Travesía de la causa Ilarraz en la Corte Suprema

La Justicia entrerriana aguarda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el incidente por prescripción en la causa por los abusos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná.

En la Justicia entrerriana, están al aguardo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el incidente por prescripción en la causa por los abusos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná que se sigue, desde 2012, al cura Justo José Ilarraz, hoy radicado en Tucumán.

El expediente llegó el 21 de octubre de 2015 a la Corte, y desde entonces no se ha resuelto, aunque en medio han ocurrido gestiones desde el Poder Judicial de la Provincia en procura de lograr un pronto despacho. El último movimiento de la causa ocurrió el 3 del actual, cuando pasó a despacho del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Ya hay, sin embargo, un dictamen de la Procuración.  Y es contrario al pleito que plantearon los defensores de Ilarraz, Jorge Muñoz y Juan Ángel Fornerón, que entienden que el delito que se le reprocha al cura, promoción a la corrupción agravada, está prescripto, que habría que cerrar la investigación y decretar el sobreseimiento del sacerdote.

La Procuración General de la Nación, que dirige Alejandra Gils Carbó, aconsejó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazar el recurso extraordinario federal que presentó la defensa del cura Ilarraz, por la que pretende que se declare prescripto el delito que se le imputa al sacerdote: “promoción a la corrupción agravada”, según la calificación de la Justicia.

El dictamen, firmado el 25 de abril de 2016 por el procurador fiscal Eduardo Ezequiel Casal, señala: “A mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto no puede prosperar pues al dirigirse contra una decisión que rechaza la prescripción, cuyas consecuencias no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, se encuentra ausente el requisito de sentencia definitiva”.

La Procuración, además, resalta el criterio sostenido en fallos anteriores por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas, también previsto en el Pacto de San José de Costa Rica, que en el país tiene garantía constitucional.

La investigación de los hechos, dicen esos pactos, es una obligación que debe ser asumida por el Estado. Y que esa investigación debe ser “seria, imparcial, efectiva y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos”.

Y que si en el caso Ilarraz la Justicia no avanza en una investigación seria en procura de establecer responsabilidades, el Estado argentino podría ser enjuiciado ante los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya cosechó sentencias adversas el país.

“Por ello –dictaminó el fiscal Casal—opino que corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto”.

El cura Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993, carga con una causa penal por abusos a menores, y un procesamiento que ya está firme.

Desde que se inició la causa, en 2012, la defensa del cura entabló un reclamo en torno a la prescripción, que en septiembre llegó a la Corte, habilitado el trámite por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El recurso había sido planteado por el defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, luego del fallo de la Sala Penal del STJ del 27 de abril de 2015, que decidió rechazar la impugnación extraordinaria contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal. Esa Sala rechazó, en un fallo dividido, el camino de la prescripción, y señaló que los delitos imputados al cura son “imprescriptibles”.

El primer juez que tuvo en sus manos el expediente “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, Alejandro Grippo rechazó la vía de la prescripción por cuanto, entendió, se estaba frente a hechos que constituían “graves violaciones a los derechos humanos”.

La defensa de Ilarraz apeló y a principios de agosto de 2013 la Sala I de la Cámara del Crimen, con el voto de los vocales Daniel Perotti y Miguel Ángel Giorgio, revocó el fallo de Grippo, y sentenció que la causa estaba prescripta y dictó el sobreseimiento del cura. Pero esa resolución fue apelada por la Procuración, y el STJ entonces anuló ese fallo, y ordenó que el caso vuelva a la Cámara del Crimen, que con otra conformación, rechazó el planteo de la defensa.

Entonces, el expediente Ilarraz desembocó en la Cámara de Casación Penal, que confirmó el rechazo a la prescripción, y así el trámite llegó a la Sala Penal del STJ.

Según el abogado Fornerón, “los hechos imputados a mi defendido (Ilarraz) fueron ubicados temporalmente de forma expresa e indubitable antes del año 1992”, y por lo tanto, están prescriptos. “Se observa claramente cómo los hechos que se investigan en estas actuaciones habrían ocurrido más de veinte años antes de promoverse las denuncias, habiendo largamente expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesta por nuestro ordenamiento”, dice el escrito

En su presentación, Fornerón entiende que el fallo de la Sala Penal del STJ “creó” una “nueva categoría de delitos imprescriptibles”, y sostiene que la sentencia en mayoría firmada por los vocales Chiara Díaz y Mizawak “obstaculiza la aplicación del instituto de la prescripción de la acción penal” y, “más grave aún resulta la creación de un nuevo paradigma jurisprudencial en mérito al cual cualquier juez puede considerar imprescriptibles cualquier tipo de delito con sólo estimar que en el caso concreto existe una grave violación a los derechos humanos”.

Pero un primer dictamen de la Procuración General de la Nación aconsejó rechazar el recurso de Fornerón, y es ahora la Corte, que ya empezó a tratar el expediente, la que debe resolver si finalmente sigue o no esa tesitura.

En cualquier caso, Ilarraz sigue sumando dictámenes contrarios, y esta semana se sumó la decisión de la Iglesia de abrirle una causa canónica por los abusos cometidos en el Seminario.

Ahora, se aguarda el fallo definitivo de la Corte.

Fuente: Entre Ríos Ahora