El gobierno entrerriano puso en marcha una metodología de actualización salarial, casi calcada de la provincia de Buenos Aires gobernada por María Eugenia Vidal, que substrae a los trabajadores de la puja salarial.
Por Pablo Urrutia
Determinar el porcentaje de incremento salarial a través de la consultora oficial, es virtualmente dar por finalizadas las negociaciones paritarias. El anuncio del gobierno provincial no cayó nada bien entre los docentes y se verá este viernes qué se propone a los estatales, que en el caso de ATE están definidos en franca confrontación con el Ejecutivo provincial y nacional.
18% en tres cuotas y la posibilidad de rever la situación en caso de que la inflación supere el porcentaje de aumento otorgado a los trabajadores (“cláusula gatillo”). El cálculo de la inflación a ser tenido en cuenta, será el que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La “cláusula gatillo”, reclamada en nuestra provincia por UPCN desde hace tiempo, puede ser una buena herramienta de sostenimiento del poder adquisitivo en un contexto de recesión económica y ausencia de proyecciones claras y fiables en el mediano plazo. Dicho claramente, nadie está seguro de cuánto será el porcentaje de inflación de acá a mediados de año. Y los más desconfiados de entre todos, son los trabajadores.
Pero lo que se están replanteando los dirigentes gremiales es que, la cláusula, aceptando un incremento del 18% en tres o cuatro cuotas, implica la aceptación del ajuste sobre los salarios. Prácticamente todos coinciden en que el año pasado la pérdida para el bolsillo de los trabajadores fue del 10%. De acordar, estarían acordando un salario que flote, pero por debajo de la superficie. Es decir, aceptarían un recorte salarial, a cambio de que luego se sostengan esos salarios ya deprimidos.
En el programa del jueves, el periodista Juan Pablo Arias realizó esta afirmación: “El Indec actual está tan retocado como el que le criticábamos al kirchnerismo”. Basándose para ello en números concretos: la inflación en el Área Metropolitana de enero de 2017, según el Indec, fue de 1,3%; mientras que la difundida por la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, para el mismo territorio y mes, fue de 1,9%. La diferencia no es exclusiva de la Dirección de Estadísticas porteña, y persiste desde septiembre de 2016. En ese período de cinco meses la brecha entre ambos indicadores fue de 23%; pero otros índices provinciales, como el de Córdoba, arrojaron una medición en torno al 1,5%; en tanto que consultoras privadas también ofrecieron variaciones de precios superiores a las del Indec. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT también informó una cifra más elevada: 1,8 por ciento para enero. Y por ahí anda también el IPC Congreso. A ninguna le dio menos o igual que el Indec.
Cabe la posibilidad de que al contar con mayores herramientas para la medición, la del organismo nacional sea más afinada, tenga un menor margen de error que las otras. Puede que haya diferencias metodológicas que expliquen la variación. Puede. Lo cierto es que, ante la disparidad entre las mediciones, se ve erosionada la confianza en los datos del Indec, que pasan a ser de absoluta relevancia desde el momento en que, según lo explicó el ministro Ballay, serán esos índices los que determinen el porcentaje ofrecido en paritarias a los trabajadores estatales y docentes entrerrianos. Desde luego, la inflación oficial siempre fue un parámetro para la negociación salarial. Pero la cláusula gatillo, atada a los índices oficiales, puede ser un callejón sin salida para los trabajadores. Ni hablar si, como se menciona anteriormente, los números son manipulados por el Gobierno nacional. Otro dato a tener en cuenta es que, durante la gestión anterior, uno de los principales ejes de la economía fue inyectar dinero en el mercado interno para activar el consumo; en la actual, es enfriar la economía para controlar la inflación, vía contracción del consumo. Aún considerando que el instituto de estadísticas fue uno de los aspectos más criticados de la gestión anterior; el reclamo por la eliminación del impuesto a las ganancias estuvo en el centro del conflicto gremial, y no así la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
La propuesta salarial del Gobierno provincial es la crónica de un fracaso anunciado y lo que está en riesgo es una instancia de negociación a favor de los trabajadores. La ruptura de ese espacio constituye un hecho lamentable, como la anulación de las paritarias nacionales para los docentes.
La cláusula gatillo se asienta sobre dos aspectos relevantes para su implementación: uno es el consenso y la confianza en la fidelidad de los datos del Indec, cuya salida sería establecer un promedio entre las diferentes consultoras; el otro es la voluntad política para renegociar cuando la cláusula se active.
Volviendo a la columna de Arias en el programa Cara y Ceca, el periodista aportó otro dato esclarecedor: Porqué el Gobierno manipularía las estadísticas, del mismo modo que tanto le criticó al gobierno anterior? Por dos cosas, por una razón política, que es mostrar cierto control y disminución de la inflación en el contexto de un año electoral –enrolladas ya las banderas de “bajar la inflación es lo primero que voy a hacer en mi gobierno”–; y para contener la paritaria, que se considera una de las causa (y no el efecto) de la inflación.