El Colegio de Abogados manifestó “inquietud” por los juicios políticos contra miembros del STJ

“Nos preocupa el clima de desconfianza que estos hechos provocan sobre el servicio de justicia» manifestaron en un comunicado.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos emitió un comunicado para expresar su opinión sobre la situación que se vive, a raíz del juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz y ante el inicio de un proceso similar contra la presidenta del cuerpo, Claudia Mizawak. En el escrito, firmado por el presidente del órgano colegiado, Enrique Marciano Martínez, manifestaron “los abogados entrerrianos” viven “momentos de inquietud” y calificaron que se trata de una situación “de gravedad”.

“Nos preocupa el clima de desconfianza que estos hechos provocan sobre el servicio de justicia. El escepticismo social sobre la función estatal de dar justicia a los ciudadanos es percibido en nuestro diario trabajo”, resaltaron. Además, solicitan “a los senadores y diputados, el más alto compromiso con la institucionalidad de la provincia en estos procesos en marcha” y los exhortan “a actuar con el máximo respeto a la Constitución provincial, desarrollando las actividades propias del juicio político con la mayor responsabilidad republicana”.

“Los abogados entrerrianos vivimos momentos de inquietud, ante el proceso de juicio político contra un vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y, por el inicio de una investigación por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra la presidenta de ese cuerpo”, se indicó en el comunicado difundido en la tarde de este miércoles.

Ante esto, se definió que la situación “es de gravedad, por lo novedoso del hecho”. “Estamos ante un procedimiento extraordinario, de excepción, como es el juicio político, que es el único procedimiento para analizar las conductas imputadas a las más altas autoridades de la provincia, a los fines de su separación o reinstalación en el cargo que ocupan”.

Según se explicó desde el Colegio, “el juicio político es un mecanismo propio del orden republicano, se inscribe en la lógica de los frenos y contrapesos o controles mutuos entre poderes. En una República de iguales, nadie está exento de rendir cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública ante la sociedad”.

Por otra parte, se agregó que “las causales de acusación y las de imputación e investigación ya están dadas y sobre las mismas deben actuar solo los legisladores. Como en todo proceso acusatorio, el estado constitucional de derecho entrerriano exige que se cumpla con el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa con asistencia letrada para los acusados”.

Ante esto, se manifestó: “Nos preocupa el clima de desconfianza que estos hechos provocan sobre el servicio de justicia. El escepticismo social sobre la función estatal de dar justicia a los ciudadanos es percibido en nuestro diario trabajo”.

Finalmente, desde el Colegio de Abogados se solicita “a los senadores y diputados, el más alto compromiso con la institucionalidad de la provincia en estos procesos en marcha” y se los exhorta “a actuar con el máximo respeto a la Constitución provincial, desarrollando las actividades propias del juicio político con la mayor responsabilidad republicana”.