¿Habrá traslado del Senado entrerriano al edificio de la Biblioteca Provincial?

Proyectos de los senadores Pablo Canali y Nicolás Mattiuada reflotan el viejo plan de construir el edificio legislativo donde funciona la Biblioteca Provincial. El diputado Allende también reclama ese inmueble para UPCN.

Foto: AIM Digital
Foto: AIM Digital

El tema estaba tapado desde hace años, pero hace dos semanas, el senador vecinalista Pablo Canali, lo desempolvó. Presentó un proyecto de comunicación solicitando que se inicie un debate para la construcción del nuevo edificio del Senado en el inmueble en el que hoy funciona la Biblioteca Provincial. Concretamente, la iniciativa pidió por el terreno ubicado en la calle Avenida Alameda de la Federación, con salida sobre calle Garay, superficie 1.998,67 metros cuadrados, partida municipal Nº 684, plano Nº 6763, de propiedad del Estado provincial.

“Llevar adelante esta obra soluciona varios problemas. El primero es que disminuiría el gasto que se tiene en alquileres de oficinas para los legisladores, mientras que en segundo lugar ordenaría el funcionamiento de la administración. Al desocupar los legisladores espacio en Casa de Gobierno, a esos mismos lugares se tendrían que trasladar quienes se desempeñan en áreas o direcciones que dependen de ministerios y que están afuera de Casa de Gobierno”, explicó Canali.

En los fundamentos, el legislador enrolado en el oficialismo hizo un exhaustivo repaso y fue más allá de la gestión de Sergio Urribarri. En 1998 se aprobó ley Nº 9.203, por la que se creó una comisión bicameral que debía realizar las acciones necesarias para la construcción del edificio.

Lo cierto es que, para Canali, “dicho inmueble reúne a priori las características de ubicación, superficie y condiciones apropiadas para la construcción del Edificio del Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos, situación propicia que amerita una continuidad de las gestiones tendientes a concretar avances en este sentido”.

Nicolás Mattiuada, de Cambiemos, en un proyecto de resolución que también fue aprobado sobre tablas, solicitó la restitución de ese inmueble a la Cámara Alta “que, en este momento, está siendo ocupado por una entidad gremial de manera irregular”. Ahí quedó planteada la polémica.

Por su parte José Allende impulsa un proyecto en la Cámara de Diputados en el que pide, precisamente, que se autorice al gobierno provincial a donar a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos un terreno que es propiedad de la Cámara de Senadores. Vale recordar que Allende, quien cumple su quinto mandato consecutivo como diputado provincial, es también el secretario general de UPCN.

“Habiendo dejado expresas las razones más que fundamentadas del presente pedido, teniendo pruebas del éxito de este camino transitado por el Instituto de Capacitación de UPCN, por la Secretaría de Cultura, y en general del gremio; asegurando no solo la seriedad y el compromiso, sino la prosperidad de este proyecto, que nace de una demanda real y tangible de nuestra sociedad”, señala en los considerando el legislador oriundo de Nogoyá al explicar la necesidad de contar con esa superficie.

Lo cierto es que aparecen dos proyectos: Uno para llevar nada más ni nada menos que el Senado de la provincia; el otro para ampliar la sede de un gremio. El terreno corresponde a la Cámara alta y, además, saldaría una situación económica que asusta no solo al Poder Legislativo, sino también al Ejecutivo.

Gastos

El Senado destina 1.308.387 pesos anuales al pago de 10 propiedades en el centro cívico de Paraná, que son utilizadas como oficinas y cocheras, con contratos que oscilan entre 58.000 y 430.000 pesos anuales, de acuerdo a lo que informaron las autoridades de la Cámara alta a pedido del periodista Oscar Londero, titular del sitio Acceso Libre.

Para destacar

El 10 de mayo de 2005 se trató un proyecto de resolución en el que se solicitó a la Municipalidad de Paraná la donación a la Provincia de Entre Ríos de un inmueble para construcción del edificio de la Legislatura de Entre Ríos, en cumplimiento de la Ley 9.203.

Fuente: El Diario