Investigan el robo y la comercialización ilegal de armas del depósito de Tribunales

El fiscal Ignacio Aramberry espera que la causa sobre el faltante de cincuenta armas de la dependencia judicial se eleve a juicio antes de fin de año. El perito balístico, Antonio Vitali, es el principal acusado.

La  investigación por la supuesta venta de armas que habían sido secuestradas y debían estar bajo resguardo judicial, que involucra a empleados de tribunales, está en su etapa final y el fiscal Ignacio Aramberry cree que antes de fin de año será elevada a juicio.

Sin embargo, la novedad más importante es el resultado del inventario realizado en el depósito: en el informe consta que sobre un total de más de 3 mil armas, se determinó que faltaban alrededor de 50, de distinto tipo y calibre: 9 milímetros, revólveres calibre 22, 32 y 38 y armas de guerra, reveló el fiscal en diálogo con el programa A quien corresponda (Radio de la plaza). En ese sentido, Aramberry explicó que el valor de las armas, en el marcado ilegal en el que se comercializaban cuando eran sustraídas de tribunales, oscilaba entre 2 mil y 3 mil pesos, según el caso, y que “era un comercio definitivo, eran ventas concretas”, descartando que se tratara de alquileres.

El principal acusado en la causa es el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Daniel Vitali; pero también hay otro empleado judicial involucrado en la maniobra, Maximiliano Bertoni, que trabajaba en el Departamento Médico Forense.

Según lo que ha podido reconstruir el fiscal durante los nueve meses que lleva de investigación, se trataba de una sustracción de armas que se encontraban depositadas en tribunales para insertarlas en el mercado ilegal. “Eran entregadas (las armas) por uno de los imputados (Vitali) a otro (Bertoni), y a su vez eran distribuidas por ese otro a terceros que las comercializaban entre otras personas”, detalló.

Los acusados

El fiscal Aramberry confirmó que espera concluir la investigación penal preparatoria antes de fin de año y elevar la causa a juicio. Explicó que “es una investigación muy compleja” y no descartó que pueda haber otras personas implicadas, más allá de Vitali, Bertoni y otras cinco personas que han sido imputadas.

Los otros acusados son Mario López Alonso y Eduardo Borgogno, que serían los encargados de vender las armas; y Georgina Vega, que es la única acusada de comprar un arma sustraída del depósito de tribunales. Podría haber otros imputados que se sumen en los próximos días, también por la compra de armas.

Todos están excarcelados, se indicó.

Respecto del encargado del depósito de armas, Fabricio Santapaola, no hay pruebas de que esté involucrado en la comercialización de armas, pero sí habría una omisión en su deber de control de la oficina.

En cuanto a Javier y Horacio Brítez, padre e hijo, que estaban acusados de guardar armas en una vivienda, fueron apartados de la causa porque la Policía allanó su vivienda sin autorización y se dispuso la nulidad de las actuaciones respecto de ellos.

Cabos sueltos

La causa se inició a mediados de febrero, cuando policías de la Comisaría Cuarta detectaron que un revólver que habían secuestrado en un procedimiento descubrieron que esa arma ya había sido secuestrada y enviada en sobre cerrado a la Justicia como prueba en otra causa.

En principio, la persona a la que se le incautó el revólver admitió que la había comprado en el mercado ilegal y a partir de ahí el fiscal Aramberry dispuso que se realizaran escuchas telefónicas y tareas de inteligencia a cargo de efectivos de la División Robos y Hurtos, que terminaron en distintos allanamientos y en la detención de varias personas.

Nueve meses después, el fiscal explicó que recién hace unos días recibió el informe de auditoría sobre el total de armas faltantes en el depósito. Se trata de unas 50 armas de distintos tipos y calibres.

Además, sostuvo que aún están pendientes los resultados de pericias sobre teléfonos y computadoras secuestradas en los distintos allanamientos realizados meses atrás: “Estamos esperando que nos lleguen los resultados de las pericias telefónicas y sobre computadoras y con eso estaría concluida la investigación”, precisó.

No obstante, aclaró que según los datos que surjan de esas pericias “podría ampliarse la investigación a otras personas que hasta ahora no han sido imputadas” y agregó: “No se descarta nada. Esas pericias podrían arrojar algo distinto a lo que actualmente hay en la causa, en el sentido que se amplíe la investigación hacia otras personas”.

Fuente: El Diario