Proyecto del oficialismo quiere cambiar fiscales claves

El proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal alcanzará a Entre Ríos. Son lugares claves que investigan la corrupción, lesa humanidad y otros delitos federales.

El proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal y desplazar de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, permitiría que Cambiemos y el Frente Renovador tengan incidencia directa para decidir a qué fiscales quieren en 12 fiscalías. Eso incluye dos fiscalías federales encargadas de investigar causas de corrupción contra el Gobierno y el poder político, y fiscales que llevan adelante juicios orales sobre corrupción, lesa humanidad y otros delitos federales.

Se trata de doce cargos claves donde los fiscales son los encargados de acusar. La decisión afectará el funcionamiento de la Justicia en distritos clave: Capital Federal, Rosario, Salta y Córdoba. Además de Neuquén, Entre Ríos, Mendoza y Posadas.

Esta modificación quedó plasmada esta semana en el dictamen de Diputados que dio luz verde al proyecto de ley del Ejecutivo, tras varias modificaciones acordadas con el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y Margarita Stolbizer.

Hay cuestiones sensibles que el dictamen no explica. Muchos de los fiscales trasladados en los últimos cinco años se encuentran llevando adelante juicios orales y, según el dictamen, en pleno juicio deberían abandonar sus funciones, teniendo 48 horas para ocupar su puesto original.

Los lugares que dejan vacantes serían ocupados por otros fiscales que se elegirán entre el procurador de turno y una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, presidida por la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) e integrada por otros quince legisladores que junto a ella tendrán la última palabra.

El rol de la Bicameral

El rol de la Bicameral es uno de los ejes de la polémica. El oficialismo busca recortar el poder de Gils Carbó y de sus sucesores, empoderando a un grupo de  diputados y senadores, que responden a los intereses de sus partidos y de los gobernadores de sus provincias en constante toma y daca con el Gobierno.

Los opositores al proyecto dicen que podría afectar a treinta fiscalías, si se tienen en cuenta a todos los fiscales trasladados, no sólo por Gils Carbó, sino por los procuradores que la precedieron, Esteban Righi y Luis Santiago González Warcalde. Entre los tres procuradores trasladaron unos treinta fiscales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que de ser aprobada, la ley sólo afectará a los fiscales trasladados en los últimos cinco años, es decir, a traslados decididos por Gils Carbó.

Fuente: Perfil
Por: Emilia Delfino