Se esperan gestos oficiales hacia la materialización del acuerdo de paz en Colombia

Tras el pacto firmado en Cuba y la ratificación del Poder Legislativo del proceso de paz, comienza el debate sobre el recorrido hacia la implementación de los puntos consensuados.

Entre los ejes acordados entre el Ejecutivo nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se definió que luego de la refrendación tenían que empezar a movilizarse hacia las zonas de concentración y  “antes de finalizar el año deberán estar en esas zonas”.

Precisamente, ese segundo punto se ha convertido en el nuevo foco de discusión. Las Farc se negaron a acoger la tesis del Gobierno de que el Día D ya había llegado y argumentaron que éste debía ser cuando la ley de amnistía estuviera vigente, junto con un procedimiento expedito, como el denominado fast track, para sacarla adelante. Eso, indudablemente, generó suspicacias frente a un presunto cruce de cables entre las partes que quedó resuelto, sin embargo, en un comunicado conjunto en el que se reconoció que el acuerdo sí había entrado en vigor.

Pero la preocupación de las Farc sigue siendo la inseguridad jurídica que les genera el hecho de que la ley de amnistía no esté vigente. Incluso, ha surgido la versión de que en el interior de sus filas hay integrantes que se niegan a movilizarse hacia las zonas de concentración. Y aunque el texto está listo para ser radicado, el Gobierno tomó la decisión de esperar a que la Corte Constitucional decida sobre el procedimiento especial legislativo para, ahí sí, tramitarla en el Congreso.

La única respuesta la dio ayer el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien al término de una reunión con el presidente Santos confirmó que este año será radicada la ley de amnistía -con mensaje de urgencia si se cae el fast track- y en las sesiones extras del 26, 27 y 28 de diciembre se dará su primera discusión. En enero arrancaría un debate más en sesiones conjuntas para acelerar su proceso. Por eso, no es falso que el tiempo apremia. Sobre todo, porque las Farc tienen claro que la ley de amnistía beneficiará a sus integrantes tan pronto se surta por completo el proceso de dejación de armas y no antes. Eso, al menos, quedó claro en el texto que será radicado. “La amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva cuando el destinatario haya efectuado la dejación de armas de conformidad con el cronograma”, dice la redacción del proyecto.

Así que más allá de la filigrana jurídica de la ley de amnistía, el pulso político en torno a ésta ya está planteado. Más de 4 mil guerrilleros recluidos en las cárceles del país esperan el momento en que las puertas de las prisiones se abran; y otros miles de combatientes también están a la expectativa de que su situación jurídica se resuelva antes de que dejen las armas.

Y es que aunque el texto del proyecto de ley es tajante en que los beneficios sólo se materializarán una vez se cumpla con los supuestos de verdad y reparación de las víctimas y el compromiso de no volver a delinquir, el Gobierno tendrá la obligación de ofrecer unas medidas transitorias de alivio para combatientes y guerrilleros presos. Esto muy seguramente vendrá en los próximos días de tal forma que los miembros de las Farc sientan los beneficios que se desprenden de la firma del Acuerdo Final de Paz. Simultáneamente, en los cuarteles del Ejército cientos de uniformados también esperan a que el Ejecutivo dé luz verde a las medidas de alivio de quienes en el marco del conflicto armado excedieron sus funciones e incurrieron en acciones delictivas.

 

El proceso de concentración

Aunque desde hoy comenzaría el tránsito de las estructuras de las Farc desde los puntos de preagrupamiento hacia las zonas veredales transitorias, es claro que por su envergadura el proceso no se dará de un día para otro y tomará, como quedó establecido en la minucia del Acuerdo Final de Paz, un máximo de 25 días a partir de este martes.

Sobre todo teniendo en cuenta que, aunque ya están establecidos los municipios que albergarán las 20 zonas veredales y 7 puntos campamentarios, el Gobierno y las Farc siguen ultimando detalles en algunos territorios en los que no se ha podido llegar a acuerdo o con las comunidades o con los dueños de los predios en donde se concentrarán las Farc para la posterior entrega de armas.

Hoy, por ejemplo, delegados del Gobierno y las Farc visitarán Tibú (Norte de Santander), en donde hay diferencias por resolver en cuanto a la zona veredal que se iba a establecer. “Vamos para Caño Indio, en Tibú, donde hay una preocupación alta sobre un tema crítico, que es el de los cultivos ilícitos. Las comunidades quieren resolver algunos temas que tienen que ver con el proceso de sustitución de cultivos, y piden que haya avances concretos sobre lo que va a ser la futura implementación del punto 4 del Acuerdo Final de Paz”, explica Diego Bautista, director de paz territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Entre tanto, las medidas para el desarrollo normal del tránsito de las Farc a las zonas de concentración ya comenzaron a tomarse. Desde la semana pasada la Fuerza Pública viene reorganizando los dispositivos de sus tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras guerrilleras y los vuelos militares sobre las zonas veredales quedaron restringidos a 5.000 pies.

Paralelamente, a partir de este jueves (Día D+7) y hasta que termine el proceso de desplazamiento de las Farc, se llevará a cabo “el transporte de las armas de acompañamiento, del armamento de las milicias, las granadas y municiones por parte de los integrantes de las Farc hacia las zonas veredales, bajo la observancia del protocolo de seguridad para el transporte del armamento”, como quedó consignado en el Acuerdo Final para la Paz, suscrito por las partes.

Cumplida la fase de movilización hacia los puntos determinados -el 31 de diciembre según el cronograma-, la guerrilla entregará un listado completo de los integrantes presentes en cada zona veredal y la Fiscalía deberá suspender las órdenes de captura de la totalidad de los integrantes de las Farc que se encuentren en las mismas: “Se establecerá un procedimiento expedito para la acreditación y el tránsito a la legalidad de los miembros de las Farc-EP no armados. A las personas que sean acreditadas se les resolverá la situación jurídica otorgándoles indulto mediante los instrumentos legales vigentes si no estuviera en vigor la ley de amnistía. Quedarán en libertad a disposición de la JEP en caso de que tuvieran acusaciones por delitos no amnistiables según la ley de amnistía acordada en el Acuerdo Final para la Paz”, reza el documento firmado en La Habana.

Fuente: El Espectador