José Allende está citado a indagatoria para el 23 de febrero

El diputado provincial tendrá que presentarse a instancia indagatoria para responder imputaciones por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública.

Este jueves 23 del corriente mes, el diputado provincial y gremialista Allende, acompañado por su abogado y sobrino, Marcos Rodríguez Allende, tendrá que comparecer ante los fiscales Laura Cattáneo, Juan Malvasio e Ignacio Arramberry, para declarar en instancia indagatoria sobre las imputaciones que pesan sobre sus espaldas.

Luego de ese trámite, su abogado seguramente avanzará para cumplimentar la posibilidad de un juicio abreviado. Según manifestó Análisis Digital, Allende viene analizando desde diciembre del año pasado la necesidad de un acuerdo, con reconocimiento de culpas. Hubo reuniones con alguno de los fiscales, como así también con el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García. O sea, una pena de prisión condicional para el cuestionado legislador, la renuncia a la banca en Diputados, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la expropiación de algunos de sus bienes millonarios, valuados en más de 40 millones de pesos. Todo ello propone Allende, pero, a cambio, exige que se levanten las imputaciones sobre su actual esposa, su ex mujer y los tres hijos con el apellido de Allende: Julio, Victoria y Carolina. Dos de ellos tienen participación accionaria en varias de las empresas que conduce el diputado oficialista.

Adriana Satler está complicada en los «negocios incompatibles» de su esposo puesto que ella era la que recibía los 30 mil pesos mensuales de la Cámara de Diputados, que Allende le aportaba a la Fundación Esperanza, que presidía la arquitecta y que fuera creada por el diputado oficialista. O sea, la mujer cobró 30 mil pesos por mes entre enero de 2008 y diciembre de 2011. El cálculo indica 1.440.000 pesos en tal período.

La justicia estudia también la posibilidad de trabarle libertad de movimientos de sus bienes lo que aún no se concretó. Al parecer, se habrían detectado algunas operaciones inmobiliarias del legislador, precisamente para desprenderse de parte de su patrimonio antes de que se lo embarguen o bien que lo exijan como parte de la negociación con el Estado, para lograr su expropiación. Desde la justicia se le exigiría la entrega de la fastuosa mansión de calle Castelli, en pleno Parque Urquiza -ideada y realizada por su esposa Satler-, pero Allende no estaría dispuesto a entregar tal bien, valuado en 750 mil dólares. Así también, el departamento que tiene el legislador en Puerto Madero (de 530 mil dólares), de similares características al del ex fiscal fallecido, Alberto Nissman.

Mientras tanto, Análisis Digital pudo determinar que el legislador del Frente para la victoria inició sus trámites jubilatorios en el organismo previsional de Entre Ríos. El expediente tiene fecha 26 de diciembre, según figura en la base de datos de la Caja de Jubilaciones. Si bien Allende cumplió 60 años el pasado 29 de enero, tiene 38 años de servicio, con actividad laboral en Neuquén, Santa Fe y Entre Ríos. Al pasar los 30 años de aportes, el organismo lo puede compensar y así calzar su jubilación, pese a que no cumplió aún los 62. ¿Renunciará el diputado a su banca para contar desde mayo con su jubilación ordinaria?

Por lo pronto, este viernes los familiares directos de Allende concurrieron a Tribunales para designar abogados defensores, en la misma causa, imputados como “cómplice necesario” en los delitos de corrupción del actual legislador.

Fuente: Agenda Abierta y Análisis Digital