Presentarán en Paraná el informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Este jueves, a las 19 hs, se expondrá la investigación de un equipo interdisciplinario sobre la complicidad civil de la dictadura. Son veintidós informes donde se demuestra el accionar de veinticinco empresas.

 

Por Mariano Osuna

Este 10 de noviembre la capital provincial será escenario de la presentación de un informe sobre la responsabilidad empresarial en la dictadura cívico-militar-clerical. Andrea Copani y María Laura Fabrizio, investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Jasinski del ProgramaVerdady Justicia, Sebastián Blanchard, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Matías Germano, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, compartirán la exposición en el Aula de la Memoria, ubicado en la Escuela Superior “José María Torres” de Paraná.

El informe fue resultado de un intenso proceso de un año y medio donde abogadas, historiadores, sociólogas y antropólogos, iniciaron un diálogo colectivo en búsqueda de reparación y verdad sobre una impunidad estructural, que es la omisión de la complicidad empresarial en el genocidio. La actividad, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, comenzará a las 19 hs.

 

Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma, La Fronterita, Concepción, Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago y Petroquímica Sudamericana, Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Lozadur y Cattáneo, astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca, Acindar, FIAT, Las Marías, Loma Negra y La Nueva Provincia, son las veinticinco empresas abarcadas por la investigación que estuvo a cargo del CELS, de Flacso, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos.

«Será un momento oportuno para conocer, debatir y aportar ideas sobre el plano económico de nuestro pasado y presente, fundamental para consolidar la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia», define el comunicado de la convocatoria.

La investigación se efectuó a partir del examen de un arco de prácticas empresariales de represión a trabajadoras y trabajadores en empresas de distintas regiones del país. La evidencia recogida y analizada en un conjunto de casos, acotados en número pero muy significativos por su importancia económica, «permite afirmar que, en el territorio de los establecimientos fabriles, se combinó con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el empresarial, para ejercer el poder represivo contra los trabajadores. Dicha articulación, plasmada en directivas del Ejército que manifestaron una común preocupación por la conflictividad entre el capital y el trabajo, formó parte de la estrategia de grandes empresas, que pusieron en juego una amplia variedad de prácticas represivas que incluyó la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y materiales a las fuerzas represivas y la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas, entre otras. Estas prácticas, tanto por sus características propias, como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado, al vincularse con los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores, se configuran así, como delitos de lesa humanidad», puntualiza el estudio realizado sobre la responsabilidad empresarial.