Para el Secretario de DDHH de la Nación hay 8571 desaparecidos

La declaración de Claudio Avruj no fue aislada. Se articula en la política de negacionismo que impera en la administración nacional. También hay desfinanciamiento e incremento de prisiones domiciliarias a genocidas.

Primero fue el removido ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien sostuvo en una conferencia que “en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. Luego lo siguió el propio presidente Mauricio Macri, al hablar de «guerra sucia» en un reportaje y expresar: “No tengo idea si son 9 mil o 30 mil los desaparecidos». Ahora se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que afirmó que el número de víctimas de la dictadura cívico-militar es de 8571. La cifra es incluso inferior a la de 8961 desaparecidos publicada por la Conadep en el Nunca Más de 1984

La cartera conducida por Claudio Avruj divulgó la información a través de un comunicado y como respuesta a un pedido realizado el pasado 16 de agosto por la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.

La ONG se presenta como defensora “de las instituciones republicanas y democráticas” y tiene como antecedentes haber intentado impedir judicialmente la realización del Censo Nacional de 2010 y haber denunciado a la expresidenta Cristina Kirchner por el uso de la cadena nacional. En su blog, la Asociación expresa querer conocer el número de “desaparecidos del peronismo y del Proceso”.

A pesar de una aclaración de que la cifra es “parcial y provisoria” y de que “se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales”, la comunicación oficial de la Secretaría de DDHH afirma que en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado figuran 8571 personas detenidas y desaparecidas entre 1973 y 1983.

Recorte del presupuesto de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos en su totalidad deberá arreglárselas con un presupuesto 15 por ciento menor en términos nominales al que le fue destinado en 2016, y a eso habría que sumarle el impacto de la inflación. El recorte en el programa que aseguraba a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios es de casi un 50 por ciento.

Programas como el de Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad o el de Formación Universitaria en Derechos Humanos, que implica la financiación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMA) recibirán un presupuesto bastante menor que el que requirieron el año pasado. El programa que se dedica, entre otras cosas, a ofrecer abogados querellantes a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura deberá arreglárselas para cumplir las mismas metas con la mitad de los recursos: en 2016 funcionó con 23 millones de pesos y en 2017 recibirá casi 12. Los recursos para la “Universidad de las Madres”, es sensiblemente menor: recibirá 23,5 millones en 2017, cuando la partida asignada formalmente para el año en curso fue de 98.

El final de la bicameral que debía investigar la complicidad civil y empresarial, el recorte al Espacio Haroldo Conti y Universidad Madres, el crecimiento de las prisiones domiciliarias a genocidas, la reedición negacionista del Nunca Más, la desaceleración de los juicios, y las definiciones oficiales avalando la teoría de los dos demonios, son parte del menú negacionista del Ejecutivo Nacional.

Fuente: Página 12