Hubo acuerdo con gobernadores por la reforma del Impuesto a las Ganancias

El déficit de las provincias será cubierto en parte con los ATN. El gobernador de Entre Ríos, participó del encuentro y se mostró dentro de la liga de gobernadores que encabezan Schiaretti y Urtubey.

Tras intensas negociaciones que incluyeron una reunión en la casa de Sergio Massa, con fotos de un sushi fantasma, denuncias de aprietes a gobernadores y el acuerdo con la CGT, los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional arribaron al acuerdo en torno a la reforma del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, el proyecto consensuado quedó a tiro de ser aprobado esta semana en el Congreso.

La principal preocupación en torno a la medida que fue una de las más insistentes promesas de campaña de Cambiemos, giraba en torno al costo fiscal que tendría para las provincias y que Nación trasladaría de forma directa si prosperaba el proyecto acordado por la oposición y aprobado en Diputados. Finalmente, el gobierno nacional, a través del ministro Rogelio Frigerio, se comprometió a cubrir ese déficit de alrededor de 27 mil millones de pesos con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se depositarán de forma automática durante 2017.

En defensa de las arcas provinciales se formó lo que desde Casa Rosada, denominaron «mini liga» de gobernadores, y otros «grupo Savoy», por el hotel que eligieron para reunirse. Está integrada por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el de Córdoba,  Juan Schiaretti, que a su vez la encabezan y fueron sus promotores. Y la completan Sergio Uñac, de San Juan; Rosana Bertone, de Tierra del Fuego;Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Domingo Peppo, del Chaco; Hugo Passalacqua, de Misiones; Miguel Lifschitz, de Santa Fe; Omar Gutiérrez, de Nuequén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis.

Para el financiamiento de la liberación de fondos que significa la reducción del impuesto, se gravamen al juego, y se excluyó el cobro de retenciones a las mineras, entre otras medidas.

En una conferencia de prensa realizada en el mediodía del martes, en Casa de Gobierno, los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfredo Prat Gay y el de Interior, Rogelio Frigerio bridaron precisiones sobre el acuerdo, junto a varios gobernadores.

El nuevo proyecto sería analizado esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, mañana  será debatido en el recinto de la Cámara Alta y el jueves pasaría a Diputados, que ese día le daría sanción definitiva, desechando la sanción de la iniciativa anterior que había impulsado la oposición parlamentaria de la cámara baja, en el marco del acuerdo entre Sergio Massa y Axel Kicillof.

Frigerio explicó que con el apoyo de los gobernadores que integran la “mini liga”, el nuevo proyecto ha reinstalado el  impuesto al juego, que en la propuesta original del Poder Ejecutivo significaba un ingreso a las arcas estatales de $6 mil  millones.

El proyecto de la oposición que había recibido sanción en Diputados  reducía ese ingreso a $600 millones. ”Con los acuerdos volvimos a imponer este tributo,  con otras modificaciones”, afirmó.

Frigerio, destacó que se vuelve a respetar el Presupuesto Nacional de 2017 y el valor diferencial va a ser cubierto una  parte de ATN, otra con el impuesto a las Ganancias y otra con la  coparticipación, con lo cual las provincias llegan a los 27 mil millones que estaban establecidos en el Presupuesto Nacional aprobado recientemente.

Además, aseguró que con la presente reforma “un sueldo de 50 mil pesos pagaban un impuesto de $5400; con esta reforma consensuada va a pagar $1700”.

El nuevo mínimo no imponible será fijado en 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos, y en 27.941 pesos brutos para solteros; además, el proyecto acordado modifica las escalas e incorpora deducciones por horas extra en días no laborables y por zona patagónica.

Se estima que con la presente medida, alrededor de 400.000 trabajadores dejarán de pagar el impuesto a partir del año que viene. El proyecto de la oposición que determinó finalmente que el gobierno nacional avanzase en la modificación del tributo, pretendía que sean alrededor de 1 millón los trabajadores librados del pago de esa carga tributaria.