Ambientalistas rechazaron el Plan Maderero Entrerriano

La Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental presentó un escrito en el Senado provincial en el que manifestó su rechazo el proyecto del Ejecutivo que niega “una historia que conformó una identidad de resistencia”, expresaron.

El Plan Maderero Entrerriano, impulsado por el Ejecutivo provincial y que tiene carácter de prioridad para la legislatura entrerriana, tiene entre sus puntos la derogación de la denominada Ley de la Madera, que impide la exportación de madera de eucaliptus a la República Oriental del Uruguay con el manifiesto objetivo de negar el abastecimiento de materia prima a las pasteras instaladas en el país hermano.

La Comisión de Producción del Senado viene realizando una serie de audiencias tendientes a construir consenso en torno a la norma cuya sanción es una prioridad para el gobernador Gustavo Bordet. En ese sentido, se convocó hace unas semanas a las organizaciones ambientalistas para escuchar sus posturas y tratar de acercar posiciones. El análisis de los ambientalistas fue negativo en torno a la implementación del proyecto y en línea con lo que manifestaron los especialistas del INTA, que también fueron escuchados por los senadores.

A las críticas se sumó recientemente la Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental presentó un escrito en el Senado provincial. “Es un proyecto que parecería olvidar o negar una historia que conformó una identidad de resistencia y de rechazo de este modelo de producción”, expresaron en el texto.

De esa manera la organización respondió a la invitación formulada por la Comisión de Producción de la Cámara de Senadores de la Provincia, en función del tratamiento del proyecto de ley que impulsa el llamado Plan Maderero Entrerriano.

La organización ecologista agradeció la invitación al debate y presentó un documento en el que fija posición respecto al proyecto del Gobierno Provincial, manifestando: “Solicitamos el rechazo de la presente iniciativa legislativa, tal como se encuentra formulada en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a este Honorable Cuerpo y, para el caso que se conozca finalmente el contenido y alcances del Plan Maderero Entrerriano, se cumpla con la realización de estudios de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, y se someta el mismo a consulta popular, conforme lo prevé el artículo 50 de nuestra Carta Magna”, dice el texto y advierte que “estamos frente a una iniciativa trascendente de interés general y de fuerte impacto sobre el ambiente actual y de las futuras generaciones”.

Entre las consideraciones del documento, M´Biguá destaca que “no estamos frente a un proyecto de Ley, sino frente a un proyecto que parecería olvidar o negar una historia que conformó una identidad de resistencia, de rechazo de este modelo de producción, no sólo en el Uruguay, sino también en Entre Ríos y la Mesopotamia toda”.

En principio, la fundación señala la contradicción que significa habilitar el comercio de materia prima cultivada en Entre Ríos con destino a Botina en el marco de un “conflicto internacional, jurídico y político aún latente” ante “la segura posibilidad de nuevas pruebas de contaminación por parte de las plantas de celulosa señaladas”.

Además, considera que se intenta promover “la cultura del monocultivo de Eucalipto” y “la simplificación de un tipo de producción excluyente, concentradora de la propiedad de la tierra, fuertemente agresiva en la gestión de las aguas y de la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos”.

En ese sentido, añade el texto, “no sería la ley 9.759, que ahora se pretende derogar –en el artículo 4º del proyecto–  el único obstáculo a quitar del camino para promocionar una expansión ilimitada del modelo forestal exportador; si no también, la ley de Ordenamiento Ambiental del Bosque Nativo, la Ley de Comité de Cuencas, la Ley que declara Área Natural Protegida a los humedales del Sur de la Provincia de Entre Ríos, y varias normas de la propia Constitución Nacional y particularmente de nuestra Constitución Provincial”.

M´Biguá expresa que “el Estado estaría faltando a su obligación constitucional de proveer a la protección del ambiente pues, al no identificar acciones, incentivos, beneficios que se otorgarían a las empresas forestales no se pueden evaluar las implicancias ambientales que la promoción, desarrollo y sostenimiento de la actividad tendría sobre el ambiente y sus componentes”.

Fuente: Recintonet.