La Justicia provincial se declaró incompetente para seguir la causa de las carmelitas

La Cámara de Casación Penal considera que la Justicia provincial no tiene competencia en la investigación por privación de la libertad y aplicación de tormentos en el convento de Nogoyá.

La Justicia provincial se declaró incompetente para entender en la causa abierta en los Tribunales de Nogoyá por los abusos que se endilgaron a la priora del monasterio carmelita de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, la monja Luisa Toledo. Dos exreligiosas de esa congregación denunciaron la aplicación de tormentos y la privación de la libertad luego de conseguir salir de esa casa religiosa que sigue preceptos poco usuales en la vida monacal, como la clausura absoluta.

La resolución la adoptó la Cámara de Casación Penal, adonde la causa había llegado con un recurso de apelación firmado por el fiscal Lisandro Beheran, de Gualeguaychú. Beheran recurrió un fallo de la jueza Alicia Vivian, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad del sur provincial, que había acogido favoarablemente un planteo de la defensa de la monja Toledo, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, y declaró la incompetencia de la Justicia provincial.

La resolución, firmada por los camaristas Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, plantea que “el Estado de Derecho ha concebido como garantía constitucional al juez natural, según la cual antes del hecho de la causa existe un determinado órgano creado previamente por una ley que ha fijado el ámbito material y territorial de su jurisdicción, su número, el modo integración y las reglas de procedimiento conforme a las cuales ejercerán sus funcione, órgano que así constituido tiene jurisdicción respecto de los justiciables y nadie puede ser de él sacado”.

Antes, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, también se había declarado incompetente, por lo cual la causa que investiga las denuncias en el convento carmelita quedó sin juez y sin tribunal.

La discusión de competencia es compleja.

La causa penal que se abrió el 25 de agosto último y que investiga las denuncias de dos exmonjas, que denunciaron aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, quedó en una situación de falta de tribunal.

La monja Toledo, que cumplió funciones de superiora del convento carmelita, fue imputada por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y reducción a servidumbre” en unas causa que tramitó el fiscal Federico Uriburu.

Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre último por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.

Allí, se convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José. Pero después fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

En esa ciudad fue a parar en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.

Indefinición

Aunque la separación de la monja de la conducción del monasterio carmelita de Nogoyá fue reprochado por los defensores, el planteo no avanzó a la cuestión de fondo por cuanto los abogados Vartorelli y Cullen nunca reconocieron competencia en el caso a los tribunales provinciales. Y apelaron la competencia.

El incidente fue resuelto en Gualeguaychú.

En esa ciudad, la jueza Alicia Cristina Vivian, del Tribunal de Juicios y Apelaciones, declaró la incompetencia de la Justicia provincial para investigar el caso del monasterio carmelita.

Pero la resolución de la jueza Vivian no quedó firme, sino que fue apelada en Casación por el fiscal coordinador Lisandro Beheran.

Beheran no compartió el criterio de la magistrada porque entiende que se investigan delitos comunes, en los que es competente la justicia provincial. Y así fue como la causa llegó para su resolución a la Cámara de Casación Penal de Paraná.

En forma paralela, mientras la Justicia provincial debatía su competencia, la Justicia Federal, adonde los defensores de la monja se habían presentado, declaraban su incompetencia.

El fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, emitió un dictamen contrario a la petición de los abogados Cullen y Vartorelli, defensores de la monja carmelita. Y señaló que “de acuerdo a lo aportado por la solicitante, por el momento no hay razones para que intervenga la Justicia Federal”.

A principios de octubre, el juez federal Leandro Ríos rechazó el planteo efectuado por la defensa de la monja Toledo para que el caso pase a la Justicia Federal.

El magistrado consideró que por el momento “resulta prematuro” que la investigación pase al fuero federal, pero no descartó que eso pueda ocurrir más adelante.

“Resultaría precoz en el presente estadio de la causa –aún en sus albores– sostener que compete a la Justicia Federal su tramitación, toda vez que resta desarrollar la pesquisa sobre aquellos aspectos fácticos que aún son materia de una investigación insipiente” por parte del Juzgado de Garantías de Nogoyá, señaló Ríos en su resolución.

Ahora, el caso volverá para su análisis a la Justicia Federal.

Qué sigue

El fiscal Federico Uriburu cree que la instancia de apelaciones todavía no está cerrada, aunque se muestra conforme con el hecho de que el trabajo de investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal de Nogoyá no haya sido reprochado. Sólo se trata de una cuestión de competencia, asegura. “Ahora, falta otra instancia. El juez federal de Paraná tiene que aceptar la competencia. Si no la acepta, el caso va a ir a resolución de la Corte Suprema”, contó a EL DIARIO. De todos modos, Uriburu hizo notar que la Justicia logró avanzar con la separación de la prioria Luisa Toledo de su puesto en el convento carmelita de Nogoyá, algo que habían pedido las dos denunciantes. Y que además, se logró que el Vaticano interviniera y dispusiera el traslado de la religiosa a una casa de la congregación en el Chaco.

“Esto es solamente una cuestión de competencia –opinó–. En ningún momento se puso en cuestión nuestro accionar. No se nos llamó la atención por eso. Ni siquiera por el hecho del allanamiento al convento, que según la Iglesia fue hecho con violencia. En ningún momento hubo violencia”.

Fuente: EL DIARIO