La violencia de género y los hogares para adultos mayores en la agenda del Concejo Deliberante

Este jueves se realizó una nueva sesión ordinaria del HCD de Paraná. Allí se aprobaron, entre otros proyectos, una licencia especial para trabajadoras municipales víctimas de la violencia machista y la regulación de los hogares para adultos mayores.

El debate no estuvo exento en la sesión del Concejo Deliberante desarrollada este jueves. Dos temas concentraron la atención de los ediles, el nuevo portal educativo contratado por el municipio y la situación de creciente violencia machista que ha derivado en una macabra sucesión de feminicidios. Los concejales de uno y otro bloque cruzaron acusaciones por la problemática, pero a la hora de la votación hubo apoyo unánime a la Licencia especial para víctimas de violencia de género, autoría de los concejales María Marta Zuiani, Juan Enrique Ríos y pablo Hernández. La misma establece en el ámbito de la Municipalidad de Paraná un régimen de Licencia Especial, con goce de haberes y sin pérdida del presentismo, para las empleadas que sean víctimas de hechos de violencia de género.

El Concejo Deliberante también expresó su “máxima preocupación por la alarmante cifra de femicidios que sacuden a nuestro país” mediante la aprobación unánime de un Proyecto de Comunicación.

Entre las ordenanzas aprobadas, se destacan la regulación de los hogares para adultos mayores que operan en la ciudad. La norma aprobada fue impulsada por la legisladora Claudia Acevedo, y regula el funcionamiento de las instituciones que brinden servicios de cuidado a los adultos mayores, sean Gerontológicos y/o Geriátricos, reconocidos, autorizados y supervisados conforme lo establece la ley provincial N° 9823, la presente ordenanza y la normativa aplicable. El permiso de habilitación de estas instituciones será otorgado por la Dirección de Habilitaciones, que se limitará a verificar los requisitos físicos de los inmuebles y no acreditará a la institución a prestar servicios a los adultos mayores. La habilitación municipal será un requisito previo para la obtención de la habilitación provincial.

La norma establece capacidades máximas por establecimiento, cálculos de superficie y espacios de esparcimiento, así como requisitos técnicos y de atención médica.

También los jardines maternales privados serán regulados por el municipio a partir de la sanción de la ordenanza impulsada por la edila Acevedo. Esta define como jardines maternales o de infantes, a todo establecimiento o institución gestionados por personas humanas o jurídicas privadas, cualquiera sea su denominación y/o ocupación principal, que desarrollen en forma sistemática actividades educativas y de carácter asistencial, destinadas a niños y niñas de cuarenta y cinco días a cinco años de edad. El permiso de habilitación será otorgado de acuerdo a lo establecido funcionalmente por la ordenanza, siendo en forma conjunta y/o alternada por la Dirección de Habilitaciones e Inspecciones y la Subsecretaría de Educación.

Una de las normas aprobadas que fue festejada por los presentes en la sesión fue la que regula el funcionamiento de las guarderías caninas con fines de lucro. Sus autores son Emanuel Gainza, Santiago Gaitán y Elsa Salazar. Dicha norma establece pautas para el funcionamiento de las guarderías caninas.

Al fundamentar la iniciativa los impulsores de este proyecto, señalaron que el mismo tiene “como punto de partida el resguardo de la integridad física del animal y la convivencia ciudadana, respetando los recaudos mínimos de seguridad, higiene y salubridad, que generen un hábitat adecuado para los animales y el debido control por la autoridad municipal”.

Régimen marco de asociación público-privada

El órgano legislativo, también dio sanción a otra iniciativa propiciada por la concejal Claudia Acevedo, que tiene por objeto establecer los principios, procesos y atribuciones del sector público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública, la prestación de servicios públicos y otras modalidades de Asociación Público-Privada, con el objeto de promover, formular, canalizar y ejecutar proyectos de incidencia pública provenientes del sector privado en la ciudad de Paraná.

Estas podrán organizarse como asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades anónimas, fideicomisos o bajo cualquier otra forma societaria o modalidad, que resulte apta para financiarse por medio del régimen de oferta pública previsto por la Ley 17.811 y sus normas complementarias.

La ordenanza prevé la creación de un Comité de Evaluación de Asociaciones Público-Privadas, que funcionará en el ámbito del departamento ejecutivo y estará constituido con representantes “ad honorem”, debiendo haber representación obligatoria en todas las evaluaciones de las Secretarías de Hacienda, de Función Pública y/o Gobierno, Legal y Técnica, Dirección de Responsabilidad Social-Empresaria y/o Articulación Público-Privada.

En los casos de índole meramente social, será parte necesaria la Secretaría de Desarrollo Social y en las iniciativas de Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Ambiente Sustentable.

La referida comisión tendrá a su cargo la recepción y evaluación de los proyectos de iniciativa privada que sean presentados por los interesados.

Si el Departamento Ejecutivo Municipal aprueba la propuesta, elevará los antecedentes al Concejo Deliberante, para que este la declare de interés público y la incluya en el Régimen de Asociación Público-Privada.

Veto a la ordenanza aprobada que promovía la inclusión de los barrios Capibá, El radar y Juan Pablo Segundo en la planificación de las obras en el marco del plan Pro.Me.Ba IV

Fue derivado para su análisis por parte de las comisiones de Legislación y de Obras Públicas, el veto total interpuesto por el departamento Ejecutivo a la ordenanza presentada por el concejal David Cáceres, que promovía la inclusión de los barrios Capibá, El radar y Juan Pablo Segundo en la planificación de las obras en el marco del plan Pro.Me.Ba  IV y había sido aprobada por unanimidad en octubre pasado.

Este punto enardeció el debate entre los ediles, donde Cáceres del Frente Para la Victoria, dijo sentirse indignado y frustrado ya que los barrios en cuestión están en una situación de vulnerabilidad total.

Espacio voz y opinión ciudadana

En ese espacio dedicado a la expresión de las problemáticas de los vecinos de Paraná, usaron la palabra Mariano Osuna (Foro Popular Siembra), Julián Jarupkin (Asociación Civil Casa Solidaria) y Desiree Scaglione (Suma de Voluntades), quienes expusieron sobre la problemática referida a las personas en situación de calle en nuestra capital, señalando la situación de urgencia y emergencia social por la que estos atraviesan.

Presentaron la propuesta de ampliación de la ordenanza vigente sobre el tema, indicando que la cuestión amerita su abordaje integral a través de un equipo multidisciplinario de asistencia, que “posibilite un verdadero proyecto de vida de estas personas y les permita alcanzar un digno proyecto de vida”.

También hizo uso del espacio, la Comisión Vecinal de Villa Yatay, a través de su presidente Noelia Zampa y de la vecina Cinthia Bourbotte, quienes expusieron ante los concejales los inconvenientes que ha traído aparejada la construcción de la concesionaria “Toyota-Haimovich”.

Expresaron que las obras de la concesionaria ocasionaron desmoronamientos de barrancas que afectan la estabilidad y estructura de las casas de numerosos vecinos, la usurpación de espacios públicos por parte de la empresa aludida, la contaminación del arroyo Culantrillo y la canalización de aguas pluviales, que incluso ponen en riesgo la circulación de la avenida Gobernador Uranga, vía de acceso al Túnel Subfluvial.

“Nuestras están todas dañadas en calle Candiotti al final, la referida firma comercial solo busca el lucro en su propio beneficio, por lo que requerimos de este honorable cuerpo una urgente respuesta ante el manoseo a que hemos sido expuestos y la falta de respuesta a nuestros reclamos ante los organismos municipales competentes”, señalaron los vecinalistas.

Se prorrogó el período de sesiones ordinarias

El intendente Sergio Varisco, mediante el Decreto N° 2356, dispuso prorrogar por 45 días el período de sesiones ordinarias del ciclo legislativo 2016, a partir del 1° de diciembre próximo.

El objetivo es aprobar una batería de normas que el Ejecutivo necesita tener en vigencia desde principios del próximo año.

El Decreto, especifica la agenda de temas a tratar: la ampliación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016; Ordenanza Tributaria Anual 2017; Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2017 y el Pliego de Pautas y Condiciones para la Concesión del Servicio del Transporte Urbano de Pasajeros, que son los de mayor prioridad. También se incluyen los proyectos vinculados con las modificaciones propuestas en el Presupuesto asignado al Honorable Concejo Deliberante, la compra directa y/o expropiación de un inmueble para la construcción de una nueva Terminal de Ómnibus, designación del Agente Financiero del Municipio y la compra directa o expropiación de un inmueble para relleno sanitario. Y completan la nómina de proyectos a tratar durante la prórroga la venta de inmuebles determinados de propiedad del municipio; el Fondo Municipal para Bomberos Voluntarios; regulación de los servicios de cuidado a adultos mayores (sean gerontológicos o geriátricos); la creación del Multimedios Municipal; la compra o expropiación de inmuebles necesarios determinados por causa de utilidad pública y todos aquellos proyectos que tuvieron despacho de Comisión al 30 de noviembre de 2016.