Es una máxima no escrita de la gobernabilidad que los presupuestos se aprueban con el apoyo de la oposición. A toda regla hay una excepción: el Presupuesto 2017 del Municipio de Paraná.

Por Pablo Urrutia.
No sólo no obtuvo el apoyo de la oposición, entiéndase FPV, sino que llega abollado por todos lados. La viceintendenta de la ciudad y presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, dijo que “vamos a judicializar este Presupuesto”.
Se aprobó a duras penas, con diez votos a favor y la negativa del Bloque del FPV en general y en particular. Las críticas de ese espacio político fueron duras, contundentes y constantes, desde que el Ejecutivo envió el proyecto hasta el momento de su aprobación. El reclamo del jefe de la bancada oficialista, que argumentó que a Bordet, los legisladores de su espacio, sí le aprobaron el presupuesto, no fue suficiente para trabar un consenso mínimo en torno a la ordenanza. “Bordet se reunió muchas veces con intendentes y legisladores de la oposición. El gobierno provincial trabajó para lograr ese consenso. El intendente Varisco nunca se reunió con nosotros”, le respondió Cáceres desde su banca.
Ni siquiera el apoyo irrestricto del Bloque UNA–Frente Renovador, integrado por los concejales Luis Díaz y Silvina Fadel, alcanza para darle un matiz creíble de consenso a la norma. Esos ediles funcionan como un apéndice directo del radicalismo, sin fisuras, desde prácticamente el inicio de las sesiones ordinarias durante la presente gestión. Por ende, es un acuerdo que llega cansado a fin de año, justo cuando se define lo importante.
A diferencia del Frente Renovador en la cámara de Diputados de la Nación, salvando las notables distancias, no han tenido siquiera la amabilidad o la vergüenza de esbozar una mínima crítica a las acciones del oficialismo en el recinto o reforma alguna a los proyectos que envía el Ejecutivo y pasan como por un tubo. Hay que reconocer, el concejal del PRO, Emanuel Gainza, ha tenido una actitud más política en la relación que mantiene de manera unipersonal con el radicalismo en el marco de la alianza de gobierno. Ha sabido representar de mejor manera lo que se podría interpretar como un apoyo crítico, o una sumisión participante.
Lo de UNA–Frente Renovador es hasta contraproducente para el Ejecutivo. El apoyo irrestricto hacia una fuerza de gobierno que no le es propia y frente a la cual se espera una sombra de oposición, levanta por lo menos sospechas.
La oposición terminó concentrada en el bloque del Frente Para la Victoria, que adelantó hace tiempo que no apoyaría el Presupuesto, por considerar que prevé ajuste y recesión sin proponer respuestas desde el municipio. A su vez criticaron el incremento en la planta de personal que se desprende de las partidas previstas en ese concepto a la vez que un incremento insuficiente para los trabajadores en relación a la inflación proyectada para el año próximo.
La presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, es quien de alguna manera ha marcado más claramente su apoyo crítico a la gestión de Sergio Varisco, lo que en varias ocasiones la ha llevado a un enfrentamiento directo, como sucedió este miércoles. Durante el tratamiento en Comisión de Hacienda y Presupuesto, se dio lugar a una modificación del Presupuesto, recortando la partida destinada al cuerpo legislativo por el orden de los 20 millones. A todas luces una jugada política de Varisco para manear las pretensiones de la dirigente del PRO de avanzar en la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Algo que, desde la sanción de la Ley 10.027, a la fecha, ningún intendente ha permitido. La pelea por los fondos del HCD, es una lucha de poder entre el intendente y su vice, no inaugurada precisamente por la gestión Cambiemos. Aunque Etienot parece decidida a quebrar esa situación. Ante la modificación que fue aprobada, la abogada anunció que judicializará el Presupuesto, apelando al “Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos (Ley 10.027 – modificada por la Ley 10.082), en su artículo 96, establece que son atribuciones y deberes del presidente del Concejo Deliberante disponer de las partidas de gastos asignadas al Concejo”, citó de memoria.
Añadió que el referido Anexo IX, agregado al proyecto de Presupuesto 2017 por la aludida Comisión, “lesiona gravemente las facultades conferidas por ley a la Presidencia del Concejo Deliberante”. E interpretó que tal decisión “está tachada de ilegalidad, y por ende es completamente ilegítima”.
“También lesiona gravemente el equilibrio entre los poderes, por cuanto al legislativo municipal no solamente que no se le delegan las facultades que se le delegan al Ejecutivo, sino que a su vez se le reduce el Presupuesto en 21 millones de pesos y fija en cuánto y en qué rubro se debe destinar el dinero, por eso es inaudito, porque es ilegal”, remarcó y añadió: “No ocurrió nunca porque no puede hacerse, no es que sean originales”, con la vehemencia que ya es un sello propio en el recinto.
Bajo fuego cruzado, los ediles del oficialismo con la cohorte del bloque UNA–Frente Renovador, hicieron pasar finalmente el Presupuesto 2017 enviado por el Ejecutivo. Un presupuesto que vuelve vapuleado y desprestigiado a las manos del intendente.