Diputados realizó una reunión informativa acerca del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El encuentro se desarrolló en la Sala 5 del anexo A de la Cámara Baja. Carolina Gaillard, diputada del FPV y quien encabeza el cuerpo legislativo convocó la reunión.

«La importancia de la reunión es que el tema se debata en el marco del Congreso. Este es un tema de la agenda pública, es una deuda de la democracia. Lo que provoca el aborto al considerárselo un delito es que miles de mujeres son arrojadas a la clandestinidad y no van a los centros de salud o a los hospitales a realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, poniendo en riesgo su vida», sostuvo la legisladora. Y añadió: «En la mortalidad de mujeres una de las primeras causas es el aborto, porque al estar penalizado la mujer evita ir al centro de salud por temor a ser denunciada».

La reunión trata sobre tres proyectos: el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el de la diputada Mayra Mendoza y el de Diana Conti (ambas del FPV). Gaillard mencionó que «la cantidad de muertes por aborto creció muchísimo. Al año, abortan unas 50 mil mujeres. Muchas de ellas tienen consecuencias, no sólo ponen en riesgo su vida sino que muchas veces quedan estériles o tienen otras consecuencias, producto de la práctica mal realizada». Y detalló: «Es alarmante la cifra en la provincia de Buenos Aires, particularmente: han muerto 16 mujeres en 2016 por abortos clandestinos, llegan al hospital con una infección generalizada donde es muy difícil salvar su vida».

Como siempre que intenta instalarse el debate, se destaca la cuestión de clases que afecta a la problemática, donde las mujeres con menos recursos son las más vulnerables. La diputada afirmó que aquí «hay un tema de clases. La interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser para todos, tiene que primar el derecho a la salud sobre todas las cosas».

Así, distinguió entre los procesos y consecuencias en los abortos realizados en mujeres de clase alta y los de clase baja: «La mujer que desea interrumpir el embarazo lo va a hacer, esté penalizado o no. Lo que logra la penalización es la clandestinidad que mata. El aborto mata a las mujeres más pobres. Las mujeres de poder adquisitivo tienen la posibilidad de ir a una clínica privada, clandestina pero con todas las condiciones. Las mujeres pobres no tienen la posibilidad ni los medios de acceder a un aborto seguro en una clínica privada». En ese sentido, destacó que «acá hay un gran negocio por parte de estas clínicas con los médicos que realizan la práctica. Si el aborto se legaliza, se termina este negocio».

Respecto a las presiones que retrasan el debate, aseguró: «Las presiones son muchísimas y tienen que ver con el peso de la Iglesia en nuestra sociedad». Por su parte, aclaró que «la sociedad está preparada para debatir este tema. Hay una gran hipocresía: si analizás el tema, las mujeres y la sociedad en su gran mayoría están a favor de la despenalización por un motivo muy claro, todos conocemos a alguien que se ha tenido que hacer un aborto».

«Todos sabemos que es una situación sumamente traumática, donde ninguna mujer quiere realizarse un aborto, nadie queda embarazada para eso. El aborto es una situación límite que tiene una mujer que no desea tener ese embarazo y lo va a hacer a como dé lugar, esté o no penalizado. En los países del mundo donde se ha legalizado bajó muchísimo la mortalidad materna, sin embargo, no aumentó la cantidad de abortos que se practican. Cuando uno legaliza, mejora las condiciones y hace que el Estado esté presente«, dijo Gaillard.

La legisladora instó a la despenalización y al acompañamiento de Estado, resaltando que «debe haber consejerías pre y post abortos en los hospitales públicos, donde se informe a la mujer. Anticonceptivos para prevenir y aborto legar para no morir, esa es la consigna de la campaña. Si la mujer queda embarazada, el Estado tiene que garantizar un lugar seguro para que la mujer se realice la práctica con un equipo interdisciplinario que le diga cómo se tiene que cuidar, conversar acerca de la situación que está viviendo y luego realizar la práctica en el hospital público».

Protocolo de aborto no punible

Por último, destacó que en cuanto al protocolo de aborto no punible «estamos en una situación gravísima en el país. Sólo ocho provincias acataron el fallo FAL, que determinó que los establecimientos públicos deben realizar la práctica sin la necesidad de una denuncia judicial. Otras ocho lo acataron a medias y otras provincias como Mendoza y Corrientes ni siquiera tienen protocolo». Y se refirió al caso bonaerense, donde se adhirió y luego se anuló la medida: «La provincia de Buenos Aires estuvo cerca de tener un protocolo y la gobernadora Vidal tuvo que dar marcha atrás por las presiones de la Iglesia o no se de qué sectores. Es reprochable que los legisladores o defensores públicos actuemos y legislemos en función de las presiones de un sector determinado de la sociedad. El aborto no es una cuestión de credo o de religión, es una cuestión de salud».

Fuente: Ámbito.com