanto al rol del IPP y los médicos dueños del Instituto, en este caso de robo de bebés, a modo de síntesis de lo ocurrido relató que “los primeros días de marzo Raquel Negro dio a luz a los mellizos, un varón y una mujer, en el hospital Militar, durante su cautiverio y bajo tortura. Luego, como el Hospital Militar no contaba con un área de neonatología fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatria (IPP), aparentemente con algunos días de diferencia y  los dos fueron dados de alta el lunes 27 de marzo del 78”.

La pata civil de la dictadura: los médicos y los medios de comunicación

En cuanto a la responsabilidad de los médicos, las querellas de HIJOS,  Sabrina Gullino, Sebastián Álvarez (hermano también de Sabrina y el melli) , Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación han entendido, junto con la fiscalía local, que los dueños del IPP, tres de los cuatro que se encuentran vivos (David Vaistub, Miguel Torrealday y Jorge Rossi) ”son responsables, son cómplices, son parte de la apropiación de los mellizos y se los ha acusado de la sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad, en tanto éste paso por el IPP fue coordinado con las autoridades militares y médicas del Hospital Militar y también fue coordinado su egreso” manifestó la letrada. “Es algo bastante sencillo de pensar, cualquier médico sabe que para dar de alta a un niño tiene que saber a quien se los está entregando, a algún representante legal. No solo no hicieron eso sono también que los tuvieron como NN. Todo el tiempo supieron que se trataba de los hijos de una ‘subversiva’, como ellos decían. La propia mujer de Torrealday los venían a ver y a visitar durante los más de 15 días que estuvieron internados».

Desde la agrupación HIJOS se ha hecho una recreación de lo que podría haber sido la tapa de El Diario de Paraná, de cómo se debería haber cubierto este hecho. Esa “ficticia” tapa de El Diario se pego en las paredes y se entregó en volantes. La creatividad ha ido ganando terreno, años anteriores se han hecho intervenciones teatrales, en donde se convocó a participar a mellizos y en otra ocasión a mujeres embarazadas que circularon por lugares públicos en camisón, visibilizando la búsqueda. “En este caso nos imaginamos como hubiera sido si El Diario de Paraná, que ha sido cómplice de la dictadura, hubiera denunciado y lo hubieran puesto como realmente ameritaba. Hoy se intervino con afiches y con volantes aquí en la puerta”

En cuanto a la responsabilidad de civiles y militares en las consecuencias de la última dictadura la abogada manifestó que “es importante pensar que cuando hablamos de pata civil nos estamos refiriendo también a esto, a estas instituciones médicas, pequeñas, locales, que aplicó en este caso concreto el plan sistemático de apropiación de bebés. Hay otros casos en los que se ha comprobado el aporte de médicos civiles, y de otras profesiones, que aportan desde su práctica concreta, e incluso cobran de esta plata que formó parte del genocidio y el plan sistemático. Por eso es importante marcarlos en términos de espacios físicos”.

Juicio oral y público

Uno de los reclamos de la marcha y el documento del 24 de marzo fue que no se ha fijado fecha para el juicio oral y público contra Torrealday y el resto de los médicos. En ese sentido Uranga manifestó: “Nosotros pedimos las indagatorias en 2015. Se terminaron de confirmar los procesamientos en 2016 y ahora llegamos a esta instancia de juicio oral, donde ya está la prueba ofrecida, hemos pedido que este juicio se realice durante la primera mitad de este año o al menos durante este año».

La abogada consideró que “es importante que este año se concrete el juicio oral ya que como instancia instancia es muy productiva en términos de cantidad de personas que se acercan, que tienen algún dato. Es de esos pequeños datos que se conforma la verdad. No solo para que quede clara la responsabilidad penal de estos tres médicos, sino también para que nos acerquemos al melli en el sentido de que todos puedan acercarse y decir lo que sepan.

Polémica por la convocatoria al acto radical

En los días previos al 24 de marzo se conocieron a declaraciones en nombre del radicalismo y del gobierno municipal de parte de Walter Rolandelli, defensor de Torrealday, que fue denunciado por los organismos de derechos humanos como “una provocación”. La abogada de HIJOS manifestó que Rolandelli “responde que está convencido de la inocencia de su cliente, pero la responsabilidad penal no se trata de una cuestión de fe.  Torrealday está procesado por cometer delitos de lesa humanidad como civil. Porque parece que cuando no son militares o policías uno puede dudar si es lesa humanidad o no. Pero acá no hay ninguna duda”.

En su declaración la Radio Comunitaria Barriletes la Uranga expresó que “Walter Rolandelli es un defensor particular de los imputados, no es un defensor oficial, es un abogado que ha tenido un intercambio de dinero por esa tarea, que asume la defensa, la ejerce, que si bien lo ha hecho antes de asumir una función pública, posteriormente lo ha continuado. Y además de un Intendente por el que pesan serias denuncias. Es importante enmarcarlo y que quede claro que no es una acusación a Rolandelli como profesional , pero no puede ser la misma persona que llama a los correligionarios para marchar por memoria, verdad y justicia, porque él, cuando estamos en una audiencia, se sienta del lado de los genocidas”.

Aporte

Quienes puedan aportar datos de este caso o de cualquier caso de apropiación de identidad ocurrida durante la dictadura cívico militar, pueden escribir a hijos.identidad@yahoo.com.ar, al Facebook de HIJOS Páraná, o dirigirse a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, Andrés Pasos 182, teléfono 4208366