Aprobaron ley de infiltración policial

Con la sanción del proyecto que crea las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” e “informante”, se fortalece el poder de quienes gerencian el crimen organizado.

La excusa del Gobierno de Mauricio Macri, con su ministra Patricia Bullrich y sus representantes en el Congreso Nacional es que con estas incorporaciones a las tareas de las fuerzas represivas del Estado se estaría contribuyendo a la investigación y resolución de los llamados “delitos complejos”.

A principios de junio, cuando el proyecto presentado en abril por el Ministerio de Seguridad obtuvo media sanción en Diputados, muchas fueron las voces que salieron a cuestionar la idea. Es que las figuras creadas por esta ley le dan más licencia para el control social y mayor poder de fuego a los brazos armados del Estado que (como está sobradamente demostrado) tienen una relación estrecha con millonarios negocios ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el juego clandestino y la prostitución.

“Ahora la Policía podrá profundizar su nivel de involucramiento en los delitos complejos. Obviamente no para perseguirlos y neutralizarlos sino para gestionarlos o, en el caso de no participar directamente, encubrirlos”
Con la norma convertida en ley, el personal uniformado podrá aumentar también su infiltración en organizaciones sociales a las que algún juez o fiscal considere “peligrosas” o “criminales”.

En concreto, la figura de “agente encubierto” permite que la Policía envíe a sus agentes, con identidad oculta, a que se infiltren en las organizaciones consideradas criminales a fin de “identificar, detener o impedir un delito”. Por su parte, siempre según lo votad, el “agente revelador” será aquel policía que, “simulando interés en hacer un transporte, compra o consumo de bienes, armas o drogas, u otra actividad criminal” identifique a presuntos implicados en delitos y mande detenerlos.

Otra de las figuras creadas es la del “informante”. Se tata en este caso de “un civil con identidad reservada” que, a cambio de un beneficio económico, aporte datos sobre el presunto accionar delictivo de una o más personas a la Policía o la Justicia. Y a todo eso se suman las llamadas “entrega vigilada” y “prórroga de jurisdicción”, mediante las cuales un juez es autorizado a postergar la detención de personas si considera que puede “servir a la investigación”.

En síntesis, con la creación de estas figuras ahora la Policía podrá profundizar su nivel de involucramiento en los delitos complejos. Obviamente no para perseguirlos y neutralizarlos sino para gestionarlos o, en el caso de no participar directamente, encubrirlos.

Sabido es que gran parte de las personas que se encuentran detenidas en las cárceles y comisarías argentinas lo están por delitos menores contra la propiedad. Y que en el caso de los llamados “delitos complejos”, muchas de las personas apresadas son los eslabones más débiles de la cadena (los “perejiles”) o bien inocentes que cayeron en las garras de un sistema especializado en armar causas con el objetivo de barnizar de impunidad a los verdaderos criminales.

Por Daniel Satur para La Izquierda Diario

Fuente: latinta.com.ar