Jorge Rodríguez, actual funcionario provincial, deberá responder ante la Poder Judicial en el marco de una causa donde se lo investiga por desmanejos de fondos públicos.
El 6 de febrero, a las 9 hs, comenzará el juicio contra el ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Abel Rodríguez, quien actualmente se desempeña como subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). El proceso judicial también involucra a Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y el ex director de esa área, respectivamente.
La causa, caratulada “Rodríguez Jorge Abel –Kemerer Néstor Alberto- Heyde Mario Ricardo –S/ Peculado», se efectuará en el Juzgado de Garantías Nº 2 de Paraná, a cargo de José Eduardo Ruhl, y con la participación como fiscal de Patricia Yedro.
El caso fue presentado ante el Poder Judicial en 2015 por María Emma Bargagna, ex diputada provincial del Frente Amplio Progresista, y Jorge Monge, diputado de Cambiemos, con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira, luego de una investigación periodística publicada en la revista “Análisis”.
Entre los principales acontecimientos, que derivaron en la investigación y culminaron con la elevación a juicio, aparecen denuncias por supuestas irregularidades respecto a fondos destinados a la Escuela Privada N° 235 Heraclia Ruiz Díaz, que fue inaugurada el 5 de diciembre de 2014, y lanzada por el Gobierno como “la primera escuela vial del país”. El nombre de la escuela es el de la fallecida madre de Néstor Kemerer, por esos días director de Suministro y Mantenimiento de la DPV.
Para administrar la escuela, se creó la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, que presidía Rodríguez e integra Kemerer. La denuncia de la querella acusa a los funcionarios por el desvío de fondos de 1,5 millones de pesos.
En esa línea, el 5 de marzo de 2015 el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos inició una investigación, con la intervención de la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, que destaca supuestas irregularidades en la creación de la “primera escuela vial del país”. Entre las maniobras denunciadas se destaca «el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación, el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento, y la inexistencia de una contraprestación en beneficio del organismo”.
El informe del Tribunal de Cuentas Entre Ríos indica que “se observa especialmente que los contratos de locación de servicios suscripto por el Sr. Jorge Abel Rodríguez como director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, con motivo de la escuela, expresan en su cláusula primera que el locador desarrollará tareas como Auxiliar de Sala o como Maestra de Sala en el ámbito de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, lo cual resulta irracional, pues claramente se refiere a la prestación de servicios como docente de nivel inicial, y no como personal de la referida repartición estatal”. En ese marco, la abogada Vinagre destaca que “la DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”.
La asesora jurídica del TCER señaló que el agente en cuestión “no prestó servicios para la Dirección Provincial de Vialidad”. Respecto del organismo que dirige la escuela, la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, de la que forma parte el titular de Vialidad, dice que su estatuto no prevé que la escuela sea destinada a la educación de los hijos del personal de la Dirección Provincial de Vialidad “en forma exclusiva ni tampoco prioritaria”. “Desde ya adelanto que el hecho de que la institución creada colabore con la prestación de un servicio público, no legitima la realización de estos actos para los cuales la DPV no tiene competencia ni jurisdicción”.
En otra parte de la denuncia se puntualiza que los equipamientos para la escuela “no habría sido afrontado por la Dirección Provincial de Vialidad puesto que fueron elementos donados por la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) y Cablevisión. La contradicción expuesta se confirma además por la inexistencia de comprobantes de gastos librados, tal como plantean los funcionarios.
El Tribunal de Cuentas cuestiona también el comodato de un espacio de la DPV a favor de la escuela, cuando aún no tenía personería jurídica la mencionada asociación civil que le da sustento al establecimiento educativo. Agravado por otra parte por la falta de intervención de la Legislatura en el tema.
“Con relación a todos los actos y contrataciones de la Dirección Provincial de Vialidad observada, tanto al tono al personal, al equipamiento y al inmueble, concretadas a beneficio de la Asociación Civil ‘Los Viales’ en formación, entiendo que se han violentado además, el régimen de incompatibilidades”, puntualiza el informe.
El 6 de febrero será la fecha para iniciar el proceso de desenlace de estas denuncias contra los tres funcionarios, Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde. Se verá si los planteos de los legisladores de la oposición, respaldados desde la querella, son verdaderos respecto a la causa que tiene a cargo el Juzgado Nº 2 de la capital provincial.
Fuente: Agenda Abierta y Entre Ríos Ahora