Bordet: “Les garantizo a los empleados de Sidecreer que no habrá ningún despido”

El Gobernador de Entre Ríos, manifestó que el objetivo es “constituir un consorcio público privado para hacer sustentable el sistema”. “Hoy la tarjeta termina siendo un negocio para varias mutuales”, dijo.

La situación que atraviesa la tarjeta estatal Sidecreer, y los rumores en torno a su posible privatización encendieron la alarma entre los trabajadores de ese organismo. Hubo declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, que no dudó en acusar al Gobierno de avanzar en la privatización del sistema, tras haberlo vaciado en la anterior gestión.

El titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona, salió a aclarar que Sidecreer no será privatizada si no que se avanza hacia una asociación pública privada para permitir una mayor capitalización, y garantizó la continuidad de los trabajadores de la tarjeta.

El diputado y titular del Sindicato de mercantiles Daniel Ruberto (FPV) presentó en la sesión del martes pasado un proyecto de ley, que fue aprobado,  declarando al Estado provincial “responsable subsidiario ante los empleados de Sidecreer S.A y, por su carácter de únicos accionistas, al Iafas y/o al Iapser”. Lo cual despertó aún más dudas sobre el futuro del organismo creado durante el gobierno de Sergio Montiel.

Este lunes, el gobernador Gustavo Bordet, en declaraciones a LT 14, brindó precisiones sobre cuál es el objetivo de su gestión en torno a Sidecreer. “El Estado no puede seguir perdiendo dinero para que se beneficien las mutuales”, dijo el mandatario, que a su vez rechazó de plano que se esté pensando en la privatización: “lo que estamos planteando no es privatización como se quiere presentar. Vamos a  mantener la sociedad del Estado Sidecreer, y en paralelo constituir un consorcio público privado para hacer sustentable el sistema. Hoy la tarjeta termina siendo un negocio para varias mutuales que encuentran su fuente de financiamiento con Sidecreer y  a los usuarios les sirve para comprar en muy pocos comercios”, dijo.

En ese sentido, explicó: “Si un usuario quiere ir a Buenos Aires no puede usar la tarjeta en ningún comercio, y si este año quiere ir de vacaciones a Uruguay o a Brasil, como lo hacen muchos entrerrianos, tampoco la pueden utilizar. Significa un esfuerzo muy grande para la provincia sostener una institución que hoy en sus utilidades le sirve solamente a las mutuales”. Aseguró que “Esto no significa privatización. Significa encontrar un mecanismo ágil, público-privado, que posibilite tener una buena tarjeta, con buena comercialización”.

Respecto a la preocupación de los empleados de que trabajan en ese organismo manifestó: “Se mantienen y preservan todas las fuentes de trabajo. Les garantizo a todos los empleados  de Sidecreer que no habrá absolutamente ningún despido”.

“Dije cuando asumí que no iba a haber despido y que los trabajadores no iban a ser variable de ajuste y he cumplido. No hemos despedido a ningún empleado sin justa causa y no hemos rescindido ni un solo contrato sin justa causa”, aseguró Bordet.

“Por eso, a los 80 trabajadores de Sidecreer que están en el convenio con el Centro de Empleados de Comercio, nosotros no solo le garantizamos la fuente laboral. Además esto está establecido en los pliegos de licitación, y también las mismas condiciones de trabajo”, precisó.

La norma nacional

El Congreso Nacional convirtió en Ley a mediados de noviembre el proyecto del Poder Ejecutivo que fija las normas para los contratos de “Participación Público-Privada” celebrado entre el Estado nacional como contratante y el sector privado como contratista.

La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica, con el objetivo de atraer inversiones privadas en áreas cuya gestión depende del Estado.

En la provincia

El diputado Joaquín La Madrid, del Bloque Cambiemos, presentó un Proyecto de Ley, en el que solicita la adhesión de la provincia de Entre Ríos al Régimen de Contratos de Participación Público–Privada (PPP) establecido en la Ley Nacional Nº 27328, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 16 de noviembre de 2016 y fija las normas para los convenios celebrados entre el Estado nacional como contratante y el sector privado como contratista

La Madrid y todos los representantes del Bloque Cambiemos, que firmaron el Proyecto, entendieron que era imperioso para la provincia de Entre Ríos adherir a los conceptos de la 27.328. La iniciativa del legislador concordiense expresa además, en su artículo 2, que se invite a los municipios de la provincia de Entre Ríos a adherir a la misma.