Se multiplican las críticas al cuádruple play decretado por el gobierno

Organizaciones denuncian una mayor concentración y declaran la emergencia en el derecho a la comunicación, mientras que la empresa Telefónica sostiene que se «pretende el ingreso de competidores violando las más elementales reglas de igualdad ante la ley».

Un decreto firmado el viernes y publicado hoy en el Boletín Oficial establece que el Ministerio de Comunicaciones, conducido por Oscar Aguad, le permite al Grupo Clarín ingresar al mercado de telecomunicaciones y proveer servicio 4G, negocio que favorece ampliamente al multimedio. Ante esto, Telefónica anunció que se encuentra «analizando las posibles acciones judiciales para proteger los derechos que este decreto estaría violentando».

«Sentimos profundamente que una vez más el gobierno demore la verdadera competencia en el sector. Telefónica se encuentra analizando las posibles acciones judiciales para proteger los derechos que este decreto estaría violentando», expresaron fuentes de la empresa al diario La Nación.

«La convergencia que pregona el gobierno cada vez está más demorada. Los parámetros con los que la está impulsando son subjetivos, siempre con el único fin de favorecer a un solo sector. La política de telecomunicaciones que lleva adelante este gobierno inexorablemente demorará las inversiones que son tan necesarias para el desarrollo de infraestructura que requiere el país», agregaron desde la empresa.

«Se habla de competencia, pero en un mercado tan concentrado lo que se hace es servir en bandeja a los operadores existentes condiciones para expandir su dominio». La opinión es de Martín Becerra, doctor en ciencias de la información, quien cuestionó con dureza el decreto 1340/2016, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que autorizó el cuádruple play a partir de enero de 2018.

Mediante esa medida ahora las empresas de telecomunicaciones podrán brindar de manera simultánea los servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil e internet. Para Becerra, este escenario consolida la posición dominante de los grandes operadores que están hoy en el país, concentrando más el mercado, y no alienta la competencia ni la inversión extranjera.

«Lo que hace el gobierno es un esfuerzo para contentar a los principales operadores tanto de las telecomunicaciones como del audiovisual de pago, con nombre y apellido Telefónica y Clarín. El decreto beneficia a ambos, pone la regulación estatal a disposición de estos dos gigantes conglomerados, que vienen peleando por dominar el mercado, blindándolos de la posibilidad de que entren jugadores distintos», opinó.

Becerra consideró que «el Gobierno omite el interés público. Para contentar a Telefónica y Clarín pone a su disposición recursos públicos y los blinda el mercado bloqueando la competencia. También favorece a DirecTV».

«Se habla de competencia, pero en un mercado tan concentrado lo que se hace es servir en bandeja a los operadores existentes condiciones para expandir su dominio. Es una política muy proteccionista de los intereses, no de apertura de la competencia», continuó el especialista.

Asimismo, sostuvo que el presidente Mauricio Macri «vuelve a demostrar que se aparta del reclamo del mercado de que existan reglas claras» al aplicar «una política de parches» y «a muy corto plazo». Además cuestionó que el Gobierno utilizó un DNU en su momento para modificar una ley, y ahora un decreto para cambiar un DNU. «Cambia normas superiores, con normas inferiores», enfatizó.

Desde la Coalición por una Comunicación Democrática emitieron un duro documento en el que advierten que «el gobierno nacional vuelve a violentar la ley y las garantías constitucionales para intervenir por decreto en el campo de la comunicación a fin de favorecer la concentración y la cartelización de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones.»

La Coalición hace más de una década viene trabajando por la defensa del derecho humano a la comunicación, la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones y está conformada por múltiples actores, sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras comunitarias, Universidades Nacionales y Provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales.

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DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN ESTADO DE EMERGENCIA

RETROCESO: MAYOR CONCENTRACIÓN FUERA DE LA LEY

Tal como lo hizo hace un año, el gobierno nacional vuelve a violentar la ley y las garantías constitucionales para intervenir por decreto en el campo de la comunicación a fin de favorecer la concentración y la cartelización de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones.

Mientras prometen una nueva ley avanzan por decreto con los negocios de unas pocas empresas  socias del oficialismo.

El nuevo Decreto 1340/2016 afecta más aún la libertad de expresión y promueve la consolidación de un mercado oligopólico que protagonizan las principales corporaciones en materia de servicios convergentes: el Grupo Clarín, Telefónica y Telecom.

Hace apenas un mes, en el documento “UN AÑO FUERA DE LA LEY”, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) denunció el desmantelamiento del orden jurídico, el incumplimiento de las promesas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la OEA y los peligros que acarrea gobernar por decreto, negando la comunicación como derecho ciudadano y de las audiencias.

En lugar de someterse al debate democrático en el ámbito parlamentario y al principio de no regresividad de derechos —ambos exhortos formulados por la CIDH en abril de 2016 en Washington—, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a contradecir con hechos su discurso sobre el diálogo y la institucionalidad. La captura regulatoria del mercado de las comunicaciones, el sometimiento político de los órganos de aplicación y los negocios de grupos amigos, son los únicos resultados de su gestión en el primer año de gobierno.

El nuevo decreto permite al ENACOM disponer del espectro radioeléctrico —recurso natural patrimonio del pueblo argentino—a la medida de los grandes operadores del mercado, atribuyendo bandas de frecuencias y diseñando concursos a medida. También liberalizará las tarifas para que las corporaciones puedan llevarlas a los niveles de operación de sus otras filiales en América Latina. Asimismo autoriza la reasignación discrecional de frecuencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios móviles para permitir el empleo por parte de Grupo Clarín — para su empresa Nextel— de posiciones en el espectro adquiridas para otros usos a precios de remate.

La norma clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente. De esta manera se cristalizan las posiciones dominantes, impidiendo una mayor competencia. DirecTV tendrá su premio al serle permitido el ingreso al negocio de los servicios TIC (internet), limitación establecida en el texto original de la Ley 26.522.

El decreto también protege al Grupo Clarín, impidiendo hasta 2018 la competencia a Cablevisión de los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba). El Decreto invoca una protección para operadores locales cooperativos o Pymes, pero la misma solo resulta aplicable en las pequeñas ciudades donde sean un único prestador, es decir, marginales en términos de mercado.

Así se convierten en letra muerta los criterios constitucionales y los Tratados Internacionales que definen a la comunicación como un derecho humano y que han establecido que el control de la concentración en medios y plataformas de distribución de contenidos es una vía razonable y necesaria para asegurar la libertad de expresión. Por el contrario, las autoridades actuales insisten en considerar a la comunicación como una simple cuestión mercantil que, en el peor de los casos, debe zanjar el área de Defensa de la Competencia, ignorando por completo el derecho de las audiencias.

Frente a este retroceso, la CCD ratifica los principios de defensa de la comunicación como un derecho humano, el debate público y participativo, la promoción de una política nacional que defienda el patrimonio tecnológico y audiovisual de la Nación y el trabajo local, fomentando la producción de contenidos argentinos y los medios con arraigo territorial, vocación social y de servicio público.

Coalición por una Comunicación Democrática
2 de enero de 2017