Unas monedas para los trabajadores, un dolor de cabeza para los gobernadores

El recontra anunciado bono de fin de año, aún está en ciernes. El gobierno lo anunció como un modo de conjurar el supuesto paro general de la CGT, pero aún no termina de concretarse. Para los privados, una posibilidad.

Por Pablo Urrutia.

El presidente Mauricio Macri decretó el diálogo, y los privados y sindicatos se sentaron a eso, a dialogar. Y de allí salió una posibilidad, una intención, similar al compromiso de comprometerse a no despedir firmado por los empresarios cuando la ola de despidos comenzaba a elevar su cresta, esperemos que con diferente resultado.

El Diálogo Para la Producción y el Trabajo, por el momento, tiene más nombre que resultados.

Hasta ahora, el empleo genuino, la recuperación económica, la llegada de inversiones, el blanqueo de capitales, el freno a la inflación y a la caída del mercado interno, se asemejan a la pobreza cero. Son una utopía, en el sentido que le da Eduardo Galeano al término, sirven para seguir caminando. Y en ese camino hay rezagados, cada vez más.

Para ellos se imaginó una ayuda, se reclamó desde los sindicatos: un bono para fin de año, como forma de descomprimir el conflicto social acicateado por las dificultades de la economía para empezar a arrancar, con otro norte.

Desde la CTA lo calificaron como “migajas”. Desde la CGT, como un gesto que suspendió el paro en suspenso sin fechas ni plazos. Suena raro suspender algo que nació en suspenso, pero no hay otra forma de definirlo.

Aunque suspenso parece ser una buena palabra para describir estos tiempos de transición del populismo al neoliberalismo, dos variantes bien diferentes del capitalismo. Suspenso en el sentido de expectación, de espera. Espera la CGT, espera el gobierno, esperan los trabajadores y espera el ciudadano que la cosa mejore. Que aparezca la mentada luz al final del túnel.

Pero ninguna espera es eterna.

El secretario adjunto de la CGT y titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aseguró que «la confirmación de que los estatales nacionales van a tener un bono está acordada». Y subrayó: «Cuando la CGT planteó la agenda en la reunión con el Ejecutivo quedó claro y los funcionarios aceptaron que el bono tiene alcance tanto para los trabajadores privados como públicos».

Los Ministros nacionales que este miércoles anunciaron en conferencia de prensa el acuerdo entre privados y gremios, fueron más cautos. Cuando se le preguntó a Marcos Peña si el bono va a ser obligatorio, su respuesta fue: “El documento es una declaración política, no es un decreto o una orden oficial; pero sí manifiesta el acuerdo de todos los que fueron hoy a este espacio de diálogo”.

La respuesta en torno a si lo mismo se acordará con los estales, vino de parte de Jorge Triaca: «Está en evaluación», dijo.

Lo confirmado es que los jubilados nacionales recibirán mil pesos, los titulares de la AUH –esto es por familia y no por hijo–, también. Mil pesos cubren a duras penas el costo de las dos cenas de fin de año; mil pesos sale una remera y un pantalón en Cheeky o la remera más barata en Awada, las empresas de la familia de la primera dama; como para tener un parámetro.

Queda por saber, cómo harán los gobernadores para asegurar ese monto, si el gobierno de Cambiemos confirma de una vez el bono para los estatales.

La suma extraordinaria no remunerativa puede ser apenas un aliciente para el devaluado bolsillo del trabajador y un problemón para los gobernadores que, en su gran mayoría tienen las cuentas en rojo. Tal el caso de Entre Ríos, que debe sumar las jubilaciones provinciales.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, metió presión a sus pares, al anunciar “una pequeña ayuda para las fiestas”, pero a regañadientes. “Si el Gobierno nacional toma esta decisión para el sector público no puede tomarla para las provincias, salvo que nos dé el dinero para ello”, dijo el radical.

ATE y UPCN Entre Ríos, adelantaron que exigirán a Bordet, lo mismo que se de en nación.

La respuesta del gobierno nacional para las provincias ante esa situación es esquiva. Por ahora, naranja.

«Cada uno lo tiene que negociar en la medida que esos recursos los tenga disponibles, porque si no sería imponerle una condición que no la pueden soportar las arcas fiscales de cada provincia», dijo muy comprensivo Triaca, y agregó: «La verdad es que cada jurisdicción lo tiene que analizar de acuerdo con las posibilidades que tiene». Sólo le faltó ponerse una vincha rojo punzó.